La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió el título a 25 abogados nicaragüenses, entre ellos, diez que fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense y 15 desterrados hacia Estados Unidos en febrero pasado.
Los abogados a los que la Corte suspendió definitivamente el título son:
Uriel de Jesús Pineda Quinteros
Sergio Ramírez Mercado
Rafael Enrique Solís Cerda
Mónica Augusta López Baltodano
Héctor Ernesto Mairena
Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga
Eliseo Fabio Núñez Morales
Manuel Jacinto Díaz Morales
Álvaro Leiva Sánchez
Vilma Núñez Ruiz de Escorcia
La notificación que fue emitida a eso de las 11 de la mañana pero dada conocer en horas de la noche de este jueves, señala que la CSJ está cumpliendo con las resoluciones judiciales dictadas el 15 de febrero donde los 10 abogados fueron declarados "traidores a la patria".
En otra resolución firmada por Rubén Montenegro Espinoza, secretario de la CSJ, también informan sobre la suspensión y anulación del título de abogado y notario público de 15 abogados que forman parte de los 222 presos políticos desterrados el 9 de febrero.
La lista la completan:
Edgar Francisco Parrales Castillo
José Bernard Pallais Arana
Noel José Vidaurre Arguello
Roberto Emilio Larios Meléndez
José Noel Talavera Arauz
Hugo Ramón Rodríguez Flores
Marlon Gerardo Saenz Cruz
Ana Margarita Vigil Gurdián
Osman Marcel Aguilar Rodríguez
Moisés Abraham Astorga Saenz
María del Socorro Oviedo Delgado
Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo
Roger Abel Reyes Barrera
Hader Humberto González Zeledón
María José Camacho Chévez
"Se les previene a las personas antes descritas que deberán enviar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hicieren, los títulos de abogados y notarios públicos, los protocolos respectivos, el sello y el carné de abogado y notario público", expresan las dos resoluciones.
La primera en ser despojada de su título de abogada y notario público fue la defensora Yonarqui Martínez, días después que se pronunció contra las detenciones arbitrarias de más de 50 personas realizadas el miércoles 3 de mayo en varios departamentos del país.
Organismos de DDHH han expresado que la decisión de la CSJ no tiene validez ni argumentos jurídicos porque es un instrumento del Gobierno Ortega-Murillo.
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