El 2018 fue un año que cambió la vida de los nicaragüenses, no solo a nivel político, sino también económico y social, un incendio en la Reserva Indio Maíz detonó una serie de eventos que hicieron tambalear al Gobierno de Daniel Ortega, que no se enfrentaba a unas protestas de tal magnitud desde que retornó al poder en 2007, ya que con la policía y turbas a su favor controlaba cualquier intento de manifestación en su contra.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fueron las dos organizaciones opositoras que nacieron para "hacerle frente" al Gobierno de Ortega y que en su momento tuvieron representatividad y respeto entre toda la ciudadanía.
Cuatro años después queda poco de ambas ya que sus principales líderes se encuentran exiliados o detenidos.
El inicio de la Alianza
La ACJD prácticamente fue creada por los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que ante el llamado al Diálogo y al ver la falta de una organización opositora se dio a la tarea de conformarla de tal manera que todos los sectores de la sociedad estuvieran representados. Así fue como surgió esta unidad que en su momento contó con la participación de universitarios, campesinos, empresarios, académicos, maestros, feministas, intelectuales, entre otros.
Tiempo después la agrupación decidió "formalizarse" y crear un Consejo Ejecutivo como órgano de ejecución y seguimiento de las acciones que aprobaría el plenario de la Alianza; además formaron comisiones de trabajo que adaptarían a la organización en "el nuevo contexto nacional" y para "buscar la unión de las fuerzas políticas de la oposición".
Sin embargo a partir de 2020, la organización empezó a sufrir bajas, como la salida del Movimiento Campesino, que alegó no haber sido escuchado ni consultado en algunas tomas de decisiones.
Según el sitio web de la Alianza, está actualmente sigue conformada por estudiantes, campesinos, académicos, religiosos y representantes de la Costa Caribe, Sociedad Civil y Empresa Privada, no obstante, varios nombres de peso como el doctor Ernesto Medina, Carlos Tünnermann, el padre José Alberto Idiáquez, ex rector de la UCA, Azahalea Solís, José Pallais, decidieron retirarse en 2020 por desacuerdos.
La otra alternativa: la UNAB
En octubre de 2018 y para ser una oposición "más inclusiva" es que nace la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), como una hermana de la Alianza Cívica, que también pasó a formar parte de este nuevo grupo.
La UNAB en sus inicios contó con la participación de más de 40 organizaciones, entre ellas la Articulación de Movimientos Sociales, Coalición Universitaria, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), la Coordinadora Universitaria por la Democracia (CUJD), Movimiento Universitario 19 de Abril, Movimiento por Nicaragua (MpN), entre otras de corte feminista, ambientalistas, de la diversidad sexual, médicos, familiares de presos políticos y algunos integrantes de partidos políticos.
Este nuevo movimiento llegó a estar conformado por más de 90 grupos, que pretendía "atraer" a sectores que no se sintieran representados con la Alianza Cívica y también creó un Consejo Político para agrupar todas las ideas de los diferentes integrantes.
¿Qué ha sido de la UNAB y la ACJD?
Actualmente, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional solo existen en plataformas digitales y a través de comunicados y pronunciamientos, esto debido a que la mayoría de sus integrantes se encuentran encarcelados y/o exiliados.
En la Alianza Cívica, sus principales figuras como Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Lesther Alemán, Max Jerez se encuentran desde hace más de un año en El Chipote, al igual que Félix Maradiaga, Violeta Granera y Tamara Dávila de la UNAB.
Recientemente, organizaciones, principalmente universitarias han decidido retirarse de la UNAB argumentando una falta de respaldo a sus iniciativas y peticiones de integrar las diferentes comisiones que existen dentro del movimiento opositor y que no se sienten respaldados.
Ambas organizaciones luchan desde y como pueden para mantener vivo el espiritu de lucha de abril de 2018, sin embargo a raíz de lo ocurrido en 2021, meses antes de las elecciones presidenciales, perdieron la credibilidad de la población que vio como las esperanzas de una salida pacífica a la crisis política y económica que ahoga el país se esfumaban por desacuerdos y luchas de poder.
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