Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicaron un pronunciamiento conjunto donde manifiestan que las autoridades nicaragüenses deben restablecer el pleno goce de los derechos civiles y políticos que vienen siendo coartados desde 2018 a raíz de las protestas anti Gobierno.
Una de las preocupaciones de los organismos es la cancelación de las personerías jurídicas a cientos asociaciones de toda índole lo que representa un claro "patrón de represión del espacio cívico". Hasta el mes de septiembre organismos de derechos humanos contabilizaban más de 1,300 ONG´s clausuradas.
Pedro Vaca, relator de la CIDH para la libertad de expresión y Clément Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación de la ONU, también se encuentran alarmados por los atentados e intromisiones ilegítimas a la libertad de los medios de comunicación. Solo en el mes de agosto Telcor, canceló la licencia de frecuencia de más de 20 medios departamentales entre radios y canales de televisión y en septiembre ordenó la salida del aire de la cadena CNN en español.
Asimismo, demandaron al Gobierno Ortega-Murillo cesar inmediatamente la persecución judicial a todos los opositores, liberar a los presos políticos y garantizar una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos que asegure una rendición de cuentas por parte de los responsables y la reparación efectiva de las víctimas.
Nicaragua en un patrón de represión cívico
Tanto la ONU como la CIDH consideran que desde abril de 2018, Nicaragua adoptó una "estrategia de censura" y desarrolló un "claro patrón de represión del espacio cívico" contra voces críticas y disidentes, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, integrantes de la Iglesia Católica, entre otros.
Y es que en los más de 215 presos políticos están periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, catedráticos. Además de tres sacerdotes que fueron condenados en procesos viciados y carentes de toda legitimidad.
Los expertos hacen el llamado al Estado de "abstenerse de utilizar la ley de forma arbitraria y selectiva" y de aplicar prácticas gubernamentales abusivas con el fin de obstaculizar o restringir la participación ciudadana y la libertad de expresión. En ese sentido también exhortan a cumplir con los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad y que estas sean tratadas con humanidad.
"La cifra de personas presas políticas se eleva a más de 200, muchas de las cuales se encuentran en condiciones de insalubridad, sin acceso a atención médica adecuada, sometidas a regímenes de confinamiento solitario e impedidos de recibir visitas de sus familiares, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, manifiesta el comunicado conjunto.
Por último, piden a la comunidad internacional a tomar medidas de apoyo humanitario acordes a la gravedad de las denuncias recibidas.
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