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Portabilidad numérica en Nicaragua: compañías no podrán quitar números telefónicos a usuarios


Portabilidad Numérica en Nicaragua. Foto: Referencial
Portabilidad Numérica en Nicaragua. Foto: Referencial


De ser aprobada la polémica iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes” promovida por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se otorgaría el derecho a los usuarios de mantener en todo momento su propio número telefónico celular o fijo, incluso si deciden cambiarse de operador.

 

El artículo 94 inciso 4 del documento oficial obligaría a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a permitir que los usuarios elegir y cambiar libremente el proveedor así como rescindir o cancelar el o los servicios contratados (inciso 5).

 

La portabilidad numérica no es nueva en la región latinoamericana pues ya se aplica en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, donde se contabiliza un agregado de 626.2 millones de líneas móviles y 44.3 millones de líneas portadas en 2022, según el sitio theciu.com.



Contratos podrán interrumpirse sin penalidad alguna

En medio de las trampas ocultas en el texto de la iniciativa también se obliga a las empresas de telecomunicaciones a atender y dar seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios mediante un código o “comprobante de trámite”.

 

También los clientes podrían “rescindir de los contratos en cualquier momento sin penalidad alguna, de conformidad con la ley de la materia y normativa que para tal efecto emita Telcor”.

 

En caso de interrupciones de los servicios las compañías operadoras estarán obligadas a otorgar una “compensación económica” al cliente independientemente de la causa del problema “así como así como por los daños causados en la propiedad o bienes del usuario por la instalación, reparación desinstalación de los equipos o accesorios para prestar el servicio”.

 

Respecto a la publicidad, promociones y ofertas “difundidas por cualquier medio” el usuario podrá exigir el cumplimiento de las mismas en caso que el proveedor u operador no cumpla con las condiciones originalmente anunciadas.


La iniciativa de ley actualmente se encuentra en "consultas" en la Asamblea Nacional para posteriormente pasar a plenario.

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