La crisis social, política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua continuará teniendo un espacio en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tendrá lugar del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay.
A través de su cuenta de X, el exdiplomático Arturo McFields publicó un borrador de resolución, donde entre otras cosas, demandan al régimen Ortega-Murillo la liberación de todos los presos políticos y cesar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
El proyecto de resolución, es patrocinado por Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, y en el expresan la preocupación por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2028, caracterizada por la persistencia de la impunidad.
Los países que proponen este proyecto de resolución, también expresan su preocupación por el desplazamiento de más de 270 mil nicaragüenses, así como por la supresión del espacio cívico por medio de la cancelación de más de 3 mil organizaciones de la sociedad civil.
Urgen cese de violencia y liberación de presos
Entre los puntos que contiene la resolución se encuentran varios relacionados a la liberación sin condiciones de los más de 90 presos políticos, así como el cese de la represión y la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses.
"Urgir al Gobierno de Nicaragua para que asegure el cese de toda violación a los derechos humanos y tomar medidas efectivas para la restauración de las instituciones democráticas, especialmente su obligación de observancia del Estado de Derecho y los derechos humanos", señala el punto 1.
De igual forma, la OEA llama al régimen a restituir el ejercicio de los derechos de las personas privas de ellos, incluyendo, pero no exclusivamente, la privación de su nacionalidad y del derecho a entrar o salir de Nicaragua. Además de insistir en el inmediato fin de la impunidad de las instituciones del Estado y otros actores que cometan graves violaciones a los derechos humanos
Asimismo, instan al Gobierno de Nicaragua para la inmediata e incondicional liberación de todas las personas que han sido privadas de libertad por razones políticas o religiosas y a respetar todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, en particular las medidas emitidas el 25 de abril de 2024; a que se abstenga de reprimir y detener arbitrariamente a líderes y lideresas de iglesias evangélicas y a que brinde información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de Puerta de la Montaña
También, llaman para que se comprometa constructivamente con el sistema interamericano de DDHH facilitando el escrutinio internacional dentro del marco del derecho internacional, permitiendo la entrada a su territorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su mecanismo Especial de Seguimiento
Finalmente, instan a los Estados del hemisferio a redoblar esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de violación a los DDHH, poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa, la recuperación de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Nicaragua, a través del diálogo constructivo para el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en materia de DDHH.
OEA continúa monitoreando a Nicaragua
Pese a que en noviembre de 2023 se consumó la salida de Nicaragua de la OEA, un grupo de países miembros del organismo, patrocinó una resolución para la creación de un "grupo voluntario", abierto a la participación de los Estados miembros, con el único fin de continuar monitoreando la situación del país.
Este nuevo grupo, surgió como reemplazo del Grupo de Trabajo creado por la organización en 2018, cuando dieron inicio las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. La resolución, también insta nuevamente al régimen de Daniel Ortega a un diálogo entre todas las partes para encontrar una solución pacífica a la crisis y piden a la pareja presidencial adoptar medidas para el reintegro de Nicaragua a la OEA.
Ante la creación de este grupo, el régimen Ortega-Murillo reaccionó de manera vulgar y calificó al organismo como "decrépito y mortuorio" y que por lo tanto no puede convocar ni representar al régimen. "Su insignificancia es obvia".
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