Esta es una publicación de la Alianza Colaborativa #RedesDeNicaragua conformada por los medios de comunicación IPNicaragua y Fuentes Confiables.
El informe más reciente emitido por La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que la Pandemia de la covid-19 afectó de numerosas maneras la libertades públicas y agudizó el fenómeno de la desinformación en la región.
El organismo señala que el informe "Desinformación, pandemia y derechos humanos”, parte del análisis de como se encuentra la libertad de expresión en las Américas y del desafío regional que afecta a todos los Estados.
La CIDH señala que la desinformación se trata de un fenómeno complejo, que ha ido evolucionando en los últimos años con la expansión del uso de Internet y la emergencia de grandes actores intermediarios como los líderes políticos, así mismo evidenciado fuertemente en los últimos años en contextos electorales.
Otro aspecto que ha preocupado a la CIDH y su Relatoría Especial en este escenario es que las personas públicas y líderes políticos relevantes intenten explotar este fenómeno, ya sea a través de la publicidad altamente direccionada que puede tener connotaciones negativas; como de la utilización de canales institucionales u otros de alcance masivo para reproducir información falsa, engañosa o tendenciosa por motivos políticos.
Esta situación esta siendo vista como un problema serio: cuando las campañas de desinformación son promovidas por funcionarias y funcionarios públicos, directa o indirectamente, de manera abierta o subrepticia, están faltando a las obligaciones de especial cuidado que pesan sobre ellos a la hora de ejercer el derecho a la libertad de expresión.
En el contexto de la pandemia, la Relatoría Especial recibió reportes de situaciones en las que se intentó utilizar el derecho penal para amedrentar a ciudadanas y ciudadanos que compartían ciertas informaciones etiquetadas a discreción como falsas en redes sociales.
En algunos países se impulsaron proyectos de ley que buscaron adoptar marcos regulatorios restrictivos del derecho a la libertad de expresión. En muchos casos, este tipo de iniciativas habría tenido el presunto fin de limitar información crítica de periodistas, líderes de opinión o activistas en relación con la gestión gubernamental de la pandemia.
La desinformación desencadenó el daño a la salud que parece estar en el centro de las preocupaciones en el marco de la pandemia. Es por eso que es responsabilidad del Estado proporcionar información de calidad para combatir al fenómeno de la desinformación.
"Algo de ello ocurrió en distintos países de la región respecto de la cifra de personas fallecidas y cantidad de infectadas, problemas que parecieron responder a falencias en los procesos administrativos de recopilación de la información y en distintos criterios para designar o identificar casos o causas de fallecimiento. Estas dificultades son naturales, pero es fundamental que los Estados sean transparentes al respecto desde el primer momento", se lee en el informe.
Finalmente, se considera que la desinformación es uno de los principales desafíos que afrontan las democracias modernas de cara al futuro. El derecho de acceso a la información pública tiene mucho que aportar a esta estrategia de comunicación, en las Américas la crisis es particularmente dramática ya que se suma a problemas de larga data como salarios bajos, crisis sociopolíticas y económicas.
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