El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves 15 de Junio una resolución en la que piden al gobierno de Daniel Ortega revocar la deportación y privación de nacionalidad de cientos de presos políticos nicaragüenses.
Además la Eurocámara condenó las violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos en Nicaragua, que constituyen crímenes contra la humanidad y los abusos perpetrados desde abril de 2018.
Aseguran que las violaciones perpetradas contra los nicaragüenses no son un fenómeno aislado, sino que buscan "desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta" del país.
Se trata de la séptima resolución en esta legislatura en que el Parlamento denuncia la deriva totalitaria del régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Además lamentan la continua instrumentalización del sistema judicial y la complicidad de los jueces y fiscales por lo que piden que esten en la lista de sancionados por la Unión Europea así mismo al propio presidente Ortega y su círculo más cercano.
Prueba de Vida y activación de la cláusula democrática
Los eurodiputados pidieron una prueba de vida de Monseñor Rolando Álvarez quien fue condenado a 26 años de prisión y a la pérdida de la nacionalidad tras rechazar el exilio.
"Así mismo insisten en reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, opositores, activistas, miembros de la Iglesia católica y periodistas detenidos arbitrariamente, y encarcelados en ocasiones en condiciones inaceptables", se lee.
Los eurocámara creen que la cumbre que la CELAC que será celebradá en julio en Bruselas es una oportunidad para defender el debido respeto de los derechos humanos en particular en Nicaragua.
También instaron a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y anima a la UE y los Estados miembros a incluir garantías específicas de respeto de los derechos humanos en lo que respecta a los fondos europeos asignados, también cuando se canalicen a través de instituciones multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Finalmente instan a los Estados miembros a iniciar, a partir de las pruebas recopiladas por el Grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos, investigaciones formales sobre crímenes contra la humanidad, ejerciendo la jurisdicción universal: A juicio del PE, el gobierno de Ortega debe rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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