"Aunque en Nicaragua no se ha podido comprobar la existencia de software de vigilancia en contra de periodistas, si se conoce que existe toda una inversión económica y humana para perseguir y amedrentar a periodistas y disidentes", es lo que plantea el más reciente informe sobre libertad de prensa publicado por el organismo Voces del Sur.
Justamente durante el mes de mayo 2022 se reportaron tres delitos calificados como "restricciones al internet" según la tipología del riesgo utilizada en el documento. El primer caso fue contra la jefa de prensa de Radio La Costeñisima, Kalúa Salazar, quien denunció que el 23 de mayo intentaron hackear su cuenta de Facebook.
"La contraseña fue introducida de manera incorrecta varias veces hasta que la plataforma bloqueó el acceso al no introducir el código de verificación que envían al número telefónico asociado", describe la denuncia.
Si la cuenta no estuviera respaldada por doble autenticación seguramente habrían ingresado, expuso la periodista, quien se mostró preocupada por las denuncias de agresiones electrónicas que se han reportado en el mes. “Las agresiones físicas y psicológicas la están trasladando a lo digital”, lamentó Salazar.
El segundo caso responde a la denuncia hecha por el medio digital Actualidad con Dino Andino quienes alertaron que “hackers intentaron robar identidad a través de un link malicioso”. Según el relato, "los atacantes que se identifican como “Page Community Standar” intentaron usurpar la cuenta enviando un link y aduciendo que la plataforma ha incumplido con los "estándares de Facebook".
Censura corporativa
También durante el mes de mayo la directora del medio digital Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz denunció al Grupo Regional Promerica, vinculada a la empresa bancaria Banpro, de efectuar una campaña de denuncias en contra del medio que dirige. Según la denuncia pública, desde la entidad financiera se realizaron decenas de “injustificados” reclamos al proveedor del hosting hasta que este los sacó de internet.
Ortiz narró que Banpro justificaba sus reclamos indicando que en la publicación titulada "¿Quién es Luis Rivas Anduray, el banquero rehén de Daniel Ortega?", actual preso político, se utilizaban logos de marcas registradas, además de que el texto atenta contra la imagen de Rivas.
La periodista detalló que luego de varias denuncias se hicieron las modificaciones correspondientes indicadas por el proveedor de hosting, sin embargo, las reclamaciones no cesaron y finalmente el sitio fue sacado de internet.
El sitio estuvo fuera de servicio desde las 9 de la mañana y fue restituido a eso de las 2 de la tarde del 21 de mayo, luego de una campaña de denuncias en redes sociales. Ortiz detalló que para la restitución de la página Banpro les obligó a retirar el reportaje sobre Rivas Anduray y contenido alusivo.
Asedio digital
El reporte de Voces del Sur hace referencia a que desde finales de 2020 en Nicaragua "se han incrementado las denuncias por agresiones utilizando los medios digitales y los intentos de sabotaje y desaparición de cuentas en redes sociales y plataformas web de corte independiente".
Justamente debido a esos ciberataques es que en este 2022 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), promovió el lema “Periodismo bajo asedio digital” con el objetivo de visibilizar estas vulneraciones en contra de quienes informan y defienden derechos.
Según la UNESCO, es necesario tener en cuenta la creciente sofisticación e indetectabilidad de los programas maliciosos y espías y su creciente uso contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
En este sentido, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció las arbitrariedades cometidas en contra de medios y periodistas y mostró su respaldo a quienes continúan documentando la historia del país y visibilizando las denuncias de los ciudadanos. El organismo reafirmó que "en una sociedad democrática la libertad de prensa constituye una base no solo para el periodismo, sino para la comunidad, que necesita contar con información fidedigna que incide en su desarrollo y seguridad".
“A cuatro años de la brutal represión de abril 2018, el gremio de periodistas independientes continúa bajo persecución, hostigamientos, amenazas, censura, quema o expropiación de medios de comunicación, desplazamientos forzados dentro y fuera del país”, denunció el colectivo.
Además de los ciberataques también persisten en Nicaragua la censura y ocupación de medios de comunicación tradicionales. El más reciente caso ocurrió con el boletín Trinchera de la Noticia, empresa que fue intervenida por la policía por una orden judicial.
Los presuntos delitos cometidos por el medio de comunicación según las autoridades judiciales fueron supuestamente "perturbar la paz social y haber incumplido de declarar información del beneficiario final fuera del período correspondiente".
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