El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó el lunes al medio colombiano Caracol Televisión de “apologista al crimen” y de propiciar una campaña mediática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de la transmisión de un reportaje que asegura que el Estado venezolano ha llevado a cabo operaciones de inteligencia ilegales en el extranjero.
“Ustedes son apologistas al crimen, al delito, al terrorismo. Da vergüenza cómo puede llegar tan bajo un medio televisivo que, en vez de sembrar pedagogía, valores familiares, humanos, se dedican a cosas como estas”, aseguró Saab en conferencia de prensa transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.
Caracol, bloqueado en las operadoras de televisión por suscripción venezolanas desde hace varios años, transmitió el fin de semana un reportaje en el que expuso que el gobierno venezolano presuntamente ha llevado a cabo operaciones de inteligencia “ilegales” en países como Chile y Colombia para “cazar” a opositores del gobierno.
De acuerdo al reportaje, elaborado por la unidad investigativa de Caracol Televisión, el gobierno de Maduro habría acudido a grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua, una megabanda criminal de origen venezolano que se ha expandido por la región.
El reportaje menciona casos como el de Ronald Ojeda, un ex militar venezolano que a inicios del mes pasado fue secuestrado y posteriormente asesinado en Santiago de Chile.
El fiscal afirmó que el reportaje es “falso” y que está construido con declaraciones de “los propios conspiradores” y supuestas citas de informes de inteligencia de agencia de Estados Unidos, que, según dijo, “son capaces de mentir descaradamente para justificar una guerra”.
“Emitió un reportaje totalmente repudiable en el cual pretenden lavarle la cara a los conspiradores de la operación Brazalete Blanco, que están convictos y confesos (...) para mostrarlos como unos pobres inocentes”, manifestó el fiscal.
La operación Brazalete Blanco, de acuerdo al gobierno, fue uno de cinco planes conspirativos desmantelados desde el año pasado y consistía en un ataque a una instalación militar para robar armas, atentar contra un gobernador y escalar a un magnicidio contra Maduro.
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