Diecisiete de los 35 estados miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (CP - OEA), firmaron una declaración donde condenan las más recientes acciones de Daniel Ortega contra opositores nicaragüenses, entre las que se encuentran el despojo de la nacionalidad, la confiscación y el destierro.
La declaración firmada por Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay, celebra la excarcelación de los 222 opositores y su llegada a Estados Unidos, pero condenan la forma en que fueron expulsados del país.
"Saludamos la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses y su llegada a Estados Unidos...Tras meses y años en algunos casos, de detención injustificable, en condiciones muchas veces espantosas, la liberación de estos presos políticos estaba en espera y compartimos la alegría de las familias", cita textualmente la resolución divulgada por Estados Unidos.
En esta misma línea, los 17 países firmantes rechazaron la "cancelación arbitraria de la nacionalidad" a los 94 opositores nicaragüenses, la mayoría en el exilio, a quienes también se les confiscó ilegalmente sus bienes en el país y pasaron a ser propiedad del Estado, y consideran que se trata de un método de castigo y opresión
El grupo de países miembros del CP-OEA, recordaron al Gobierno de Daniel Ortega el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella.
De igual manera, expresaron su preocupación por la condena a 26 años de cárcel y la revocación de la nacionalidad a Monseñor Rolando Álvarez. Asimismo, recordaron la muerte del Hugo Torres en febrero de 2022 en circunstancias inquietantes.
"Seguimos instando al Gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población de ese país y restablezca plenamente los derechos civiles y políticos, las libertades religiosas y el Estado de Derecho; y a que ponga fin a todas las formas de intimidación y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales".
Asimismo, hacen el llamado al Gobierno Ortega-Murillo para que cumpla con los compromisos consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que reconoce la democracia representativa como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, que Nicaragua firmó en 2001
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