La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), ha evitado hasta la fecha dar detalles sobre las afectaciones reales de la represión eclesiástica extrema que la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo encabeza desde el año 2018 contra la iglesia católica del país y sus “servidores espirituales y morales”.
Pero, se quiera o no, la realidad se impone en las calles y en las misas. Dicho órgano religioso -el de mayor influencia ciudadana hasta el momento y el que más ve limitada su autonomía y proyectos- está siendo desarticulado. Ya no puede cumplir con sus responsabilidades pastorales y humanitarias. Acá los escenarios que se pueden presentar los próximos meses, mientras el sandinismo extermina otra libertad: la de culto.
Desde abril del año 2018, cuando en Nicaragua estalló la crisis social y política que aún persiste, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desencadenó una serie de medidas que han afectado profundamente la libertad religiosa en el país centroamericano, y el catolicismo como tal.
Asfixia financiera, desplazamiento forzado, judicialización, vigilancia policial, restricciones a eventos eclesiásticos y hasta destierro y desnacionalización. Pero el último episodio de este conflicto, y quizás el de mayor impacto hasta ahora, se ve manifestado en la expulsión de más de dos centenares de religiosos católicos. Según Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede en su edición en español, ya fueron trasladados a Roma un total de 31 “sacerdotes y representantes de la iglesia católica” de Nicaragua.
No obstante, según cifras de medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, más de 200 frailes, sacerdotes, monjas y otros miembros del clérigo han sido desplazados fuera del territorio nicaragüense hasta la fecha.
En guerra continua
La administración sandinista no ha parado de implementar todo tipo de medidas burocráticas y políticas que buscan controlar y restringir las actividades litúrgicas, cancelando organizaciones y medios de comunicación católicos, congelando las cuentas bancarias de todas las arquidiócesis del país y buscando instalar líderes religiosos poco independientes.
“E incluso mandan espías a los rezos”, comentó bajo anonimato una feligresa de la Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa, donde ahora solo se celebra una misa a la semana. Ahí se vive bajo temor constante. La Policía Nacional vigila la zona todos los días, y cada vez menos ciudadanos acuden a la iglesia. Esa realidad se replica en todo el territorio.
Pero sobre esa información, o cualquier otra relacionada a la represión estatal contra la iglesia católica y la libertad de culto, no se ha obtenido declaraciones de los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Por el contrario, el cardenal Leopoldo Brenes, el domingo 21 de enero del corriente año, en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua, se declaró “fuente no fidedigna” para las y los periodistas independientes que monitorean la situación de derechos y libertades desde el exilio.
Es más; el líder capitalino invitó a la ciudadanía a leer más la Biblia en aplicaciones móviles, y consumir menos “noticias que en el fondo no tienen fundamento”.
Cardenal minimiza pero…
En medio de esta crisis, el cardenal Leopoldo Brenes pidió a la ciudadanía no caer en la "zozobra" generada por lo que él consideró "noticias falsas", sin detallar las circunstancias o dirigir sus críticas a un medio en concreto, pero sí mencionando a los medios impresos, que no existen en Nicaragua.
Este llamado, poco prudente y sin sentido constructivo, no está en sintonía con las tertulias de mediodía de Rosario Murillo en los canales de televisión oficialistas. Durante las últimas semanas (entre diciembre de 2023 y enero de 2024) ella se ha concentrado en llamar "servidores de Satanás", "demonios" y "terroristas" a los sacerdotes y creyentes católicos.
La presencia de la Policía Nacional vigilando los atrios de las iglesias en Managua, Masaya, Matagalpa, León, Carazo, Granada, Jinotega y Rivas solo empeora el ambiente opresivo y limita la libertad de expresión, culto y reunión, a tal punto de no poder gozar de los derechos que representan estas voluntades constitucionales, concluyen algunos analistas, religiosos y disidentes de la administración Ortega-Murillo.
Esta vigilancia constante, que se ha extendido y multiplicado al igual que las hostilidades contra la iglesia católica, genera un miedo palpable entre las y los ciudadanos, limitando su capacidad de participar enérgicamente en actividades religiosas y expresar sus creencias.
Comments