La Oficina del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó este lunes un informe actualizado con las más recientes violaciones a los DDHH cometidas por Daniel Ortega en los primeros tres meses del 2023.
Para la OACNUDH, las acciones del Gobierno reponen figuras que eran parte del pasado como la "apatridia", "muerte civil" y la "confiscación de bienes" como parte de un castigo político, y representan una "agudización" de la crisis de DDHH en Nicaragua.
La oficina de la ONU explicó que el destierro de opositores hacia Estados Unidos representa una vulneración a los artículos de la Convención Americana sobre DDHH (CADH) y de la Declaración Universal de los DDHH (DUDH).
De igual manera, los artículos 1,2,3,24,34 y 9 de la Constitución Política y los artos. 31,409, 410, 412 y 413 de la Ley 641, no permiten la deportación de nicaragüenses, además la "deportación", figura utilizada para el destierro de los opositores, es aplicable únicamente a personas extranjeras y no para nacionales.
Asimismo, la reforma exprés que realizaron diputados de la Asamblea Nacional al artículo 21 de la Constitución Política y la aprobación de la Ley 1145, no tienen base constitucional y se violó el debido proceso que se lleva a cabo para discutir reformas de este tipo.
En cuanto a la privación de la nacionalidad nicaragüense y la confiscación de los bienes de los 222 desterrados, la OACNUDH refiere que la resolución judicial presentada por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) no indica cuales son los actos por lo que los opositores son declarados "traidores a la patria", además, desde el 2013 Nicaragua es parte de la Convención para reducir los casos de apatridia.
Finalmente la Oficina del Alto Comisionado manifiesta que ha documentado al menos 11 casos de personas a las que el Gobierno está privando de recibir sus pensiones de jubilación y de la confiscación de bienes, a pesar que esta figura está prohibida en la Constitución Política.
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