A través de una nota de prensa, la Policía confirmó la detención del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Según la versión oficial, el religioso se encuentra “resguardado en la ciudad capital (Managua) y ha podido reunirse esta mañana con sus familiares”.
“También esta mañana (viernes) el Cardenal (Leopoldo Brenes) y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, le ha visitado y ambos han conversado ampliamente”, reza el escrito.
En relación a los sacerdotes, seminaristas y laicos que acompañaban al jerarca, las policía indica que fueron trasladados a Managua “en cumplimiento a las diligencias respectivas en la Dirección de Auxilio Judicial, mientras que en la Casa Curial de Matagalpa quedó a cargo de monseñor Oscar Escoto”.
La institución policial argumenta que el operativo realizado en la madrugada “permitó recuperar la notmalidad de la ciudadanía y familias matagalpinas”.
“Se esperó con mucha paciencia, prudencia y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse y que, al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras, hizo necesario el citado operativo de orden público”, justifica el comunicado.
Al margen de la ley
En este sentido, el Colectivo defensor de derechos humanos Nicaragua Nunca Mas, explicó que el operativo policial contra Monseñor Álvarez, no es más que un allanamiento, mismo que debe ser autorizado con la orden judicial de un juez, por lo que no existió alguna medida cautelar que esté contemplada en las leyes de Nicaragua para realizar dicha operación.
“En ningún momento ha sido citado y comparecido ante un juez para que se le comunique de qué está haciendo investigado y que el juez determine que existe una medida para la detención domiciliar de Monseñor Álvarez, y en ningún momento él ha pedido algún ´resguardo domiciliar´, porque esto lo pide la persona cuando uno llama a la Policía denunciando que se siente amenazado y necesita dicho resguardo, lo que no es el caso del Obispo”, explicó Yader Valdivia, funcionario de dicho colectivo.
Lamentó que las demás personas que acompañaban a Álvarez en el encierro forzoso hayan sido trasladadas a las instalaciones del Chipote, solo porque en su momento se negaron a salir de la Curia Arzobispal cuando la Policía se los ofreció, de modo que, según el agremiado, todavía existe la posibilidad latente de que se aperture un caso en contra el alto prelado.
La abogada Martha Patricia Molina, dijo a los medios, que el encierro del jerarca en la Curia Arzobispal era arbitrario y fuera de todo asidero legal, porque no podía salir por voluntad propia.
“Se tiene que cumplir con todos los parámetros y garantías constitucionales, eso no era más que un secuestro, porque siempre que se hace una detención legal se tiene que cumplir con todos los parámetros y garantías constitucionales que ya están preestablecidas en todo el cuerpo normativo interno de nuestro país, en la Constitución Política, en las leyes penales, en la Ley de Régimen Penitenciario, entre otras, y nada de eso se estaba cumpliendo”, explicó Molina.
Los principales perjuicios contra la Diócesis de Matagalpa y su Obispo Rolando Álvarez en este 2022, iniciaron el 23 de mayo cuando Monseñor abandonó la iglesia de Las Colinas de Managua, luego de permanecer cinco días con asedio policial.
El primero de agosto 2022 el ente regulador Telcor suspendió la licencia de operación al menos a siete radios católicas de esta Diócesis; el cuatro de agosto la Policía mantuvo encierro forzoso a Monseñor Álvarez en la Curia Arzobispal junto a sacerdotes y laicos hasta la madrugada de este viernes.
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