Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este martes una Reforma a la Ley No. 735 "Ley de Prevención, Investigación, Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados" con la que ahora el dinero deberá ser depositado directamente en el Banco Central de Nicaragua (BCN) y administrado por Hacienda.
La iniciativa de reforma de ley fue remitida con carácter de urgencia por Daniel Ortega y la Junta Directiva de la Asamblea la puso en la orden del día sin necesidad de que pasara por una comisión para su análisis.
Según el régimen, la reforma a esta ley es parte de las acciones nacionales para "combatir delitos" como el crimen organizado por lo que han identificado acciones para "mejorar" la administración, control y uso de los activos encontrados y decomisados.
Con la reforma aprobada por 81 votos a favor, los bienes incautados, decomisados o abandonados serán depositados en las cuentas de la Tesorería General de la República en el BCN en un plazo de 24 horas.
Antes de la reforma, los bienes en dinero, títulos, valores, certificados de crédito e instrumento monetario, debían ser entregados o depositados dentro de las 24 horas a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, misma que mantenía el dinero en un banco del sistema financiero nacional.
Los diputados también reformaron el artículo 58 de dicha ley, con la cual los bienes en dinero, títulos de valores, certificados de crédito e instrumentos monetarios, o cualquier medio de esa naturaleza, así como el dinero procedente de la venta de bienes en subasta, serán destinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir necesidades presupuestarias, y otra parte para gastos administrativos de la Unidad Administradora de Bienes Incautados.
Previamente, el dinero decomisado, abandonado u obtenido de la venta de bienes en subasta era distribuido por Hacienda a través de la Tesorería General a programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos de crimen organizado, y en programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas relacionadas con el enfrentamiento del crimen organizado y otra parte era repartido entre la Policía, el Ministerio Público, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Corte Suprema, Sistema Penitenciario, Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y la Unidad Administradora de Bienes Incautados.
Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por Estados Unidos, expresó que la reforma viene a garantizar un mayor control sobre la utilización y control sobre los bienes incautados, abandonados y decomisados.
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