La organización Race and Equality denunció que el régimen de Daniel Ortega ignoró un nuevo comunicado enviado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras siete relatorías, donde expresaban su preocupación por la crisis de derechos humanos, y en especial la desnacionalización de varios defensores.
Según Race and Equality, la misiva enviada a Managua el 18 de septiembre de este año se mantuvo en secreto por 60 días, ya que esperaban que el régimen se dignara a constestar, sin embargo eso no ocurrió.
"La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, período en el que se esperaba respuesta del Gobierno de Nicaragua; sin embargo una vez más el Gobierno demostró su falta de voluntad para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de DDHH", expresa el post publicado en X.
La carta firmada por Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de derechos humanos de la ONU y otras organizaciones, también manifiesta al régimen la preocupación por el retiro de la nacionalidad nicaragüense a varios defensores de DDHH, entre ellos el ambientalista Amaru Ruiz, Azahalea Solís, Gonzalo Carrión, Sofía Montenegro, Alexa Zamora y Haydeé Castillo.
"Privar a los defensores y a las defensoras de derechos humanos de su nacionalidad es una forma de persecución muy severa, orientada a limitar su capacidad de acción, destruir su tejido social, así como afectar a su salud física y mental", señala la carta.
Añaden que esta medida de Ortega no solo tiene un impacto en sus derechos civiles y políticos, sino que también causa secuelas económicas, sociales, culturales y familiares.
La ONU también pidió a Nicaragua que presente la base legal a las disposiciones internacionales para cancelar la pensión jubilatoria, confiscar bienes, e inmuebles, así como la cancelación de títulos universitarios a los abogados y notarios públicos.
Finalmente, hacen el recordatorio al régimen que tiene la "obligación" de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos humanos de los defensores no sean violados como pretexto de la "seguridad nacional" en represalia por su labor de defensa y denuncia. También solicitan qua las personas responsables de los actos violatorios contra los ciudadanos afectados.
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