Como ridículo consideró el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrón, la normativa orientada por el régimen Ortega- Murillo a la Policía Nacional de salir a “garantizar la protección de la vida” de los nicaragüenses, a propósito del paso del huracán Julia por el territorio nacional que dejó victimas mortales y cuantiosas pérdidas materiales.
“Si no tuviéramos un país con tanta tragedia, sería una ridícula comedia, porque en Nicaragua ya existe aprobada una normativa del Sistema Nacional de Prevención y diferentes niveles de emergencias que sirve para adoptar medidas para prevenir al máximo todo lo previsible, aunque con semejantes lluvias no hay manera de batallar la catástrofe”, explicó Carrión, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más.
Ironizó que el gobierno de Nicaragua no notificó ninguna normativa para que la Policía reprima a la población en el contexto de las protestas cívicas, y que desde el 2018 en el país se mantiene un Estado policiaco reflejado en las graves violaciones a los derechos humanos, y que por lo tanto no hay manera de lavar la cara a la institución policial.
“Ahora, ni que le caiga todo el aguacero que ha sufrido el país en estos días, se le puede lavar la cara los policías. ¿Lavarse la cara con tanta responsabilidad en particular por crímenes de lesa humanidad?, no hay manera. Esa normativa es querer caerle simpático a la gente. El tema de fondo es que dice normativa para proteger la vida cuando ni siquiera se había sacado oficialmente cuántes personas murieron (por el huracán Julia”, contrastó el agremiado.
Recalcó que la Constitución Política de Nicaragua establece en una de sus disposiciones, cuáles son las misiones de la Policía nacional de prevenir y tomar medidas para para proteger y garantizar seguridad, por lo que dicha medida ya está por ley de rango constitucional, además que este tipo de normativa está en el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).
De igual forma la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), refutó dicha normativa oficial al considerar que la cuestionada institución policial no puede garantizar la protección de la vida de los nicaragüenses cuando son acusados de cometer crímenes contra la población en impunidad, y que esta normativa está revestida de discrecionalidad para cometer más abusos y deja abierto el espacio para más injusticias contra la ciudadanía.
“La Ley de la Policía tiene expresamente claras las funciones de esa institución y no se necesita ningún texto adicional para que se cumpla lo establecido. Alertamos que esto podría significar otra acción represiva solapada de ilegalidad para continuar cometiendo abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”, concluye la comunicación de la CPDH.
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