La reforma al Código Penal y la modificación de la ley Antilavado de Dinero en Nicaragua son motivos de preocupación para la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un contexto de "generalizado retroceso" de la situación de derechos humanos.
"Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses incluso en el exilio y a personas extranjeras por el legítimo ejercicio de sus derechos", expuso Christian Salazar en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Destacan la reciente excarcelación de 135 presos políticos que fueron desterrados hacia Guatemala pero denuncian la arbitrariedad de las privaciones de libertad que está cometiendo el régimen sandinista. "La crueldad de los malos tratos y las torturas siguen siendo motivo de grave preocupación para nuestra oficina", resaltó.
El informe también expuso la represión hacia familiares de reos de conciencia que son sometidos a chantajes para evitar denuncias de violaciones a los derechos humanos de sus parientes.
"Estas amenazas se han extendido a muchas personas que han sido víctimas de allanamientos o de visitas policiales advirtiéndoles que podrían ser encarceladas si hablan sobre estos incidentes", denunció la ONU.
Los datos reflejan que en el último año se han documentado dos casos de desapariciones forzadas y doce casos de tortura. Asimismo registran procesos judiciales "carentes de juicio justo sin las garantías del debido proceso y bajo cargos fabricados que violan los principios de legalidad y seguridad jurídica".
Exponen que el desplazamiento y destierro forzado de ciudadanos nicaragüenses "tiene un impacto devastador ya que les deja en una situación de apatridia de facto, lejos de sus familia y sin protección de sus derechos, profundizando su vulnerabilidad".
Para la ONU el cierre de más de cinco mil organizaciones no gubernamentales en Nicaragua forma parte de un "desmantelamiento progresivo del tejido social" que deja a miles de personas sin servicios esenciales y a otras sin empleo. "Afecta sus medios de vida y exacerba la crisis social y económica en Nicaragua", indica el informe.
La detención, secuestro y expulsión de sacerdotes, así como el cierre de organismos religiosos también es motivo de preocupación para la OACNUDH.
"Este ataque sistemático contra las organizaciones religiosas ha erosionado profundamente el goce de derechos a la libertad de conciencia y de religión dejando a la sociedad nicaragüense cada vez más desprotegida y silenciada", reza el reporte actualizado.
La ONU urgió cambios "drásticos y urgentes" que permita atender la crisis "multifacética" que continúa afectando Nicaragua. También llamaron al régimen de Daniel Ortega a reanudar los mecanismos de cooperación con la oficina.
Régimen califica de injusto el informe ONU
Como respuesta a la información recopilada por la OACNUDH el régimen sandinista respondió alegando "injusticias, parcialidades e ilegalidades" en las actualizaciones del informe de derechos humanos sobre Nicaragua.
"De manera infame descalifican y denigran a nuestras autoridades e instituciones nacionales bajo una agenda ya definida de la cual estamos conscientes no incluye los avances en todos los ámbitos que nuestro país ha obtenido para el beneficio de todos los nicaragüenses en procura de los más elementales derechos humanos a los que todo pueblo debe aspirar", manifestó Wendy Morales, Procuradora General de Nicaragua.
La funcionara expresó "indignación" por el uso de este foro internacional "como instrumentos imperialistas" que "codician la intervención en los asuntos internos" de Nicaragua.
留言