Con el supuesto fin de crear un centro especializado para capacitar a militares en búsqueda y salvamento de personas en peligro, es que la Procuraduría General de la República (PGR) declaró de "utilidad pública" una propiedad ubicada en carretera sur.
Uno de los pretextos de la PGR para quitar esta propiedad es que el Estado está obligado a desarrollar acciones para "asegurar la protección de la vida humana y medios materiales de la población y del estado, ante eventuales desastres naturales o provocados, sean estos ambientales o sanitarios".
La Procuraduría, también se ampara en lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, donde se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles... En virtud de la función social de la propiedad, este Derecho está sujeto, por causas de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes.
Según lo dipuesto en La Gaceta de este martes 18 de octubre, la propiedad pertenecía a Claudia Albertina Rosales Marenco, Douglas Poessy Marenco y Orlando Poessy Marenco, tiene aproximadamente 432, 578.7 metros cuadrados y está ubicada contiguo al Reparto Serranías, kilómetro 12.8 carretera Sur, 1.5 kilómetros con rumbo sur-oeste.
Propiedad para el Ejército
El terreno expropiado en Carretera Sur será utilizado para crear un "Centro Nacional Especializado para la capacitación de Bridagas de Búsqueda, Salvamento y Rescate" que permita socorrer ante situaciones de riesgo que pongan en peligro la vida de los nicaragüenses.
La Procuraduría también explica que en base al Código de Organización Jurisdicción y Previsión Social Militar, al Ejército le corresponde contribuir a fortalecer la política de gestión de riesgo en casos de desastres naturales.
En La Gaceta, también dan a las personas afectadas con esta declaratoria de Utilidad Pública que se presenten en quince días ante la PGR para llegar a un "advenimiento".
Desde el 2020, la institución castrense ha sido beneficiada por el Gobierno con más de 15 propiedades, algunas ubicadas en Managua y otras en León y El Rama.
En las últimas semanas, el Gobierno a través de la PGR se ha tomado los edificios allanados arbitrariamente como son los casos de La Prensa, OEA, Operación Sonrisa y otras ONG y medios de comunicación para instalar Centros Culturales y clínicas maternas o atención a personas drogadictas y alcohólicas que siempre están vacías.
Comments