La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, del Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe sobre prácticas de DDHH en varios países del mundo, incluido Nicaragua y en el que señalan a Daniel Ortega como "autoritario".
El informe sobre la situación de los DDHH en Nicaragua en el año 2022 indica que el Gobierno no tomó las medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos y que son responsables de al menos 355 homicidios y cientos de desapariciones durante las protestas antigubernamentales de 2018.
"El Gobierno no abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente Ortega fortaleció la impunidad de los violadores de Derechos Humanos que le eran leales", cita textualmente el informe que fue presentado por Antony Blinken, secretario de Estado.
Según el Gobierno estadounidense, los paramilitares y simpatizantes sandinistas llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia opositores, ex presos políticos, defensores de derechos humanos, grupos de la sociedad civil y la iglesia católica, sin embargo el Gobierno nunca investigó ni enjuició estas acciones.
De igual modo, en el informe, señalan que tanto las fuerzas de seguridad privada de Daniel Ortega como paramilitares son responsables por numerosos abusos a los derechos humanos.
El departamento de Estado, también cita informes fidedignos de homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales; tortura, tratos o penas crueles por parte de guardias penitenciarios.
También, reportan casos de represión transnacional contra personas exiliadas en otros países como Costa Rica; así como graves problemas con la independencia del poder judicial y graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, entre ellas amenazas y detenciones a periodistas y censura.
El extenso documento acusa a la pareja presidencial de "autoritaria" y de consolidarse en el poder para un cuarto mandato tras ordenar el arresto de todos los aspirantes presidenciales, cancelar partidos políticos y cometer fraude electoral, asimismo, hacen mención a las votaciones municipales del 2022, donde el Consejo Supremo Electoral (CSE) adjudicó todas las alcaldías al FSLN.
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