La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que otorgue medidas provisionales para los líderes indígenas Nancy Henríquez y Brooklin Rivera, ambos detenidos a finales de septiembre por el régimen.
Según la nota de prensa de la CIDH ambos exdiputados de la Asamblea Nacional por el partido Yatama, cancelado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos.
Rivera fue sacado de su casa de habitación en el Bilwi, Caribe Norte de Nicaragua el pasado 29 de septiembre, y desde esa fecha se encuentra en calidad de "desaparecido" ya que las autoridades no han brindado información sobre su paradero ni sobre su estado físico y de salud.
En tanto, de la exdiputada suplente Henríquez se tiene conocimiento que está detenida en el Sistema Penitenciario La Esperanza, en Tipitapa, pero la situación en la que se encuentra no es la "adecuada", indica el organismo de DDHH.
La CIDH refiere que la situación de los beneficiarios de estas medidas se enmarcan en el contexto de persecución del régimen contra toda forma de oposición en Nicaragua, pero en este caso especialmente contra el partido Yatama, con el fin de "hostigar, criminalizar y retirar" a las personas que formaban parte de esta agrupación y retirarlas del espacio político.
"La detención de las dos personas beneficiarias tendría como propósito enviar un mensaje represivo en contra de cualquier cuestionamiento crítico que provenga de los movimientos indígenas como Yatama, y de esta forma impedir cualquier tipo de participación política de personas disidentes al gobierno", refiere.
Y es que la detención de Rivera y Henríquez se dio en el marco de la recolección de firmas para el proyecto BioClima que fue criticado por Yatama ya que no se estaba explicando las consecuencias que traería, y también de cara a las elecciones regionales programadas para marzo 2024.
El organismo defensor de DDHH considera que los derechos de estas personas se encuentran en una situación de riesgo extremo, por ello, solicitó a la Corte IDH que ordene al régimen de Ortega adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad personal, salud, libertad personal y derechos políticos.
Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
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