Un informe presentado por la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), reveló que durante los últimos cinco años (2018-2023), el régimen de Daniel Ortega implementó 38 tipos de tortura para castigar a sus opositores políticos en Nicaragua.
Denis Darce, Secretario Ejecutivo Adjunto de CPDH, explicó que estos patrones de torturas fueron identificados dentro de las 682 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que pudieron documentar. 276 expedientes se vinculan directamente a estas prácticas inhumanas y 73 casos, contienen valoraciones de médicos forenses.
“Cuando hablamos de los victimarios hay que destacar que el mayor porcentaje de los señalados son la Policía Nacional (35%), grupos paramilitares (9%) y hay 51% de las víctimas que no logró identificar a sus verdugos”, apunta Darce. Agregó que en “25 expedientes se tiene de manera concreta y directa con nombres y apellidos quienes fueron los torturadores”.
Torturas selectivas
Aunque el 77% de las víctimas refiere haber sufrido torturas con puños, en el informe de CPDH llama la atención que las autoridades nicaragüenses fueron selectivas al implementar las prácticas más crueles. Por ejemplo, 10% de los casos revelan agresiones con armas cortantes, 8% vivió ahogamiento simulado, 6% sufrió fracturas y 4% denuncian haber sufrido choques eléctricos (taster).
“Si nosotros nos adentramos en los testimonios que hay en cada uno de los expedientes, nos damos cuenta que hay situaciones que, en la actualidad, se creían que ya no eran utilizadas”, resaltó Darce.
La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 36 expresa de forma clara que “nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En este sentido se establece que la “violación a este derecho constituye delito y será penado por ley”, dijo Arce.
Mencionó que el Código Penal, por su lado, va más allá y califica como un criminal de “lesa humanidad” a “quien someta a otra persona a cualquier tipo de tortura física o psíquica con fines de investigación penal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, pena o cualquier otro fin”. La pena por cometer estos actos, oscila entre siete y diez años de prisión.
Echarlos del Estado
En la misma línea, explicó el organismo que aquella “autoridad, funcionario o empleado público que realice alguna de las conductas descritas”, además de la prisión, se le impondrá “la inhabilitación absoluta de ocho a doce años”.
También son sancionados “de cinco a siete años de prisión e inhabilitación especial para ejercer el empleo o cargo público de cinco a nueve años” aquellos funcionarios que tengan conocimiento de pácticas de tortura y no impida la comisión del delito.
Cabe mencionar que las leyes de Nicaragua comprenden por tortura aquello que “cause intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, a una persona que esté bajo su custodia o control”, del Estado.
La Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la tortura, donde Nicaragua es firmante, también condena este tipo de prácticas y responsabiliza a los Estados velar y castigar a quienes los cometan.
Según la CPDH, estos son los actos de tortura que se practicaron en Nicaragua:
Levantar y arrancar las uñas con tenazas.
Forzar a dormir junto a heces, orines, pulgas, y cucarachas.
Asfixiar con bolsas plásticas.
Desnudar y obligar a dormir en ropa interior.
Introducir rifle por el ano.
Quemar con pistors de electricidad y/o cigarrillos.
Lastimar con alambres de púas.
Golpes con puños y tubos.
Simulacro de estrangulación.
Encierro en celdas subterráneas, oscuras y húmedas.
Golpizas hasta producir hematomas y sangrado interno.
Aislamiento total.
Retención de comida y agua.
Retención de medicinas o aparatos médicos.
Sometimiento a frío extremo.
Comidas descompuestas con vidrios e insectos.
Luz encendida las 24 horas.
Torturas psicológicas.
Exposición al sol 15 minutos cada 10 o más días.
Denegar uso de biblia y artículos religiosos.
Obligar a defecar en la mano.
Lenguaje soez para dirigirse a los presos.
Decomisar lentes.
No brindar atención médica a presos heridos.
Colgarlos para golpearlos.
Obligar a desnudarse para pasearlos y tocarse.
Prohibir comunicación con familiares y abogados.
Violación sexual a mujeres.
Golpear los ojos de los presos hasta dejarlos morados.
Rapar la cabeza de hombres.
Uso de bombas lacrimógenas y gas pimienta.
Interrogatorios diarios.
Obligar a hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo.
Forzar abortos.
Desprendimiento de dientes.
Atarlos en una silla y golpearlos hasta que vomiten.
Introducir a presos comunes a que hagan daño a presos políticos.
Acuchillamiento.
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