El gobierno de México anunció el jueves que ya presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la incursión policial a su embajada en Quito y pidió, además, la suspensión del país andino como miembro de Naciones Unidas si no se disculpa.
El 5 de abril, la policía ecuatoriana ingresó a la sede diplomática mexicana y capturó al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y que se refugiaba allí desde diciembre. Ante “un riesgo de fuga inminente”, el gobierno del presidente Daniel Noboa aseguró que solicitó a la legación diplomática que entrege al exfuncionario o autorice el ingreso de la policía, lo que no sucedió.
"Los reclamos son muy contundentes: primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México", informó la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en conferencia de prensa.
"Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la organización de las Naciones Unidas en cuanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones y los principios y normas fundamentales del derecho internacional", agregó.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, dejo abierta la posibilidad de una eventual suspensión a expensas, eso sí, de los Estados miembro de la organización.
"Es una cuestión que deben decidir los miembros", argumentó el vocero, al tiempo que recordó que es una opción que contempla la Carta de las Naciones Unidas. "En cualquier caso, esperamos fervientemente que las tensiones entre Ecuador y México se puedan resolver a través del diálogo".
México había concedido recientemente asilo político a Glas y el allanamiento de su embajada en Quito causó la ruptura de relaciones bilaterales y la condena internacional.
El Gobierno de Ecuador sostiene que la oferta de asilo de México al exvicepresidente -declarado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales en la nación sudamericana- era ilegal, y acusó al gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador de abusar de las inmunidades y privilegios diplomáticos.
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