La justicia argentina dio inicio a una investigación penal en contra del Gobierno de Nicaragua para determinar si las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense.
Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, dijo que esta investigación es un reflejo de las denuncias internacionales que familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y prensa independiente han realizado desde el 2018 contra el Gobierno Ortega-Murillo.
“El derecho a la verdad de las víctimas, de los sobrevivientes, va a comenzar; exactamente la rendición de cuentas, va a llegar y lo de Argentina es una expresión que Nicaragua no se ha olvidado y que las víctimas y el pueblo no están solos” dijo Carrión.
Argentina con plena facultad
El orden jurídico constitucional de Argentina establece que en el principio de la jurisdicción universal, este país está facultado para iniciar investigaciones de crímenes de lesa humanidad (en base al artículo 118 de la Constitución del país suramericano) independientemente del lugar donde se hayan suscitado.
“Ahí nos lleva a tener presente lo que establece el Estatuto de Roma sobre los crímenes de lesa humanidad que estaban referidos a ejecuciones arbitrarias a la vida, persecución sistemática, detención y secuestro arbitrario inconstitucional, como la del obispo Rolando Álvarez” refirió el defensor de derechos humanos.
Carrión agregó que las indagaciones se deben hacer alrededor de estas denuncias para que se conozca en Nicaragua la investigación de estos crímenes, pero que a su criterio no se va a desarrollar plenamente debido a que en junio del 2019 hubo una autoamnistía que era precisamente no investigar estas violaciones.
El defensor dijo que es una buena señal para las víctimas, pese a que es un proceso largo y no habrá resultados inmediatos debido a que apenas está iniciando la investigación, pero que podría empujar a que se active la liberación de los más de 200 presos políticos en ocho cárceles de Nicaragua.
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