La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó medidas cautelares para Monseñor José Leonardo Urbina de 52 años, uno de los 13 sacerdotes arrestados de manera arbitraria por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
La CIDH destaca que el religioso se encuentra en una "situación de riesgo" por la falta de acceso a atención médica y a los tratamientos necesarios para atender sus padecimientos, por lo que solicita una atención médica adecuada, especializada, así como una valoración general de su salud.
"El Estado no proporcionó información que permita determinar que los factores de riesgo identificados se hayan mitigado debidamente", señala parte de la resolución de medidas cautelares.
El organismo, solicita al régimen Ortega-Murillo adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Monseñor Urbina, además de que las condiciones de reclusión sean compatibles con los estándares internacionales.
También demandan al Estado que asegure el acceso a los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos y garantice el contacto regular con sus abogados y representantes.
Estas medidas cautelares fueron gestionadas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que a pesar de su cancelación y confiscación en Nicaragua, continúa operando con filiales en Estados Unidos y Costa Rica.
Condenado a 30 años de prisión
Monseñor Urbina, fue el segundo sacerdote en ser arrestado y condenado de manera arbitraria por el poder Judicial, que obedece órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El religioso que ya lleva 1 año y 3 meses de cárcel en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, fue condenado por los supuestos delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una menor de 14 años, originaria de Boaco, ciudad donde fungía como párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro.
La sentencia fue emitida por el juez Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en violencia contra la mujer, el juicio se realizó en secreto durante dos días y estuvo carente del debido proceso.
Familiares del cura denunciaron que las autoridades no les permitieron contratar a un abogado defensor y les impusieron uno de oficio, además en el juicio no declararon la médico legal Carolina Aguinaga, ni la psicóloga forense Olga Granados Pravia
En esa ocasión la Diócesis de Granada, al mando de Monseñor Jorge Solórzano emitió un comunicado manifestando el "dolor y sufrimiento" tras conocer la sentencia y pidió oraciones, horas después el Ministerio de la Familia condenó las declaraciones de la iglesia.
Hasta la fecha, ya suman más de 10 religiosos encerrados de manera arbitraria, incluido Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, debido al incremento de los ataques muchos sacerdotes han preferido exiliarse.
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