Este 2024 se cumplen seis años de las protestas cívicas que desestabilizaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si bien es cierto que la situación de Nicaragua ha empeorado, la resistencia cívica y las ganas de los nicaragüenses por un país libre y democrático continúan firmes.
Las protestas del 18 de abril de 2018 tomaron por sorpresa a Daniel Ortega que hasta ese momento había mantenido a raya cualquier intento de manifestación de los opositores.
Ese 18 de abril, decenas de personas acudieron en horas de la tarde a Camino de Oriente para protestar por una agresión contra los adultos mayores en la ciudad de León que protestaron por las reformas a la Seguridad Social, sumado al hecho del incendio en la Reserva Indio Maíz que no había sido controlado. Al régimen no le quedó más remedio que enviar a sus fuerzas paramilitares que agredieron a diestra y siniestra con palos, piedras y robaron equipos a medios de comunicación.
Más tarde la manifestación llegó hasta Galerías Santo Domingo donde un cordón policial replegó a los asistentes, pero otro grupo ya se encontraba en las afueras de la ahora confiscada Universidad Centroamericana (UCA) con el mismo reclamo. Los jóvenes fueron atacados por una turba de la Juventud Sandinista (JS) que intentó ingresar a los predios de la casa de estudios.
En horas de la noche las redes sociales ya explotaban con videos y fotografías de lo acontecido en estos tres puntos de Managua. En las imágenes era clara la saña con la que supuestos miembros de la JS y policías agredieron a los presentes sin importar la edad o si eran medios de comunicación. La noticia también ya hacía eco a nivel internacional.
Al día siguiente la indignación se apoderó de más universitarios que decidieron sumarse a las protestas contra Daniel Ortega. La entonces Universidad Politécnica (UPOLI) fue el escenario de ese día y posteriormente se unieron otras como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y hasta la UNAN-Managua.
El foco de las protestas se extendió a cada departamento y Región Autónoma, por lo que Ortega desistió de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin embargo, para ese momento la población luchaba por algo más importante: un país en democracia y libertad.
Las manifestaciones cívicas de 2018 dejaron como saldo más de 350 personas asesinadas, miles de exiliados, presos políticos, familias separadas, sacerdotes desterrados, así como medios de comunicación cerrados y confiscados. Recientemente, un grupo de expertos sobre Nicaragua determinó que el régimen de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.
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