Daniel Ortega navega solo en una deriva autoritaria que se profundizará en un mes cuando se haya cumplido el plazo para su salida definitiva de la Organización de Estados Americanos, OEA. Los expertos dicen que por más que el régimen quiera hacer creer que no lo afecta, su salida definitiva del organismo lo deslegitima y lo aísla más.
Las relaciones entre el régimen de Ortega y la OEA, se estrecharon poco a poco desde antes de la expulsión de la misión del organismo regional en abril de 2022. Se trata de una relación marcada por la tensión después que la OEA, desconociera las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, se reeligió por cuarta vez en unos comicios sin competencia verdadera, al ordenar el secuestro de sus adversarios políticos y utilizar el aparato judicial para inventarles juicios y mandarlos a la cárcel mientras se ceñía la banda presidencial otra vez.
Antes, los países que integran la OEA, condenaron el uso de paramilitares y policías para aplastar las protestas que en 2018 exigían su salida del poder. Las acciones del dictador, causaron el asesinato de 355 personas, más de 2 mil heridos, más de mil detenidos ilegalmente y miles de exiliados que han aumentado en los ultimos cinco años.
Los más de 300 asesinatos han sido debidamente documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y en marzo de este año, el grupo de expertos sobre Derechos Humanos de Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que investiga lo ocurrido en 2018, concluyó que Ortega y Rosario Murillo, son responsables de ordenar crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos nicaragüenses.
Ortega quiso engañar al organismo
Todo comenzó con el engaño de la firma del Memorando de Entendimiento firmado entre Daniel Ortega en representación del Estado de Nicaragua y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El acuerdo firmado en febrero de 2017, significaba un compromiso para ambas partes y suponía un plazo de tres años para implementar reformas electorales que vendrían a mejorar los procesos de elecciones.
Sin embargo, el plazo se venció en febrero de 2020 y Ortega no cambió en nada el sistema electoral que controla desde antes de su llegada al poder en 2007. El exguerrillero, convertido ahora en dictador, no solo incumplió con los cambios al sistema electoral que había prometido, sino que lo empeoró a su favor en busca de crear las condiciones para su permanencia ininterrumpida en el poder, de él y de su esposa, Rosario Murillo.
Las tensiones en las relaciones entre Nicaragua y la OEA, se elevaron de tono luego de esas elecciones generales hace dos años, que una treintena de países en el órgano internacional desconoció y calificó de ilegítimas hasta la fecha.
La salida por la puerta angosta
Bajo la presión internacional, el dictador no tuvo más remedio que huir del organismo, el mismo que cuando su partido Frente Sandinista, fue un grupo armado que intentaba derrocar al dictador Somoza, les dio el respaldo y hasta reconoció un gobierno paralelo a la del tirano en Nicaragua. Pero Ortega parece olvidarlo.
Para esa acción de huida, el canciller Denis Moncada Colindres, en conferencia de prensa del 19 de noviembre de 2021 invocó el artículo 143 de la Carta de la OEA. Dicho artículo estipula que cualquier Estado miembro, podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse al inmediato.
Lo que el Canciller no explicó es que el proceso apenas comenzaba y que debían pasar dos años, los que están por cumplirse el 19 del próximo mes, para hacer efectiva la salida.
Aún así el dictador, los desconoció y contra la misma Carta que invocó, ignoró todo este tiempo los llamados que la organización no ha dejado de hacerle amparado en la misma Carta Democrática, sobre todo en lo relacionado a regresar al país a la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Deuda con D.D.H.H y con silla en la OEA
El artículo 143 de la Carta de la OEA confiere la potestad a los Estados Miembros de la OEA de denunciar la Carta, tratado constitutivo de la organización. Dicho artículo, establece que sus efectos no son inmediatos y deberán transcurrir dos años como parte del proceso para abandonar el organismo regional.
Nicaragua tendría que haber cumplido en noviembre sus obligaciones porque es firmante de la Carta del organismo. Entre esas obligaciones se encuentra el pago de la cuota como miembro y el respeto de los derechos humanos en el país, señala un analista político residente en el país que pide hacer el análisis bajo anonimato por la represión del régimen.
La cuota que aporta Nicaragua como miembro de la OEA se estima en US$11,000 dólares cada año y tendrá que estar solventada a la fecha que finaliza el procedimiento para que se haga efectiva y definitiva la salida del país del organismo regional.
“No solo se trata del pago como afiliado y el retiro de un importante organismo regional, sino que cumplir en materia de derechos humanos, algo que no ha hecho y es muy común de la dictadura”, explica el analista.
En este sentido, en una declaración pública de Amnistía Internacional (AI), en noviembre de 2021, externó su preocupación en materia de derechos humanos advirtiendo la desprotección de los derechos humanos de la sociedad nicaragüense en general sin la presión de la OEA.
AI hizo un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión, ya que no solo se aleja de la OEA, sino de mecanismos de protección a derechos humanos lo que pone en estado mayor de indefensión a ciudadanos de la nación centroamericana. Pero este llamado tampoco ha sido oído.
Ortega no cambia y va por más aislamiento
Los ataques del régimen de Ortega a través de su canciller, Denis Moncada a la OEA en los foros políticos han sido frecuentes, lo que mantiene una tensa relación diplomática con la región y evidencia en el país una ruta represiva de silenciar voces críticas o disidencia alguna.
Tras el anuncio de la salida de Nicaragua de la OEA, Ortega retiró a sus representantes del organismo y confiscó a mano armada con su fiel policía la oficina del organismo en Managua en abril de 2022. Un hecho inédito que ni siquiera ocurrió en el país en los tiempos de la dictadura de Somoza y menos en la historia del organismo.
Un 24 de abril de ese año, tras el anuncio de irse de la OEA agentes de la policía del régimen se presentaron a las instalaciones OEA para la toma de las oficinas, que se ubicaba en la zona residencial de Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua.
En sus informes de monitoreo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, revela que entre finales de 2018 y agosto de 2023, se han cancelado un total de 3 mil 484 organizaciones de la sociedad civil en el país como parte de la escalada represiva del dictador.
Entre los golpes más recientes a la educación y la libertad de pensamiento, se encuentra el cierre y confiscación a finales agosto de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), a finales de septiembre. La UCA era una universidad de prestigio, fundada en 1960 por la compañía de Jesús y fue la primera universidad privada en Centroamérica.
El INCAE, es una escuela de negocios reconocida y clasificada internacionalmente entre las mejores del mundo con operaciones en varios países de la región. En 2019, con participación de la representación del representante de El Vaticano en Managua, fue lugar de una mesa de negociación que buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Los eventos solo confirman los temores de la OEA y sus países integrantes, el gobierno ilegítimo quebrantará todo a su paso para mantenerse en el poder. Una deriva total.
Seguirán sus desmanes, aunque esté aislado
Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis política desde el 2018.
De acuerdo a planteamientos de analistas políticos, una vez concretado el retiro de Nicaragua de la OEA, el país cae en un aislamiento internacional, un mayor detrimento a la imagen del gobierno de Ortega, que le restaría más apoyo fuera de las fronteras.
Causa también más preocupación que los nicaragüenses queden más expuestos a todas las arbitrariedades del régimen.
Especialistas han señalado que la CIDH, el órgano de protección y promoción de Derechos Humanos de la OEA, por ejemplo, se vería más limitada de lo que está, sobre lo que pasa con el Estado Nicaragua.
“Habria que ver después de noviembre los alcances de recibir denuncias de nicaragüenses sobre la violación de sus derechos humanos, la emisión de comunicados, realizar audiencias, así como dictar medidas provisionales de protección hacia personas ante riesgo de violación…aunque sabemos que el regimen no las respeta ahora y que menos lo hará despues del 19 de noviembre”, asegura un defensor de derechos humanos.
Los analistas coinciden en que el retiro de Nicaragua no aporta a la solución de los problemas del país, pero también creen que no le restaría la atención de la comunidad internacional a lo que pasa en el país.
“Ortega quiere que lo dejen tranquilo en su mando dictatorial, pero no va a pasar, la exigencia de rendir cuentas en cuanto a democracia y derechos humanos seguirá vigente”, pronóstico el analista. “Ahora –añadió– salir de la OEA es también la destrucción de un puente como otros que el régimen ha quemado y que pudo servirle para alguna negociación futura, porque en política, ninguna puerta debe cerrarse”, advirtió.
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