Rosario Murillo despotricó nuevamente contra Estados Unidos, esta vez por el informe publicado por el Departamento de Estado donde aborda las violaciones a los derechos humanos en varios países del mundo, incluido Nicaragua, donde era de esperarse que aparecieran un sinnúmero de prácticas irregulares contra la población.
Esta tarde, la vocera del régimen en medios oficialistas dijo que desconocían el "infame documento" porque nadie le ha concedido el rol a Estados Unidos de "guardián de los derechos humanos".
"Desconocemos absolutamente esta atribución que el Imperio norteamericano se auto-concede, y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los Gobiernos colonialistas y neocolonialistas de los Estados Unidos", vociferó.
Murillo, calificó el reporte de Estados Unidos como una "agresión" y "atropello" a la soberanía de Nicaragua y expresó en un tono furioso que el país norteamericano "no es nadie" para acusar a Nicaragua de "crímenes de lesa humanidad"
"Respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias, adjudicándoselas a ellos mismos...provocadores, agresores, invasores y directores de coros y orquestas conformadas por su servidumbre local", manifestó la vocera.
La segunda al mando del régimen también aprovechó para nuevamente cobrar a Estados Unidos la indemnización que mandó a pagar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Nicaragua sin cambios significativos en DDHH
En su informe Estados Unidos señala que en Nicaragua no ha habido cambios significativos en materia de derechos humanos y que se sigue utilizando el Poder Judicial para procesar a miembros de la sociedad civil.
El Gobierno de Joe Biden, enumeró una serie de hechos que los continúa preocupando como son las desapariciones forzadas, tratos crueles y degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapolicias, así como la situación de los más de 100 presos políticos que aún existen en Nicaragua.
También señala la represión transnacional contra personas ubicadas en otro país, como son los ataques que han sufrido opositores en Costa Rica, que se ha convertido en un sitio inseguro para los disidentes, exiliados y desterrados.
Asimismo, remarca las graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, que incluyen amenazas de violencia contra periodistas, detenciones y enjuiciamientos injustificados y la censura.
El informe abarca siete secciones y es uno de los más extensos del continente americano.
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