El régimen de Daniel Ortega continúa realizando modificaciones a la Constitución Política de Nicaragua para obtener más poder y control de los funcionarios y ministerios del Estado.
Este en la Asamblea Nacional se aprobó una reforma al artículo 138 de la Constitución, el cual se refiere al nombramiento del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua, que antes era realizado por los diputados pero a partir de ahora será efectuado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Antes que se derogara el literal d, del numeral 9, del artículo 138 de la Constitución, los diputados eran los encargados de nominar y elegir a los candidatos para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que debían ser electos con más del 60% de los votos para un período de 5 años.
Sin embargo, para poder pasar esta atribución a la PGR de manera "legal", Ortega mandó a crear la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
De acuerdo a la argumentación de motivos, la PDDH será un "ente autónomo" con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y administrativa, y estará adscrita a la PGR, además podrá contar con todas las procuradurías que estime conveniente.
“La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estará a cargo de un Procurador y Subprocurador nombrado por el Procurador General de la República, los que en su actividad están supeditados a la Constitución y a las leyes”.
Finalmente, los diputados, en su mayoría de la aplanadora sandinista derogaron la Ley 212, que era la Ley de la PDDH que databa de 1996.
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