Medios de comunicación afines al régimen de Daniel Ortega como Radio Ya y La Primerísima relacionaron al crimen organizado el atentado que sufrió el opositor Joao Maldonado y su esposa Nidia Robleto en San José, Costa Rica.
En sus publicaciones en redes sociales y sitio web ambos medios tildaron de "delincuente" a Maldonado, que en 2018 tuvo que exiliarse en el vecino país tras la operación limpieza realizada en Carazo de donde es originario.
La Radio Ya acusa sin pruebas al opositor de ser el responsable de homicidios, violaciones, robos, extorsiones y otros delitos en el departamento de Carazo durante las protestas antirégimen.
“El reconocido maleante nicaragüense, a quien varios de sus compinches los señalaron de ser el autor del atroz asesinato del compañero Bismarck Martínez, trabador de la Alcaldía de Managua, entre otras víctimas de los terroristas tranqueros...”, expresa texualmente la nota divulgada por la radioemisora del régimen.
En tanto, La Primerísima, demás de calificar como "delincuente" a Maldonado también sugiere que el ataque realizado por sicarios abordo de una motocicleta fue por vínculos con el narcotráfico, mientras que la Ya expresa que "pudo ser" una pasada de cuentas por estar involucrado en actividades criminales.
El atentado que sufrió el opositor y su esposa Nidia Robleto ocurrió la mañana del miércoles 10 de enero en una calle de San Pedro, Montes de Oca en la capital costarricense. Ambos iban en un vehículo color celeste cuando fueron interceptados por dos sicarios.
Tanto Maldonado como su esposa fueron trasladados al hospital Rafael Ángel Calderón Guardia en estado crítico. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que el joven de 34 años recibió 7 disparos en varias partes del cuerpo como tórax y cabeza y Nadia de 36 años una herida al nivel de la cabeza.
Este es el segundo atentado contra su vida del que es víctima el opositor. El primero fue en septiembre de 2021 cuando recibió un tiro en el abdomen y otro en los intestinos, en esa ocasión pudo huir y pedir ayuda.
Organizaciones de derechos humanos y de exiliados en Costa Rica piden al gobierno de Rodrigo Chaves que esclarezca estos acontecimientos ya que el país está suscrito a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado a proteger la vida, integridad y seguridad de las personas solicitantes de refugio o refugiadas.
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