Una semana después que miembros activos de la comunidad indígena de la Costa Caribe hicieran una demanda al gobierno de Nicaragua para que detenga la invasión de colonos, las tomas de sus tierras y la extracción de sus recursos naturales, no han recibido respuesta, más bien denuncian el secuestro de uno de
sus guardabosques y temen por su vida.
El destino del secuestrado hasta la fecha se desconoce y temen que sea asesinado como ya ha sucedido en otros años cuando colonos invadieron los territorios, incluso han violado a mujeres y asesinados a sus maridos.
“Colonos armados que caminan por el territorio comunitario sobre áreas de trabajo agrícola, de forma ilegal y sin la autorización de las comunidades dueñas de esas tierras, secuestraron a un guardabosque comunitario, que por seguridad nos reservamos su nombre, quien realizaba labores de cosecha agrícola”, denunció un comunitario.
Por eso unas 70 familias miskitas de las poblaciones de Alal, Pisbawas, Kibusna y Kauhmakwas, que incluyen niños, niñas, mujeres y personas mayores de edad, se han refugiado en el bosque ante el temor de más secuestros y eventuales ataques por parte de los invasores.
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Aseguraron que la violencia de las invasiones en territorios indígenas inició en el 2019, y se recrudecieron con el asesinato de comunitarios de Alal en enero del año 2020 y aumentó aún más, después de la masacre de Kiwakumbaih en agosto del 2021.
Subrayan que los hechos antes descritos muestran una vez que no hay paz ni garantía de seguridad para las comunidades indígenas en sus territorios, por lo que no pueden llevar a cabo la reproducción de su cultura ni actividades básicas como la cosecha de sus cultivos.
“Invitamos a la población costeña a estar en alerta ante esta situación, y demandamos una vez más al Estado de Nicaragua al saneamiento de los territorios indígenas de manera urgente, apegado a derecho, y de acuerdo a la visión de los dueños las comunidades indígenas”, externaron los indígenas.
De igual manera hicieron un llamado a la comunidad internacional a utilizar sus mecanismos de incidencia y comunicación con el Gobierno de Nicaragua para abordar mecanismos justos y apegado a derecho que permitan una pronta resolución pacífica del grave conflicto de propiedad en los territorios indígenas de Nicaragua.
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