Al cerrar este 2022 todavía no se vislumbra al final del túnel una luz de esperanza para todos los presos políticos de Nicaragua, pues el Estado sigue empecinado en cerrar las puertas para humanizar el tratamiento a favor de ellos, al contrario, todas las acciones que ha venido ejerciendo ha sido para seguirlos castigando, advierte el colectivo de defensa de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
“El régimen de tortura que ha mantenido contra los reos de conciencia se ha caracterizado por ejemplo, por privación o limitación de alimentos, de tal manera que les ha hecho perder mucho peso, también el aislamiento que se ha mantenido durante más de un año para quienes están en el Chipote y ya casi cuatro años para quienes están en los diferentes sistemas penitenciarios”, apuntó Wendy Flores, miembro de dicho colectivo.
Entre otros castigos a lo que han sido sometidos los presos políticos de Nicaragua, según Flores, es que se les ha privado a que tengan acceso de visitas de sus hijos e hijas menores, también se les ha coartado el acceso a tratamientos médicos de calidad.
“De tal manera que hay una serie de acciones implementadas por el régimen, además en algunos casos hemos tenido varios reportes de algunas golpizas a los reos de conciencia por parte de agentes estatales. Entonces algunas acciones de esta naturaleza van en detrimento de los derechos humanos y de las libertades individuales de las personas presas políticas, y es por eso que seguimos diciendo que la mayoría vive bajo un régimen de tortura”, explicó la funcionaria.
Añadió que este régimen de tortura se ha extendido a los familiares de los reos políticos que están en Nicaragua porque durante las visitas han sido sometidos a malos tratos, obligados a desnudarse para hacerles una serie de requisas, y en algunos casos también han resultados afectados niños y niñas.
Lamentó el auto aislamiento que ha preferido el Estado de Nicaragua con la comunidad internacional, sobre todo porque se ha negado a participar de los exámenes realizados por los órganos de tratados de las Naciones Unidas, además se ha negado a participar de los exámenes que también realizaron cuatro comités de los cuales uno de ellos tenía que ver contra la tortura y otro con derechos humanos.
“Y es precisamente ahí donde el Estado de Nicaragua pudo haber tenido un diálogo e informar que mejoraría las condiciones de los privados de libertad, pero no lo hizo. Aunque lo que vimos recientemente es permitir la visita de los niños y niñas, que es un derecho que tienen, y que por fin humanizaran un poco el trato, ojalá esto sea una práctica porque lo que deseamos es que los liberen definitivamente porque es su derecho”, recalcó la agremiada.
Hasta el momento de forma preliminar se conoce de unas 235 personas presas políticas en los diferentes sistemas penitenciarios del país, de los cuales 26 son mujeres y 209 hombres, incluyendo a personas detenidas previos a los acontecimientos en el marco de las protestas iniciadas en abril de 2018, que en su mayoría ha sufrido graves violaciones a sus derechos humanos.
El colectivo Nicaragua Nunca Más ha hecho alrededor de unas 50 solicitudes para el otorgamiento de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que han recibido el otorgamiento de un poco más de 30 solicitudes que están dirigidas en su mayoría a reos de conciencia y excarcelados políticos, también figuran activistas y defensores de derechos humanos quienes están en riesgo por ejercer su labor.
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