Esta vez los tentáculos de la censura gubernamental le llegó al gremio cinematográfico independiente de Nicaragua, pues la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, aprobó la Ley de Adiciones y Reforma la Ley número 909, “Ley Creadora de la Cinemateca de Nicaragua”, donde se establece que la Cinemateca pasa a controlar la cinematografía y arte audiovisual en todos los aspectos y formatos.
Un grupo de cineastas nicaragüenses, que por obvias razones, prefiere el anonimato, rechaza esta normativa oficialista porque deroga el Consejo Nicaragüense de Cinematografía (CONICINE) y el Fondo de Fomento al Cine Nacional, que fueron aprobados bajo esta misma administración gubernamental en 2010 bajo la Ley 723 “Ley de Cinematografía y Artes Audiovisuales”, sin embargo esta nueva ley otorga a la Cinemateca Nacional más competencia y nuevas atribuciones para regular y fiscalizar la producción cinematográfica y audiovisual nacional como extranjera.
“Estas atribuciones llaman la atención por su carácter de control y censura, así como su redacción ambigua y general, prestándose a amplias interpretaciones, que en el contexto actual de represión y persecución política en Nicaragua, representa una amenaza a la libertad de expresión y creación cinematográfica”, señala el comunicado de los cineastas nacionales.
Cuestionan el numeral 13 de dicha ley, donde se establece que las producciones deben “fomentar a una cultura de paz y bienestar de la nación”, en medio de una represión vivida desde abril de 2018. Asimismo, rechazan el numeral 14 donde la Cinemateca: autoriza, la preproducción, producción, realización o filmación, exhibición y distribución de proyectos audiovisuales y cinematográfico nacionales o extranjeros en Nicaragua.
“Esto contradije y coarta la libertad de creación y expresión artística. A su vez atribuye un rol inconstitucional a la Cinemateca en tanto ningún Estado debe tener la potestad de autorizar, controlar o fiscalizar el pensamiento y la creación artística”, señalan los productores del Séptimo Arte.
También les preocupa los artículos 2 y 13, donde se establecen “Registros de actividades y medidas de Aseguramiento” y “prohibir el desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como el decomiso de los mismos en caso que se hubiera llevado a efecto”.
“Todo lo dispuesto en estas reformas, lesiona nuestro derecho a la libertad de expresión y creación consagradas en nuestra Constitución en el artículo 127 sobre que la creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. Por tanto, el papel del Estado es facilitar los medios necesarios para crear y difundir sus obras y proteger sus derechos de autor, no establecer mecanismo de control, censura, y prohibición que más bien pretende restringir la libertad creativa”, expresan los cineastas.
Hicieron un llamado a sus colegas de Latinoamérica y el mundo sobre la importancia de defender la libertad creativa y actuar colectivamente para garantizar que se respeten los derechos a la libertad de expresión y creación cultural que tanto ha costado conquistar en Nicaragua y Centroamérica. De igual manera instaron a diseminar esta denuncia en solidaridad con los y las artistas y cineastas nicaragüenses.
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