A través de una nota de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR), el régimen de Daniel Ortega intentó justificar los cientos de confiscaciones que ha llevado a cabo contra opositores, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, universidades, empresa privada y hasta sedes diplomáticas.
La versión del régimen se da un día después de la presentación de la investigación "La nueva piñata Ortega-Murillo" donde se detalla de cuanto se han apropiado de manera ilegal.
Según la PGR las propiedades que han sido "traspasadas" de manera legal al Estado se han derivado de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero, por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana o la paz, o por las resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior al cancelar ONG´S que supuestamente no cumplían con las leyes que las regulan.
"En otras situaciones, lo que ha prevalecido es la restitución del Estado, sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente, mediante subterfugios legales", justifica la PGR que se ha convertido en uno de los brazos represores de Ortega.
De acuerdo a la misiva divulgada en horas de la tarde de este viernes 17 de mayo, los edificios "recuperados" han sido utilizados en "más programas especializados" de salud, educación, viviendas, arte, deporte, entre otras.
Algunas de las instalaciones confiscadas a medios de comunicación como Confidencial, 100% Noticias, o a ONG´s feministas como CISAS fueron convertidas por el régimen en centros de atención a personas drogadictas o alcohólicas o en casas maternas, sin embargo se ha podido comprobar que estas se mantienen vacías sin la presencia de pacientes.
"Con pleno ejercicio de su Soberanía, el Estado de Nicaragua restituyó los bienes anteriores a favor del pueblo nicaragüense por ser los más afectados por las acciones delictivas y de incumplimiento de algunas personas naturales o jurídicas, que trasgredieron las normas internas del país", concluye el comunicado.
Cabe mencionar que los "procesos legales" en muchas de estas confiscaciones no existieron ni se respetó el debido proceso, el caso más reciente fue el de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) a quien despojaron de su edificio central y de otras propiedades. En las instalaciones ahora funciona la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
Otro caso, es el histórico edificio del diario La Prensa, confiscado de manera arbitraria, ahora, el régimen instaló un Instituto Politécnico y se apropió de varias maquinarias utilizadas en la imprenta.
Confiscaciones del régimen han sido millonarias
La investigación fue realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y Hagamos Democracia, reveló que las pérdidas por confiscación contra 36 ciudadanos nicaragüenses que además fueron nacionalizados y desterrados del país ascienden a más de 246 millones de dólares.
También, existe una muestra de 30 ONG´s, de las más de 3 mil 500 que han sido canceladas desde el 2018 y calcula en 8.40 millones de dólares lo confiscado.
En el sector privado, con una pequeña muestra lo robado por el régimen de acuerdo al estudio es de 163.47 millones de dólares.
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