Desde la noche del viernes 17 de febrero, el Gobierno a través de la Policía inició las primeras confiscaciones a los bienes inmuebles arrebatados arbitrariamente a opositores despojados de la nacionalidad nicaragüense.
Medios independientes reportaron que las primeras viviendas en ser confiscadas fueron las de la periodista Sofía Montenegro, la opositora Azahalea Solís e Irlanda Jérez.
Según Confidencial, la Procuraduría General de la República (PGR), aparte de allanar la vivienda de Montenegro y Solís, confiscó 16 apartamentos ubicados en el complejo habitacional "Amazonia", ubicado en Reparto San Juan en Managua.
Testigos aseguraron al medio de comunicación que al complejo habitacional llegaron dos camionetas, tres motos y al menos 12 oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) y de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Asimismo, relataron que los propietarios de los apartamentos fueron citados el jueves a la PGR, donde les notificaron de la confiscación de sus propiedades y que estas ahora eran propiedad del Estado de nicaragua.
De acuerdo a lo relatado por los vecinos, la notificación fue hecha de manera verbal, sin nada escrito por una funcionaria de la PGR, que únicamente les dio la opción de "alquilar" los apartamentos de los que eran propietarios por la suma mensual de 500 dólares o serían desalojados.
En esa misma línea, se supo que una propiedad de Irlanda Jérez ubicada en el barrio Los Ángeles, cerca del mercado Oriental fue tomada por agentes policiales.
El 15 de febrero, el Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua leyó una sentencia donde despojan de la nacionalidad a 94 opositores y de igual manera confiscan todos los bienes inmuebles y sociedades que poseen en Nicaragua.
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