El régimen de Daniel Ortega quiere controlar todo y a todos, esta vez, a través del Ministerio de Salud (MINSA), emitió una circular donde exige que para la realización de actividades que involucren al personal de salud público y privado se deberá solicitar un permiso con 30 días de anticipación.
La circular MS-ANRS-MLRG-0007-20-02-2024 exige a distribuidoras farmacéuticas, laboratorios y empresas de equipos médicos a que soliciten una autorización a la Dirección General de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria.
A partir de ahora, cualquier capacitación, lanzamiento de productos, congresos, actividades técnicas, científicas, congresos nacionales, promoción de productos, e incluso actividades fuera del país, que conlleve la participación de personal de salud público y privado deberán ser autorizadas por la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS).
De acuerdo a la doctora Martha Ligia Rosales Granera, titular de la ANRS la nueva medida está avalada por la Ley No. 423, Ley General de Salud y la Ley N. 1068, Ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria.
Régimen quiere poner más control a médicos
Recientemente, el régimen tuvo que dar marcha atrás con una decisión que obligaba a médicos especialistas a trabajarle por diez años al Estado o sino debían pagar una multa de más de 61 mil córdobas o unos 2.2 millones de córdobas. También le imponía al doctor en que se desempeñaría y el lugar de trabajo.
En el documento, el MINSA estipulaba que los médicos especialistas después de graduarse debían trabajar por 10 años al Sistema de Salud o de lo contrario tenían que pagar una multa de 61 mil 706 dólares, unos 2.2 millones de córdobas.
En esa ocasión, la Ministra Martha Reyes dijo que la decisión de anular estos incisos fue tomada por "órdenes de Daniel Ortega". Y es que esta decisión de las autoridades de salud despertó una ola de críticas y fue calificada como un mecanismo desesperado para evitar la "fuga de cerebros" del país.
Sin embargo, todo indica que fue por protestas de los médicos especialistas, que calificaron la acción como abusiva
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