Este jueves, a través de una publicación en La Gaceta, Daniel Ortega oficializó el nombramiento de Michael Campbell como Embajador de Nicaragua en Afganistán, reconociendo de esta manera al Gobierno Talibán, que ha sido señalado de violar los derechos humanos.
El nombramiento ya había sido anunciado la semana pasada por Rosario Murillo, en una de sus intervenciones meridianas en medios oficialistas, pero hasta hoy se hace oficial al ser publicado en el diario del Estado.
El acuerdo presidencial No. 101-2024 nombra a Michael René Campbell Hooker como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno del Emirato Islámico de Afganistán, en calidad de concurrente, con sede en la República Popular China.
Ortega ya había aprobado este nuevo nombramiento diplomático de Campbell Hooker desde el 21 de junio, sin embargo fue publicado hasta este jueves en La Gaceta.
Relación con Afganistán podría traer problemas
Tras el anuncio de la vocera del régimen, opositores desterrados y en el exilio repudiaron la decisión y expresaron que el único fin de Ortega es demostrar que es enemigo de Estados Unidos.
El opositor Félix Maradiaga expresó que la política exterior del régimen refleja una "estrategia calculada" para mantener la dictadura a costa de los derechos y libertades del pueblo nicaragüense y demuestra el desprecio por la democracia y los DDHH.
Por su parte, Estados Unidos calificó de "lamentable" la decisión del régimen de nombrar un representante ante los Talibanes. El Gobierno de Joe Biden ha calificado a los Talibanes como "terroristas globales", lo que convertiría a Nicaragua en un país que apoya el terrorismo.
Nicaragua se convierte en el segundo país después de China en designar un embajador para Afganistán, a nivel de América es el primero en establecer relaciones.
En una carta enviada a los presidentes del SICA, la agrupación Monteverde señaló los peligros que implica para la región centroamericana el nombramiento que hizo Ortega de un Embajador para Afganistán.
Monteverde señala que los gobiernos de la región tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos y reconocer a un gobierno que no cumple con estos estándares, puede ser visto como una validación de sus acciones y política.
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