La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional se pronunciaron al cumplir Nicaragua 5 años de crisis dónde se han violado los derechos de los pobladores.
La CIDH expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos, instaron también al restablecimiento de un régimen democrático en Nicaragua, mediante el establecimiento de elecciones libres, participativas y transparentes así como a garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
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El informe hace un recorrido desde la documentación de las violaciones a los derechos humanos desde abril del 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) señaló que, en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se desarrollaron hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad.
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La CIDH asegura que las violaciones a los derechos humanos desde el 2018 hasta la fecha, se encuentran en total impunidad ante la falta de independencia de los poderes públicos y, en particular, la ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente, lo que mantiene un clima de terror y censura en la población.
Represión se agudiza
Por su parte Amnistía Internacional en su informe "Cinco años de opresión y resistencia" aseguran que lejos de cesar, la política de represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones.
El informe explica las principales tácticas como el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes , los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado que el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha utilizado para lograr el cierre gradual del espacio cívico, silenciar a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica al gobierno.
Hacen referencia de la inestabilidad social y económica que ha generado la represión que ha provocado la salida forzada del país de miles de personas, sufriendo un desplazamiento forzado en los últimos cinco años y quienes deben gozar de una protección internacional.
“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”, dijo Erika Guevara Rosas.
El informe incluye recomendaciones hacia el gobierno y la comunidad internacional para el restablecimiento de los derechos humanos.
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