En medio de la tormenta en la que se encuentra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con despidos masivos e investigaciones a los más altos funcionarios de ese poder del Estado, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este martes una reforma al artículo 165 de la Constitución Política que hace referencia al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Con la reforma, -enviada con trámite de urgencia-, el Registro Público de la Propiedad pasa a manos de la Procuraduría General de la República (PGR), o sea ya no es atribución de la CSJ supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como de las oficinas de servicios comunes.
De igual forma, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, ya no tendrá la potestad de nombrar a los registradores públicos y no podrá instruir, conocer y resolver las denuncias por faltas disciplinarias, leves, graves o muy graves que cometan los registradores.
Para realizar este traspaso, los parlamentarios también aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la PGR, en la cual el Sistema Nacional de Registros (SINARE), también pasa a esta institución.
"Se hace necesario armonizar las labores del Sistema Nacional de Registros, con las instituciones del Estado, adscribiéndolo a la Procuraduría General de la República, para agilizar y optimizar la administración de los Registros Públicos de Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y Beneficiario final de Sociedades Mercantiles", señala la exposición de motivos de la reforma.
Cabe destacar que la PGR es una institución clave para el régimen de Daniel Ortega, ya que es la que ha traspasado todos los bienes muebles e inmuebles confiscados a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y de las universidades privadas.
Esta reforma al artículo de la Constitución Política fue aprobada con 81 votos, en su mayoría de la bancada del FSLN y 10 abstenciones, que fueron de la bancada del PLC.
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