Estados Unidos sigue intensificando sus esfuerzos para frenar la migración irregular, es por ello que este miércoles amplió la restricción de visas a funcionarios de empresas terrestres y marítimas que trasladan a estas personas desde países caribeños y asiáticos hacia Nicaragua.
A través de un comunicado el departamento de Estado de EEUU informó que a partir de este 21 de febrero está implementando una nueva política de restricción de visas a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte de vuelos chárter, terrestres y marítimos que "brindan servicios de transporte diseñados para ser utilizados principalmente por personas que tienen la intención de migrar irregularmente".
De acuerdo al departamento de Estado, esta nueva medida amplía y reemplaza la política Nicaragua 3C sobre vuelos chárter emitida el pasado 21 de noviembre. Inicialmente, esta solo afectaba al transporte aéreo.
"La política se enfoca en las operaciones de transporte que se aprovechan de los migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia los Estados Unidos", expresa la misiva de EEUU.
La administración Biden señala que las personas que llegan a Estados Unidos sin una base legal a menudo pagan "precios extorsivos" y se ponen en riesgo.
En 2021, el gobierno estadounidense instó a los ciudadanos de Haití, Cuba, y migrantes de otras nacionalidades a buscar las vías "seguras y legales" para viajar. "Esta administración ha liderado la mayor expansión de vías legales en décadas, y continúa haciendo cumplir las consecuencias, incluida la expulsión a su país de origen, para aquellos que no utilizan estas vías para venir a los Estados Unidos y que carecen de una base legal para quedarse".
El año pasado Nicaragua se ha convirtió en un "trampolín" para viajar a Estados Unidos para miles de haitianos, cubanos y de otras nacionalidades. Entre agosto y octubre arribaron al aeropuerto Augusto C. Sandino más de 31 mil pasajeros en 268 vuelos procedentes de Puerto Príncipe, Haití.
Analistas políticos y expertos, manifestaron que Daniel Ortega estaba utilizando esta problemática regional como un "arma geopolítica" contra Estados Unidos con el único objetivo de negociar un levantamiento de sanciones contra funcionarios y empresas.
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