La Asamblea Nacional canceló las personerías jurídicas de otras seis organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. La iniciativa fue recibida en la primera secretaría del parlamento, según documentos en manos de Fuentes Confiables.
Las ONGs ilegalizadas son: Movimientos de Mujeres María Elena Cuadra, PEN Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS).
El argumento de la solicitud promovida por el Ministerio de Gobernación es que dichas organizaciones no cuentan con estados financieros con desglose detallados, juntas directivas con cargos vencidos y por no reportar donaciones previas provenientes del exterior.
En cuanto a los bienes de las organizaciones, el artículo 2 de la iniciativa de ley establece que tendrán el destino que establece el acta constitutiva de las asociaciones y en caso que no hubiera nada dispuesto pasarán a nombre del Estado de Nicaragua.
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