No hay un día en que el opositor nicaragüense Moisés Alberto Silva González de Carazo, no piense cómo escapar de los tentáculos del régimen de Nicaragua, por eso siempre está cambiando de casa para resguardar su integridad física. Por tal movito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a él y a su núcleo familiar.
La CIDH afirma que Silva es considerado como opositor al gobierno de Nicaragua por participar de las protestas cívicas de 2018 en Jinotepe, por lo que desde entonces ha sufrido actos de amenaza, hostigamiento y vigilancia por parte de elementos estatales y paraestatales.
Durante la llamada “Operación Limpieza” de Carazo, Silva logró refugiarse en la iglesia Santiago de Jinotepe, donde agentes afines al gobierno sandinista irrumpieron en cacería de los manifestantes civiles quienes buscaron protección en los sacerdotes.
Este activista caraceño logró desplazarse a otros municipios cuando le comunicaron que figuraba en una lista de opositores “sin detener”, por lo que ese mismo año logró exiliarse en Costa Rica. En diciembre de ese año el Estado de Nicaragua lo acusó en los juzgados de Managua y de Carazo de “actos de terrorismo, obstrucción de la vía pública, secuestro”, entre otros delitos. Ambos casos fueron cerrados en julio de 2019, bajo la Ley de Amnistía.
El 14 de febrero de 2020, decidió regresar a su país, pero no a su casa por precaución, sin embargo, siguió siendo asediado por continuar su labor de activismo. Desde ese tiempo se ha movilizado por todo el territorio nacional para salvaguardar su vida.
La CIDH ha solicitado al Estado de Nicaragua información al respecto, sin recibir ninguna respuesta hasta el momento. De igual manera este organismo considera que la situación de riesgo de Silva se ha intensificado a lo largo de 2021, también observó una seria afectación a su familia tomando en cuenta que estarían enfrentando vigilancia, asedio, allanamiento e interrogatorios.
De modo que la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiadas.
“La CIDH pide al Estado concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiaras, como proteger sus derechos en relación con actos que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”, expresa la comunicación de la CIDH.
De igual manera el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, demanda el cumplimento de dichas medidas por parte del Estado de Nicaragua, también pidieron el cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y la inmediata libertad de los más de 235 personas presas políticas en Nicaragua,
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