El Gobierno de Javier Milei fijó su postura ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con respecto a la crítica situación de Derechos Humanos que atraviesa Nicaragua desde 2018 y que a la fecha no vislumbra una clara salida.
Durante la actualización oral que realizó Nada Al-Nashif Alta Comisionada de la OACNUDH, el representante de Argentina indicó que su país se reincorporaría a la resolución sobre la promoción y protección a los derechos humanos en Nicaragua.
"La Argentina no aceptará que se invoque la soberanía, consideraciones de desarrollo, ni las sanciones económicas como justificación de los Estados para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos", dijo tajantemente el representante del país suramericano.
"Volvemos a reiterar nuestra profunda preocupación por la grave situación de los DDHH en Nicaragua, que continúa deteriorándose desde abril de 2018 conforme lo documentan los sucesivos informes del Alto Comisionado, detenciones arbitrarias sin las debidas garantías procesales, como las del Obispo Rolando Álvarez, torturas y malos tratos en prisión, deportación, privación arbitraria de la nacionalidad y prohibición de que los nicaragüenses entren a su propio país", indicó.
En su intervención, el funcionario argentino instó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a liberar de manera inmediata y sin condiciones a todos los presos políticos y a restablecer la nacionalidad de los más de 300 opositores a los que se les fue retirada de manera arbitraria.
De manera contundente, también pidió a Nicaragua que "coopere plenamente" y permita la entrada al país de la OACNUDH, así como del grupo de expertos y otros mecanismos de DDHH.
Si bien es cierto que durante el mandato de Alberto Fernández, Argentina se sumó a las resoluciones tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos (OEA), la postura en cuanto al régimen de Ortega no era tan agresiva ni contundente a como asegura Milei que será contra los regímenes de izquierda.
Durante toda su campaña presidencial el ultraderechista Javier Milei aseguró que no tendría relación con Nicaragua, Venezuela, Cuba, China, Corea del Norte, Rusia ni otros países comunistas por ser violadores de derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Además no invitó a varios de estos países a su toma de posesión el pasado 10 de diciembre.
Debido a estas declaraciones del mandatario, el régimen de Ortega a través de la Cancillería de la República ordenó el retiro inmediato del Embajador Carlos Midence en Buenos Aires, hasta el momento el Gobierno de Milei no ha tomado ninguna medida al respecto ni se ha pronunciado.
Nicaragua cada vez más alejada de los DDHH
En la presentación de la actualización, la Alta Comisionada Nada Al-Nashif constató que el régimen Ortega-Murillo continúa violando sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses.
La Alta Comisionada incluyó en el informe la detención arbitraria de los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, esta última condenada a 8 años de cárcel por el supuesto delito de traición a la patria y propagación de Noticias falsas. A los arrestos, siguió la cancelación de la personería jurídica del partido Yatama, el más representativo de la Costa Caribe.
De igual forma, denunció la falta de acceso a la información que existe sobre el Proyecto Bioclima, ya que las "consultas que se realizaron" en las comunidades incluían policías armados o en otros casos pagaban a la población para que firmara sin conocer los riesgos.
También se incluyó las cancelaciones de personerías jurídicas y confiscaciones de universidades como la UCA, la reciente destitución de Alba Luz Ramos como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otra decena de despidos de funcionarios y trabajadores de ese poder del estado que perdieron su indemnización. Así como la represión contra la Iglesia Católica y periodistas y las detenciones arbitrarias.
Como ya es costumbre, el régimen desmintió el informe y expresó que constituyen una "atrevida" forma de agresión e injerencismo. Wendy Morales, Procuradora General de la República, sancionada por EEUU, dijo que las resoluciones están basadas en "campañas de odio" por lo que desconocen esta actualización y las mismas son "unilaterales y subjetivas".
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