La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó un informe detallado sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua donde detallan cómo el régimen sandinista ha venido cerrando los espacios informativos a través de ataques directos contra los medios de comunicación no alineados al discurso oficial.
Explican que entre 2018 y 2024, el Estado de Nicaragua y sus funcionarios han intensificado y aumentado las agresiones selectivas contra periodistas, activistas, artistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, opositores políticos, etc. Actos como las detenciones arbitrarias, el exilio forzado, el retiro de la ciudadanía y el despojo de bienes y derechos básicos se están convirtiendo en habituales.
Desde el último ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), la legislación aplicada en Nicaragua ha provocado una restricción del espacio cívico y de la libertad de expresión en el país. El Estado se ha negado a cumplir los compromisos previos adquiridos en el proceso del EPU y no está protegiendo, ni garantizando estos derechos esenciales.
Estas son las 12 recomendaciones de la SIP para restablecer la libertad de expresión en Nicaragua:
Cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces críticas y contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica.
Poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el país.
Adoptar medidas inmediatas para liberar a todas las personas opositoras y críticas detenidas arbitrariamente, incluidos periodistas, activistas, artistas y otras personas presas políticas encarceladas por ejercer su derecho a la libre expresión, la expresión artística y la manifestación pacífica.
Garantizar la libertad de los medios de comunicación permitiendo a periodistas, trabajadores de los medios y otros profesionales de la comunicación llevar a cabo plenamente su labor informativa, la seguridad de sus bienes e inversiones y un entorno propicio en el que puedan trabajar sin temor a represalias.
Devolver los equipos e infraestructuras confiscados a los medios de comunicación, periodistas y otros opositores, como muestra de compromiso con las libertades fundamentales y la democracia en el país.
Adoptar medidas inmediatas para restituir la nacionalidad a periodistas, escritores, activistas, defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y otros opositores a los que se ha privado arbitrariamente de su nacionalidad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Poner fin a la campaña de persecución religiosa, especialmente contra los medios de comunicación de la Iglesia católica, y garantizar que operan en igualdad de oportunidades que los de otras iglesias o corrientes religiosas.
Restablecer de inmediato la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil que han sido clausuradas y permitir que realicen su trabajo sin temor a represalias.
Derogar las leyes restrictivas descritas en este informe que operen en contra del derecho internacional referentes a la libertad de expresión, libertad artística y de manifestación.
Garantizar el ejercicio y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas residentes en el país, mostrando apertura al diálogo, aplicación de la Constitución Política y compromiso con un ambiente propicio para la democracia, la libre expresión y demás derechos humanos en el país, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado de Nicaragua.
Revocar la decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y restablecer la membresía para demostrar el compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de acuerdo con las normas y mecanismos regionales.
Cumplir con las obligaciones jurídicamente vinculantes en virtud de las Convenciones Interamericanas, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Estado de Nicaragua ha ratificado.
Comments