El régimen de Daniel Ortega continúa su arremetida contra la Compañía de Jesús en Nicaragua, en esta ocasión, a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB) ordenó la cancelación de la personería jurídica de los religiosos.
El acuerdo ministerial No.105-2023, firmado por la Ministra Amelia Coronel Kinloch, acusa a los Jesuitas en Nicaragua de no reportar sus estados financieros en los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022 con desgloses detallados de ingresos y egresos.
Asimismo, aduce que la orden religiosa tiene Junta Directiva vencida desde el 27 de abril de 2020 y que supuestamente no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de la asociación.
Al igual que a las más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro (OSFL) canceladas desde el 2018, los bienes de los Jesuitas pasarán a manos del régimen, lo que podría tener consecuencias en colegios administrados por los religiosos como el Centroamérica y Fé y Alegría.
Según una entrevista realizada por el medio Confidencial al sacerdote José María Tojeira, vocero para Nicaragua de la Compañía de Jesús, la Asociación de religiosos si presentó ante el MIGOB la documentación requerida por la Ley 1115, pero a como ocurrió con otras organizaciones canceladas, la institución nunca las aceptó, por lo tanto no validó la nueva Junta Directiva ni las solicitudes para continuar operando.
La personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua había sido otorgada mediante del decreto No. 35, publicado en el diario oficial No.51 y fue inscrita en Gobernación el 16 de mayo de 1995.
El cierre y confiscación a la Compañía de Jesús se da exactamente a una semana del robo de las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, una de las más prestigiosas y reconocidas del país y que era parte de la red de universidades jesuitas de América Latina. Y que fue acusada de ser un "centro de terrorismo" en 2018.
El sabado 19 de agosto de 2023, los Jesuitas denunciaron que fueron expulsados de su residencia llamada Villa Carmen, localizada a un costado de la UCA. A pesar que los religiosos explicaron a miembros del Poder Judicial que la propiedad no estaba a nombre de la universidad confiscada, los funcionarios ordenaron que salieran de la vivienda y solo les permitió sacar objetos personas.
Jesuitas niegan acusaciones
Tras la confiscación a la UCA, el Rector General de la Compañía de Jesús, el padre Domingo Cuesta, aseguró que las acusaciones del régimen eran "infundadas" y "falsas" y que se le negó la posibilidad de un juicio justo.
El sacerdote jesuita, también demandó a Ortega que revierta y corrija la medida judicial contra la universidad y que cese la agresión gubernamental.
"Me uno al reclamo para que se revierta y corrija esta medida judicial contra la UCA, para que cese la agresión gubernamental contra ella y contra sus integrantes, para que se abran caminos de diálogo en base a la verdad, la libertad y el derecho a la calidad de la educación, de la juventud y del pueblo de Nicaragua", señala el comunicado del padre Cuesta.
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