Un informe rápido y actualizado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala que los ataques físicos, amenazas y difamaciones por parte de las autoridades gubernamentales hacia la Iglesia Católica han arreciado en este 2022.
Para la OACNUDH es preocupante que el Gobierno Ortega-Murillo haya decidido perseguir a los miembros del clero nicaragüense "invocando el sistema de justicia".
En el documento hacen un mayor enfásis a los acontecimientos del mes de agosto en varias iglesias de la Diócesis de Matagalpa, empezando por el cierre de aproximadamente 8 radioemisoras y posterior irrupción violenta en la parroquia Jesús de la Divina Misericordia para "secuestrar los equipos de transmisión" de la radio Católica.
"El 1 de agosto la policía acometió contra la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en el muncipio de Sébaco... En este suceso, decenas de policias y antimotines irrumpieron violentamente, sin una orden judicial que se conozca, en las instalaciones parroquiales...Las siete personas en la casa cural permanecieron cautivas con la electricidad cortada y sin acceso a alimentos por tres días", señala el informe.
Imágenes contradicen vesión policial
Otro suceso que acaparó la atención de la OACNUDH es el encierro arbitrario de Monseñor Rolando Álvarez, y otras 10 personas, que este martes 16 de agosto cumplen trece días sin salir del palacio Episcopal.
Según un comunicado de la Policía, el Obispo de la Diócesis de Matagalpa ha "intentado organizar grupos violentos, incitándolos a cometer actos de odio... provocando un amiente de zozobra y desorden... con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua".
Sin embargo, para el organismo, las imágenes difundidas a través de las redes sociales de la Diócesis Media de Matagalpa, contradicen la versión policial.
"... En las imágenes del 4 de agosto, se aprecia que el Obispo oró en la vía pública sin incitar al odio o a la violencia contra nadie. Tampoco sus intervenciones, o las de las personas que se congregaron en el lugar", señala el texto.
Para la OACNUDH, la decisión de la Policía de "mantener en sus casas" al Obispo y otras once personas, es tomarse una "atribución del poder Judicial", en el marco de un procedimiento de medidas cautelares de orden penal.
"El encierro forzoso de estas personas en la Curia Episcopal podría constituir un arresto domiciliario de facto, arbitrario e ilegal".
Gobierno Ortega-Murillo viola libertad religiosa
Para el Alto Comisionado, los hechos de asedio ocurridos en lo que va del mes de agosto en la Diócesis de Matagalpa constituyen una violación a la libertad de religión, ya que varias actividades religiosas están siendo obstaculizadas por la Policía.
"De mismo modo, se estaría violando la libertad de religión, que obliga a las autoridades a permitir actividades como el culto y las celebraciones religiosas, que actualmente estarían siendo obstaculizadas por la policía", señala la OACNUDH.
Y es que según han declarado sacerdotes de varios municipios de Matagalpa, agentes policiales prohibieron las procesiones previstas en las diferentes parroquias en el marco del cierre del Congreso Mariano llevado a cabo el pasado sábado.
Asimismo, la Arquidiócesis de Managua debió cancelar la procesión que tenía programada desde el Colegio Cristo Rey hacia la Catedral Metropolitana en honor a la virgen peregrina de Fátima por supuestas "medidas de seguridad interna".
Sacerdotes detenidos
Hasta este mes de agosto, al menos tres sacerdotes de diferentes Diócesis del país se encuentran siendo procesados por el sistema judicial de Nicaragua.
El primero fue el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús Nazareno de Nandaime, Granada, quien fue detenido el 7 de junio por supuestamente agredir a una mujer.
Después, Martha Candelaria Rivas, la supuesta agredida por el sacerdote se retractó de sus declaraciones, por lo que fue acusada por falso testimonio y condenada a cinco años de prisión. En tanto, el sacerdote continúa tras las rejas.
El segundo caso es el de Monseñor José Leonardo Urbina, vicario episcopal de Boaco, quien fue detenido el pasado 13 de julio por supuestamente violar a una menor de edad.
El tercer y último caso es el del sacerdote Oscar Benavidez, que según feligreses de la Iglesia Espíritu Santo de Mulukukú de la Diócesis de Siuna fue interceptado por tres patrullas policiales y llevado con destino desconocido.
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