Una delegación enviada por Daniel Ortega a la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), organizada por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) recibió un duró revés ya que Nicaragua fue altamente criticada por no cumplir dos de los acuerdos fundamentales de este organismos y por la aplicación de leyes represivas.
La reunión que se lleva a cabo en Suiza, Ginebra, dijo que en Nicaragua, persiste el clima de intimidación y acoso a las organizaciones independientes de trabajadores y empleadores, al no cumplir con el convenio 87, que trata sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; y el convenio 111 que trata sobre la discriminación en el empleo y la ocupación.
La comisión de expertos de la OIT, dijo que ve con preocupación el clima de violencia, inseguridad e intimidación, ya que propician actos de discriminación en el empleo y la ocupación, basados en opiniones políticas. Además, al organismo internacional se refirió a la ausencia de todo progreso y cooperación por parte del Gobierno de Ortega desde 2022.
Entre las recomendaciones realizadas a la delegación de Nicaragua, conformada únicamente por gente afín a Ortega, está garantizar que todos los trabajadores y empleadores puedan constituir sus propias organizaciones y realizar sus actividades sin injerencia.
"La comisión insta al Gobierno a que ponga fin inmediatamente a todos los actos de violencia, las amenazas, la persecución, la estigmatización, la intimidación o toda otra forma de agresión contra individuos u organizaciones en relación con el ejercicio, tanto de actividades sindicales legítimas como de las actividades de las organizaciones de empleadores, incluido el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)", expresa una de las recomendaciones.
El COSEP y todas sus cámaras fueron canceladas por el Ministerio de Gobernación el pasado 16 de marzo, pero en 2022 sus altos dirigientes como el presidente Michael Healy y el vicepresidente Álvaro Vargas fueron apresados y condenados por el delito de Traición a la Patria. Ambos fueron desterrados hacia Estados Unidos el 9 de febrero de este año.
De igual forma, piden al Gobierno adoptar medidas para garantizar que estos actos no se repitan, además piden la restitución de la nacionalidad nicaragüense a quienes fueron despojados arbitrariamente de ella.
Finalmente, instó a que se libere a todo empleador o sindicalista encarcelado y derogar leyes como la de Agentes Extranjeros, Ciberdelitos, y la de Traición a la Patria, también pidió que se llame a un diálogo social sin demora.
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