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El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral, de acuerdo a la petición presentada este martes por el fiscal Germán Juárez.

El representante del Ministerio Público acudió a la Sala Penal Nacional en Lima para presentar la acusación contra Humala y Heredia, que consta de un voluminoso expediente de 1.500 folios, y que el juzgado pueda notificarlos para que ejerzan su defensa.

En declaraciones a la prensa, Juárez manifestó que también está incluido en la acusación “el partido Nacionalista como imputado para que, en el caso de lograr una sentencia condenatoria, se está pidiendo la disolución de ese partido, toda vez que ha sido instrumentalizado para efectos de lavar dinero”. 


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El expresidente peruano Alan García murió durante la mañana de este miércoles en un hospital de Lima mientras era operado de un disparo en la cabeza que se dio cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

Fuentes del partido Aprista y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmaron que el dos veces gobernante peruano (1985-1990 y 2006-2011) murió mientras era operado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado de urgencia por agentes de la Policía que habían llegado a su casa para detenerlo.

El anuncio de la muerte fue hecha en primer lugar por el secretario personal de García, Ricardo Pinedo, a los medios que esperaban en los exteriores del hospital.

Casi de inmediato fue confirmado por el presidente Vizcarra, en su cuenta oficial en Twitter.

“Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”, señaló Vizcarra.

Alan García murió a los 69 años de edad tras haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial y luego de haber sufrido tres paros cardiorrespiratorios.

El director del hospital, Enrique Gutiérrez, señaló que el exgobernante presentaba un disparo de arma de fuego en el cráneo “con orificio de entrada y salida” y que todos los médicos del Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, participaron en la operación para intentar salvarle la vida.

Alan García fue ingresado en medio de gran confusión en el hospital, a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.

Según testigos consultados por la televisión peruana, García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos y representantes del Partido Aprista Peruano (PAP).

El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieron a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.

Además, del exministro de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, quien horas después se entregó a la Justicia, y de otros cinco exfuncionarios de su segundo gobierno.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.


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El expresidente peruano Alan García se encuentra en una “situación muy grave” tras haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, informó este miércoles la ministra de Salud, Zulema Tomas.

“La situación es muy grave”, señaló la ministra en una rueda de prensa tras indicar que García está siendo intervenido y ha sido reanimado luego de sufrir tres paros cardio-respiratorios en la sala de operaciones.


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El expresidente peruano Alan García se disparó este miércoles en su domicilio de Lima al momento de ser detenido por orden de la Justicia peruana por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

Fuentes médicas consultadas por Efe indicaron que el parte médico inicial con el que el expresidente fue ingresado en el hospital recogen un traumatismo por arma de fuego en el lado derecho de la cabeza.

En medio de una gran confusión, el exmandatario (1985-1990 y 2006-2011) fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.

Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja.

Poco después, el hijo de Alan García ingresó rápidamente en el hospital.

El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieran a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, revelara que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.


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Al menos 15 personas murieron y otras 30 resultaron heridas al colapsar el muro de un hotel en el poblado de Abancay, e el sureste del Perú, mientras se efectuaba un matrimonio, dijo el titular del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez.

El incidente se registró en el Hotel Alhambra del distrito de Tamburco, provincia de Abancay, em la región de Apurimac.

Los hechos sobrevinieron hacia las 00:30 horas de hoy domingo, al parecer asociados con el reblandecimiento de un muro como consecuencia de las lluvias de los últimos días en la zona.

Quince de los 30 heridos fueron dados de alta después de recibir cuidados médicos en el Hospital Regional de Abancay Guillermo Díaz de la Vega. Otros cinco lesionados registran condiciones de salud delicadas con pronóstico reservado, dijo Chávez.

Añadió que el hotel está construido muy cerca de una pendiente, y para contener los efectos de la eventual caída de rocas o material se construyó un muro, que resultó frágil porque al caer destruyó la pared perimetral del hotel y la caída del techo. “Las causas del accidente se investigan”, anotó.

En tanto, autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional continúan las labores para recuperar los cadáveres y proceder a la identificación de los mismos.

De manera preliminar se informó que suman 15 las personas fallecidas.

La Policía y Bomberos retiraron los cuerpos a una zona segura y según el avance de las diligencias, 8 víctimas mortales ya fueron identificadas.


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Al menos 15 personas murieron en una boda en Perú el domingo luego de que un muro en el hotel donde se llevaba la ceremonia se derrumbó en medio de intensas lluvias, dijo el jefe del Instituto de Defensa Civil, Jorge Chávez.

Otras 34 personas resultaron heridas, incluidas cinco que se encuentran en estado crítico, afirmó Chávez por teléfono.

El funcionario manifestó que la pared se vino abajo poco después de la medianoche, lo que provocó el colapso de una pesada estructura de una carpa sobre los invitados a la boda que se celebraba en el jardín del hotel.

Trece personas murieron en el mismo recinto, precisó Chávez.

El Hotel Alhambra, de la ciudad andina de Abancay, no pudo ser contactado de inmediato para realizar comentarios.


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El expresidente peruano Alberto Fujimori, cuyo indulto humanitario fue anulado el año pasado, dijo el miércoles que el final de su vida “está cerca” antes de su anunciado traslado a una prisión tras permanecer más de 100 días internado en una clínica privada por una afección cardiaca.

La Corte Suprema de Perú dijo la semana pasada que una junta de médicos evaluó a Fujimori y determinó que la salud del exmandatario es estable; y ordenó su traslado a una prisión para que cumpla su sentencia de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos durante su Gobierno, entre 1990 y el 2000.

Frente a una clínica privada donde aún estaba internado, decenas de simpatizantes daban vivas a Fujimori -de 80 años- por altavoces; y reclamaban la libertad del exmandatario. Varios vehículos de la policía aguardaban el traslado.

En una carta pública difundida por Twitter, Fujimori, que gobernó con mano dura en su década de poder, dijo que el juicio de la historia será más justo que sus “enemigos políticos”.

“Tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente?”, dijo Fujimori que publicó además una fotografía de su rostro, que lucía cansado.

Fujimori, destituido al inicio de un tercer mandato en el 2000 tras acusaciones de corrupción, se dirigió a sus hijos y afirmó que cuando “las injusticias hayan terminado miren a Perú que hoy tenemos y me recuerden con la convicción de que todo lo malo que me tocó vivir al final de mi vida valió la pena”.

El exmandatario será llevado a la prisión policial Barbadillo, ubicado en un barrio pobre en la periferia de Lima, donde las autoridades han acondicionado mobiliario médico ante cualquier eventualidad en torno a la salud de Fujimori.

De acuerdo a sus doctores, el exgobernante sufre de depresión e hipertensión arterial y en los últimos años ha sido operado seis veces en la lengua por lesiones cancerígenas.

EL OCASO DE LOS FUJIMORI

Fujimori ha pasado los últimos cuatro meses en la clínica Centenario Peruano Japonesa para evitar ser enviado de nuevo a prisión, según sus opositores, después de que un juez anuló en octubre el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en vísperas de la Navidad del 2017.

El indulto fue evaluado por un juez local a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas de abusos a los derechos humanos.

Los abogados de Fujimori apelaron la anulación del indulto y una sala de la Corte Suprema que analiza el tema ha dicho que en cualquier momento podría definir la situación del expresidente.

La familia Fujimori transita por su peor momento.

Su hija mayor, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, también está recluida en una prisión desde inicios de noviembre, luego de que un juez ordenó su prisión preventiva por tres años mientras se la investiga por presuntamente recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Alberto Fujimori cumplirá una condena por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas por parte de un grupo militar y policial, que actuaba bajo la sombra para luchar contra el grupo rebelde de Sendero Luminoso.

Padre e hija niegan las acusaciones en su contra.

Su hijo menor Kenji, un legislador que alguna vez habló de postularse a la presidencia, se retiró de la política después de que el partido de su hermana lo suspendió el año pasado del Congreso tras la publicación de varios videos en que presionaba a legisladores para mantener a Kuczynski en el poder.

Los partidarios de Fujimori le dan crédito por haber sofocado a la insurgencia de la izquierda radical y sacar a Perú de una crisis económica en los 90′, y niegan o minimizan el autoritarismo y los asesinatos extrajudiciales en su gobierno.


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Perú ha reiterado que no reconoce la legitimidad del segundo mandato que Nicolás Maduro ha iniciado este jueves como presidente de Venezuela y ha anunciado una serie de medidas contra él y su Gobierno que incluyen vetar su entrada a territorio peruano.

El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que “reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela”.

En cambio, el Ejecutivo de Martín Vizcarra ha dado “pleno respaldo a la Asamblea Nacional”, controlada por la oposición venezolana, “resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país”.

Como primeras medidas, el Gobierno peruano ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la Embajada en Caracas, Rosa Álvarez, y ha prohibido la entrada en territorio peruano a Maduro y cien miembros de su “régimen” y “personas relacionadas con este”.

También ha adoptado “medidas económico-financieras” contra Maduro y las personas físicas y jurídicas relacionadas con su Gobierno. Así, por ejemplo, ha confirmado que “las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas”.

PUNTO DE INFLEXIÓN

El líder ‘chavista’ ha tomado posesión este jueves para un segundo mandato, conforme al resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo, en las que se impuso con un 67 por ciento de los votos, de acuerdo con datos oficiales.

La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional no reconocieron los resultados electorales por considerar que fueron fruto de un proceso fraudulento y, en consecuencia, tampoco reconocerán el segundo mandato de Maduro. Además, algunos países han anunciado ya una batería de sanciones diplomáticas y económicas contra Venezuela.

Como muestra del rechazo interno, la investidura se ha celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por magistrados ‘chavistas’, porque la Asamblea Nacional, donde suelen tener lugar las tomas de posesión de los presidentes venezolanos, se ha negado a acogerla.

En cuanto a la comunidad internacional, los únicos presidentes latinoamericanos que han acudido a Caracas para atestiguar el arranque del segundo mandato de Maduro han sido los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, miembros del llamado eje bolivariano.

El Grupo de Lima –formado por catorce países de América Latina y el Caribe– ha boicoteado el acto, a excepción de México, que ha estado representado por su encargado de negocios en Caracas. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus estados miembros no han enviado a nadie.


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Tras cinco meses como fiscal general de Perú y semanas de cuestionamientos por entidades de los sectores público y político por sus presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con el lavado de dinero, Pedro Chávarry presentará hoy su renuncia al cargo.

Chávarry presentará este mismo martes su dimisión, de acuerdo a lo que anunció en su cuenta de Twitter “presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación”, puesto que pondrá a disposición de la Junta de Fiscales Supremos.

Explicó que tomó su decisión para “evitar que otros entes autónomos se vean igualmente vulnerados constitucionalmente”.

Este martes en declaraciones a la radiodifusora colombiana Blu Radio precisó que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público es lo que le llevó a tomar su decisión, y de ninguna manera algún vínculo con el caso Odebrecht.

Sobre este caso dijo que en Perú la situación por ese caso es ya insostenible. “Básicamente, el caso Odebrecht ha permitido polarizar el país, lo cual ha generado una serie de problemas, de distorsiones y también atentados contra el funcionamiento del buen sistema de justicia”, agregó.

Chávarry seguirá formando parte de la Junta de Fiscales Supremos integrada por cinco miembros, además del fiscal dimitente, por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

El anuncio de Pedro Chávarry llegó horas después de la renuncia de su principal asesor, Juan Manuel Duarte, cuyas oficinas fueron allanadas días antes por el equipo especial del Caso Lava Jato.

Precisamente la víspera, cinco grupos parlamentarios (Bancada Liberal, Célula Parlamentaria Aprista, Peruanos por el Kambio, Acción Popular y Cambio 21) representados por sus voceros le enviaron un oficio exigiendo su renuncia “inmediata”.

Por su parte, Pablo Sánchez, integrante de la Junta adelantó su negativa para relevar en el cargo a Pedro Chávarry, por lo que la sucesora tendría que ser Zoraida Ávalos.


FuentesConfiables.comdiciembre 1, 2018
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CIUDAD DE MÉXICO

Durante su primer mensaje como presidente de México en San Lázaro, Andrés Manuel López Obrador propuso al pueblo de México poner un punto final para que no haya persecución a los funcionarios del pasado.

López Obrador reiteró que no es su fuerte la venganza y “que si bien no olvida, sí es partidario del perdón y al indulgencia”.

Dijo que quieren regenerar de verdad la vida pública de México, porque si abren los expedientes se delimitarían a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre.

Tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes y lo más serio meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación”, destacó.

Señaló que lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.

Fuente: Excelsior


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