La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), a través de un comunicado instó al régimen de Daniel Ortega a brindar información sobre los más de 90 presos políticos que continúan en las cárceles del país.
Ambos organismos hicieron énfasis en los casos del profesor Freddy Quezada, el líder Yatama, Brooklyn Rivera y el joven Carlos Bojorge, ya que desde que fueron detenidos en 2023 se desconoce con exactitud el paradero y sus condiciones de salud.
"La CIDH y la RELE urgen al Estado a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH", señalan en el comunicado.
Documentación en manos de la CIDH, señala que persisten las afectaciones al acceso a la justicia, a las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa. Las personas privadas de su libertad por motivos políticos están en ausencia de un sistema de justicia parcial e independiente.
"Entre el conjunto de las afectaciones registradas están la restricción del acceso a expedientes, la denegación de la tramitación de recursos, el hostigamiento y amenazas contra representantes legales, la realización de procesos judiciales de manera virtual y sin presencia de la defensa legal y, en general, la instrumentalización del derecho penal para criminalizar el ejercicio pleno del derecho a libertad de religión, de expresión y aquellos que hacen parte del espacio cívico", expresan.
Preocupados por situación de presos políticos
Tanto la CIDH como la RELE manifestaron su preocupación por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad e instaron una vez más al Estado de Nicaragua a garantizar la "vida e integridad" y a liberarlas de manera inmediata.
Asimismo, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), supo que los presos políticos están en condiciones deplorables, que incluyen: insalubridad en las celdas, falta de acceso al agua potable, alimentación insuficiente e insalubre, así como la falta de atención médica oportuna y especializada.
También hay registros de que persisten los tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades penitenciarias y las agresiones de personas presas comunes contra los presos políticos.
Salud de los presos en deterioro
En el contexto de las violaciones a los derechos humanos, la CIDH expresa que el prolongamiento de las detenciones está provocando un deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, principalmente en las adultas mayores, como aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes, lo que las coloca en grave riesgo de vida e integridad física.
La organización, destacó que en el caso de las mujeres que se encuentran en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres "La Esperanza", las condiciones son severas y existen denuncias de aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas e interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, además de falta de acceso a insumos de salud, higiene y aseo.
Hasta el 30 de abril de 2024, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba cerca de 128 privadas de libertad en el contexto de la crisis social y política de Nicaragua. De estas, al menos 30 cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y la Corte IDH.
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