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FuentesConfiables.comnoviembre 18, 2018
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8min1150

Al ser consultado por el periódico El País sobre si “Uruguay va a aceptar la solicitud de asilo” del expresidente de Perú Alan García, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, respondió: “Sí”.
En diálogo con el diario local El Comercio, Nin Novoa indicó que “no hay plazo para darle una respuesta” al expresidente y expresó que se está a la espera de que Perú remita información para poder dar una respuesta oficial.
Por otra parte, el ministerio emitió un comunicado en el que informó que cancillería de Perú deberá “brindar la información necesaria” para que Uruguay pueda evaluar la situación y adoptar una decisión, siguiendo el procedimiento “establecido por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954”.

García, que se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Perú, se comunicó este domingo con el presidente Tabaré Vázquez y le transmitió su solicitud de asilo durante una llamada, informó Presidencia.

La cancillería peruana indicó este domingoque García se presentó en la noche de ayer sábado a la residencia del embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, quien anunció el hecho al ministerio.

García solicitó asilo conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay. El hecho fue anunciado por el ministerio a las autoridades uruguayas quienes deberán evaluar la situación.
Este sábado el Poder Judicial de Perú dictó un impedimento de salida por 18 meses contra el expresidente a partir de un pedido de la Fiscalía realizado el jueves, tras ampliar una investigación por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

Luego de conocer el pedido, García se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “A todo el país le digo que tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí. Creo en la historia y en la gloria del aprismo que es mi única riqueza”, expresó.


FuentesConfiables.comnoviembre 18, 2018
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Un juez peruano resolvió el sábado prohibir la salida del país durante 18 meses al expresidente Alan García, mientras es investigado por el presunto delito de corrupción en un caso que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

El exmandatario que gobernó Perú dos veces (1985-1990 y 2006-2011) no acudió a la audiencia judicial en la que el fiscal José Pérez sustentó su solicitud para impedir que García salga de la nación sudamericana.

Lea también: Alan García, ante investigación por caso Odebrecht: “Demuéstrenlo, imbéciles”

García, quien vive mayormente en España, arribó el jueves a Lima para declarar ante el fiscal Pérez en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de un tren eléctrico en Lima por parte de Odebrecht, pero la audiencia fue postergada por el magistrado.

El fiscal afirmó en la audiencia del sábado que Odebrecht habría pagado a García 100.000 dólares por una conferencia y que el dinero habría salido de un fondo de la empresa destinado a pagar sobornos en varios países de América Latina.

García ha confirmado que ha realizado varias conferencias a nivel global como expresidente, pero ha rechazado las acusaciones de que una presentación que realizó para un grupo de empresarios en Brasil fuera pagada por Odebrecht.

El caso de sobornos que involucra a Odebrecht ha salpicado a los cuatro últimos presidentes de Perú. Los exmandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están enfrentando investigaciones en el país, mientras que sobre Alejandro Toledo pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos.


FuentesConfiables.comnoviembre 15, 2018
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El expresidente peruano Alan García llamó hoy “imbéciles” a los que le imputan haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht en el caso de los sobornos que la compañía pagó para obtener la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

“Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo”, exhortó García en declaraciones a tres canales de televisión desde la puerta de su domicilio, tras haber asistido a una citación de la Fiscalía para ser interrogado, que se suspendió al revelarse en medios los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht al exmandatario.

Pocos minutos antes del interrogatorio, IDL-Reporteros desveló indicios de que Odebrecht pagó 100.000 dólares a García, presuntamente desde su cuenta oculta con la que pagaba sobornos en al menos una docena de países de Latinoamérica, a cambio de una conferencia que el exgobernante ofreció en Sao Paulo.

Asimismo, reveló que en los contratos y documentos de la conferencia presuntamente se falseó la fecha de la firma, para poner una anterior a la real con un método para ocultar los supuestos pagos ilícitos.

En ese sentido, Alan García reiteró que la conferencia que dio en Brasil no era para Odebrecht sino para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), y que además dio otras 34 conferencias en otros países distintos a Brasil.

“Por esa conferencia en Brasil, pagué más de 30.000 dólares en impuestos a la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)”, indicó García.

“Yo defendía que Brasil bajara sus aranceles. Para eso creo que los industriales querían escuchar mi voz. ¿Cómo es posible que paguen 50.000 u 80.000 dólares por hablar? ¿Qué culpa tengo de haber aportadas algunas cosas para el análisis económico mundial?”, agregó.

García negó haber sido receptor de dinero procedente de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la cuenta de la constructora brasileña desde donde salían los sobornos para lograr adjudicaciones en millonarios contratos de obras públicas, porque dijo que la conferencia fue anterior a todo eso.

Las sospechas sobre García se ciernen desde que el ejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre afirmó que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima, de los que 14 fueron para altos funcionarios del Gobierno.

Hasta ahora, el funcionario de mayor rango del Ejecutivo de Alan García implicado en este caso es el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien permanece en prisión preventiva por haber recibido al menos ocho millones de dólares de Odebrecht en cuentas bancarias a nombre suyo o de sus familiares en Andorra.

Tras las últimas revelaciones, el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, amplió la investigación contra García por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de dinero.

El caso Odebrecht abarca en Perú los sobornos que la empresa admitió haber pagado entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares para financiar las campañas de los principales líderes políticos.

Además de García, otros expresidentes involucrados en el caso son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (20016-2018), así como la líder opositora Keiko Fujimori, perdedora de las dos últimas elecciones presidenciales, quien actualmente está en prisión preventiva. 


FuentesConfiables.comnoviembre 2, 2018
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El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), quien permanece internado en una clínica desde que la Justicia de Perú anuló su indulto, lamentó hoy “haber metido en el mundo de la política” a su recientemente encarcelada hija Keiko Fujimori.

“Hija mía, siento mucho haberte metido en el mundo de la política que te ha hecho tanto daño. Te pido perdón por eso. Sólo espero tener las fuerzas y la vida para verte -como en ese día- libre al lado de mis nietecitas”, expresó Fujimori en un mensaje en su cuenta de Twitter, que difundió junto a una fotografía en el que aparece acompañado de Keiko y su familia.

Sobre la excandidata presidencial Keiko Fujimori recae una orden de prisión preventiva por 36 meses, que empezó a cumplir desde el último miércoles, fecha en la que un juez consideró que existe “graves sospechas” de que lideró una organización criminal enquistada en su partido Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) para captar dinero ilícito en la campaña electoral de 2011, que luego retribuiría con actos de corrupción en un probable gobierno.

Si bien la defensa de la líder opositora apeló la decisión adoptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, la abogada Giuliana Loza también estimó que esta puede estar resuelta en un plazo de dos o tres semanas.

Además está pendiente una resolución de recusación presentada por la Fiscalía contra una de las salas de apelaciones de la Sala Penal Nacional que, días atrás, anuló la detención preliminar por diez días contra Keiko Fujimori y otros investigados.

Consideró que esta circunstancia dilatará los plazos de la apelación con la que espera lograr nuevamente la libertad de su defendida; y que, en caso no lo consiga, presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema por considerar que no se respetaron los derechos de su defendida durante el proceso.

Entre las grandes sumas de dinero que Fuerza 2011 habría lavado se incluye al menos 1 millón de dólares proveniente de la constructora brasilera Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de Latinoamérica.

El lavado se realizó aparentemente con una contabilidad ficticia en la que se simularon múltiples donaciones de personas particulares a las que les pidieron que prestaran sus nombres para financiar la campaña electoral de 2011.


FuentesConfiables.comoctubre 25, 2018
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La audiencia judicial para dirimir si Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y principal líder opositora, pasa a prisión preventiva por un presunto delito de activos fue suspendida tras más de trece horas de alegatos entre la Fiscalía y la defensa.

La vista será reanudada este jueves a las 10:30 hora local (15:30 GMT) para continuar discutiendo la idoneidad del ingreso en prisión de la presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular mientras continúan las investigaciones sobre la financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.

En la sesión de hoy, celebrada en la Sala Penal Nacional a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, la discusión la ocupó íntegramente los cargos contra Fujimori, sin entrar a tratar sobre las otras diez personas del círculo cercano de Keiko para las que el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez también pide 36 meses de prisión preventiva.

El fiscal Pérez, quien dirige la investigación, se centró en intentar demostrar la financiación irregular que Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) llevó en la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011.

En su alocución, el fiscal enumeró los indicios que apuntan a que Fuerza Popular presuntamente ocultó grandes cantidades de dinero con una contabilidad ficticia en la que tomaron nombres de personas particulares para simular múltiples donaciones.

Como parte de ese dinero ocultado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber pagado a la campaña de Fujimori en sendas partidas de 500.000 dólares que tuvieron como receptores a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, incluidos en el pedido de prisión preventiva.

Durante más de seis horas de exposición, el fiscal se centró también en demostrar que los once requeridos para entrar a prisión preventiva formaban parte de una organización criminal al supuestamente actuar en contubernio y liderados por Keiko Fujimori.

Incidió en demostrar que el empresario Vicente Silva Checa asesora “en la sombra” a Keiko Fujimori a pesar de haber sido condenado anteriormente por ser uno de los operados de Vladimiro Montesinos, cabecilla de la gigantesca red de corrupción que capturó el aparato estatal durante el régimen de Alberto Fujimori.

Destacó los informes hallados a Silva Checa en los que este aconseja a Fuerza Popular trabar las investigaciones e intentar que algún tribunal las anule.

El fiscal también desveló que el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, pagó 210.000 dólares en efectivo a un medio de comunicación para comprar publicidad electoral, sin especificar el origen de ese dinero.

Aunque Chlimper negó la imputación, Keiko Fujimori anunció horas después en redes sociales la dimisión del número 2 de Fuerza Popular.

Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, respondió que la exposición del fiscal no tuvo ningún elemento de convicción que acredite que su patrocinada sea privada de libertad por tres años.

También advirtió que el fiscal Pérez supuestamente vulneró el secreto de cliente al mostrar en la audiencia documentos de los abogados.


FuentesConfiables.comoctubre 24, 2018
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La líder de oposición en Perú, Keiko Fujimori, podría ir a prisión preventiva por tres años si un juez acepta el miércoles el pedido de un fiscal que la investiga por presunto lavado de activos y recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht.

Decenas de simpatizantes de la política, que se congregaron cerca de la sede judicial en el centro de Lima para apoyar a la hija del expresidente Alberto Fujimori, se enfrentaron con detractores mientras comenzaba la audiencia y la policía tuvo que usar bombas lacrimógenas para despejar a los manifestantes.

La audiencia para resolver el pedido se inició bajo la dirección del juez Richard Concepción, cuyo fallo anterior de detención preliminar fue anulado la semana pasada por una sala superior alegando que la medida no había incluido fundamentos razonables para ordenar la prisión.

“Hemos identificado a parte de la estructura de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori”, dijo el fiscal José Pérez, quien lidera la investigación, en la audiencia transmitida por algunos canales de televisión.

Keiko Fujimori, que perdió en ajustados balotajes las elecciones presidenciales del 2011 y del 2016, es acusada de haber liderado una organización criminal con fines políticos y de recibir un aporte de 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral de inicios de la década.

El fiscal Pérez, que pide la prisión preventiva por riesgo de fuga de Fujimori y otros 11 colaboradores, tendría ahora más evidencias, como la de un testigo protegido que afirma que hubo aportantes falsos para ocultar el favor de Odebrecht, según documentos de la fiscalía publicados por la prensa local.

El proceso judicial ocurre en la misma semana en que el partido opositor Fuerza Popular -fundado por Keiko Fujimori- anunció una reorganización y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una licencia para apartarse “temporalmente” de la organización.

A inicios de octubre, el clan familiar sufrió otro golpe luego de que un juez anuló un indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordenó que cumpla una condena de 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.

En las calles cerca a la sede judicial, los simpatizantes de Fujimori con banderas color naranja de su partido permanecían apostados; mientras que los opositores a la líder política con vinchas en la frente gritaban “Fujimorismo nunca más” con fotos de apoyo de los rostros del fiscal y juez de la causa.

En tanto, la policía, con escudos y cascos de plástico, formaban un cordón para evitar nuevos enfrentamientos.


FuentesConfiables.comoctubre 19, 2018
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El destituido juez de la Corte Suprema peruana César Hinostroza que huyó a España tras ser acusado de liderar una red de corrupción de magistrados fue detenido el viernes en Madrid por la policía, dijo el presidente Martín Vizcarra.

El juez había huido el 7 de octubre pero no se conoció de ella hasta el miércoles, lo que provocó un clima de acusaciones mutuas entre el Gobierno de Lima, el Congreso dominado por la oposición y la fiscalía.

“Hoy en la madrugada (hora peruana) ya se capturó a César Hinostroza en Madrid, España. Está actualmente con la policía española, con agentes de relaciones exteriores y el agregado policial de Perú, quienes están haciendo todos los trámites”, dijo el presidente Vizcarra a la radio peruana RPP.

Hinostroza había ingresado a España el miércoles tras hacer una escala en Ámsterdam y solicitó asilo ese mismo día en una comisaría de Madrid, informó más temprano una fuente del Ministerio del Interior español.

Ahora, el controvertido exmagistrado pasará a disposición de la Audiencia Nacional de España que puede imponer medidas cautelares como el retiro del pasaporte, la comparecencia ante un juez cada cierto tiempo e incluso prisión provisional si consideran que hay riesgo de fuga, dijo la misma fuente.

Vizcarra dijo que antes de la captura del juez peruano con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para pedirle ayuda. “Me dijo que iba hacer el seguimiento y dar todas las indicaciones para el apoyo del Gobierno desde España”, refirió el mandatario peruano.

El presidente Vizcarra dijo el jueves que confía en que España no proteja a un juez corrupto se fugó hace 12 días aunque tenía un impedimento legal de salida del país.

Hinostroza fue destituido a principios de octubre por el Congreso peruano tras ser acusado de tráfico de influencias y de liderar una organización criminal, en un escándalo que provocó el miércoles la dimisión del ministro de Interior.

Aunque se había fugado hace días, las autoridades peruanas no informaron hasta el miércoles de que había escapado por la frontera norte hacia Ecuador y de allí a España. Tras el anuncio, funcionarios judiciales emitieron una orden de captura ante la policía internacional Interpol.

“No podemos bajar la guardia, la corrupción está enquistada en el Estado y tenemos que ser duros con ello”, dijo Vizcarra.

El presidente Vizcarra promueve una reforma del sistema judicial y político luego de que en julio estalló un escándalo de corrupción por la difusión de audios de jueces aparentemente pactando cargos y condenas, lo que generó la renuncia de varias autoridades del Poder Judicial.


FuentesConfiables.comoctubre 17, 2018
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La Justicia peruana aceptó los recursos de apelación y ordenó hoy la inmediata liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida la semana pasada en el marco de una investigación por lavado de activos.

Keiko Fujimori fue detenida dentro de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, donde aparentemente enmascaró un millón de dólares recibido de la constructora brasileña Odebrecht.


FuentesConfiables.comoctubre 16, 2018
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A pesar del fallo del Tribunal de La Haya en favor de Chile, existen controversias fronterizas y territoriales sin resolver, vigentes, producto de la guerra del Pacífico. Momento histórico que determina el alcance y significado de las relaciones geopolíticas presentes de Perú, Bolivia y Chile.

Además de ser el conflicto bélico la guerra del Pacífico entre los países suramericanos más importante del último siglo y medio –junto a la guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia con Paraguay- es la que proyecta sus consecuencias, aún hoy, de una manera mucho más visible que cualquier otra. De hecho, la compleja relación entre Perú, Bolivia y Chile no se entiende sin comprender cómo afecta esta guerra tanto al relato nacional de los tres países como a la interpretación geopolítica de una región, ya de por sí enfrentada por códigos geopolíticos dispares.

La guerra del Pacífico transcurre entre 1879 y 1884 y ofrece muy diferentes lecturas en función del relato nacional de cada uno de los tres actores involucrados. Inicialmente, la casus belli fue la subida de impuestos a la compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de Bolivia sobre Chile, y que vulneraba los acuerdos que estos dos países habían suscrito en 1866 y en 1874. Sin embargo, en la lectura del origen de la guerra, en Bolivia y Perú predomina la convicción de que la misma es más bien consecuencia del afán expansionista chileno, del cual ya se apreciaban proyecciones sobre el territorio de disputa, entre los paralelos 23° y 25° sur, desde el año 1842. Algo que también había afectado a las relaciones de Chile con Argentina, con motivo de la disputa por la Patagonia, con una extensión aproximada de un millón de kilómetros cuadrados.

Chile, con una lectura más ceñida al inmediatismo de los acontecimientos, arguye que la guerra era un callejón sin salida, en la medida en que los intentos diplomáticos por contener una posible escalada bélica fueron dinamitados por el entonces mandatario boliviano, Hilarión Daza –que además expulsó y embargó bienes a miles de chilenos residentes en Bolivia- y a lo que se sumaba la existencia de un tratado secreto, suscrito entre 1873, entre Bolivia y Perú, que albergaba el compromiso de asistencia militar recíproca de los aliados andinos frente al vecino del sur.

De lo que no hay duda entre los relatos historiográficos de la guerra del Pacífico, ya sea de Bolivia, Perú o Chile, es que el conflicto se resolvería, más pronto que tarde, del lado chileno. Los chilenos disponían para sí de una relación cívico-militar sin fisuras, de una gran capacidad de movilización de recursos, que llegó a aglutinar a 60.000 efectivos en apenas seis años, y a lo que había que añadir ventajas tecnológicas como una Armada más poderosa –entre la que destacaban las fragatas Cochrane y Blanco Encalada, las corbetas Esmeralda y Chacabuco o la cañonera Magallanes–además del uso del cañón de retrocarga o el fusil de repetición. Todos, elementos que le confirieron una ventaja de gran valor en el combate cuerpo a cuerpo. Además, Perú y Bolivia llegaban lastrados por multitud de fracturas y por un altísimo rezago económico e institucional que desembocarían en una guerra casi sin resistencia. Bolivia sería derrotada en apenas un año y Perú, aun cuando mantendría activas durante años las resistencias milicianas andinas, sería igualmente derrotado y afectado, sobre todo, por la ocupación de las tropas chilenas sobre la capital limeña durante más de tres años.

Como es de esperar, un punto de fricción entre los tres países se aprecia en cómo se inscribe la guerra del Pacífico en el relato nacional. En el caso de Perú, la derrota supone la pérdida inicial de los territorios de Arica y Tacna –que en Perú son conocidas como las “provincias cautivas”- si bien, a cambio, de este conflicto nacieron los nombres de los héroes de la patria peruana: Miguel Grau, Francisco Bolognesi o Andrés Avelino Cáceres. Todos ellos militares protagonistas de la defensa de la causa peruana que se convirtieron en los nombres de referencia que forjan la idea de nación y pasarán a estar presentes en todos los himnos, imágenes y símbolos patrios.

De otro lado, en Bolivia la guerra del Pacífico es la herida abierta, producto de la traición chilena que despoja a Bolivia de la región de Antofagasta y de la salida al Pacífico, y le obliga a capitular en un acuerdo hiriente para su esencia como nación, a inicios de abril de 1884. Así, cuando se dialoga con el alto mando militar boliviano –este trabajo es producto de varias entrevistas en profundidad a altos mandos de los Ejércitos de Chile, Bolivia y Perú- palabras tales como “traición”, “puñalada”, “abuso” o “injusticia” aparecen una y otra vez para recordar que la guerra del Pacífico está vigente, influye de manera directa en cómo se percibe al vecino austral y alienta el fervor nacional, presente desde las escuelas.

Por otro lado, para Chile no es más que la consecuencia estricta de un conflicto motivado por la enemistad boliviana, que es la razón primera de la guerra, y cuyas consecuencias no solo fueron aceptadas tras la suscripción del tratado de Ancón con Perú y el acuerdo con Bolivia, sino que después fueron ratificadas en 1904 y en 1929, de manera que no se entienden las reivindicaciones actuales de ambos países con respecto a Chile.

Y es que, aún hoy, y a pesar del fallo del Tribunal de La Haya en favor de Chile, existen controversias fronterizas y territoriales sin resolver, vigentes, producto de la guerra del Pacífico. Por un lado, con Perú hay una reclamación por un pequeño triángulo terrestre, de tres kilómetros de extensión, y que afecta al hito fronterizo número 1 con lo que se conoce como “Punto de Concordia” o “Punto 266”. Mientras, con Bolivia sigue presente la reivindicación de una salida al litoral Pacífico. Algo que se estima que afectaría, aproximadamente, a un 1,5% del PIBnacional anual boliviano y que Chile desmiente, ya que considera que la colaboración portuaria con un derecho de tránsito que mantiene en Arica y Antofagasta le cuesta al país cerca de 100 millones de dólares anuales.

La relación a tres presenta difíciles visos de resolverse de modo mutuamente satisfactorio, en especial, en lo que respecta a Bolivia y Chile. Más allá de los escenarios de diálogo existentes, Bolivia sigue reivindicando un marco negociador que integre intercambios cooperativos por parte de Chile. Algo que, sin embargo, a tenor del espaldarazo del fallo de La Haya, difícilmente se va a dar. Entre Perú y Bolivia, en el marco de la Comunidad Andina, y entre Perú y Chile, en la Alianza del Pacífico, las relaciones son estables, positivas y marcan una buena vecindad. Algo que contrasta con las relaciones entre Bolivia y Chile, las cuales continúan muy deterioradas y, ahora mismo sin representación diplomática.

El fallo de La Haya albergaba alguna posibilidad para Bolivia, que instaba a negociar un nuevo acuerdo satisfactorio para sus intereses, aunque también es cierto que, de haber resultado condenatorio para Chile, difícilmente hubiera cabido esperar la aceptación del mismo y una renegociación del reparto territorial sobre el Pacífico sur. Con un resultado de 12 votos a favor y 3 en contra, Chile ha obtenido una gran victoria diplomática, pues el fallo confiere plena validez a lo acordado en 1904 y cierra la vía a una futura negociación que, en el fondo, era lo que solicitaba la demanda boliviana. Una demanda que en ningún momento exigió ni la devolución de tierras ni la anulación del acuerdo previo, sino que solo instaba a una negociación de buena fe con vistas a lograr soberanía marítima y territorial sobre parte de lo perdido en la guerra del Pacífico y, por extensión, trascendiendo del mero derecho de tránsito que dispone en la actualidad. En definitiva, al no tratarse de una controversia territorial en sentido estricto y no haber cláusulas que amparen una renegociación, he ahí el fundamento jurídico en el que se ha inspirado el Tribunal para fallar en favor de Chile.

Las consecuencias de todo lo anterior gravitan en torno a una manera conflictiva de entender las relaciones entre vecinos. Si bien en Perú y Bolivia se sigue considerando la necesidad de revisar las consecuencias de la guerra del Pacífico, en el caso de Chile se entiende como seguir mirando atrás de manera innecesaria, a costa de limitar las proyecciones futuras de una buena vecindad. Respaldada la causa chilena, es difícil pensar en un arreglo tripartito futuro, lo cual invita a pensar en una relación tensa entre Chile y Bolivia, por un lado, y en una confluencia de códigos geopolíticos que seguirán sustantivados por el recelo, la desconfianza y la relativa distancia. A nivel interno, muy posiblemente, y aun cuando Bolivia seguirá utilizando esta cuestión para alimentar el sentimiento nacional y justificar la rivalidad con Chile, hay que ver cómo le puede pasar factura a Evo Morales en el marco de las elecciones presidenciales de enero de 2019. Especialmente, a tenor del fuerte compromiso que adquirió el presidente en el proceso de elevar la reclamación ante La Haya.

En conclusión, he aquí una buena muestra de cómo las guerras, los relatos, sus consecuencias y las prácticas y discursos que gravitan en torno a los hechos, marcan, no solo las lecturas e interpretaciones del pasado, sino que, igualmente, proyectan sobre los imaginarios impresiones y narrativas que determinan el alcance y significado de las relaciones geopolíticas presentes que, por cierto, resultan igualmente extensibles a otros escenarios de la región andina o Centroamérica. Quizá, haya algo en todo esto que explique por qué sigue tan fracturado, aún hoy, el escenario de la integración regional latinoamericana.

Fuente: Esglobal.


FuentesConfiables.comoctubre 16, 2018
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3min1360

Dos asesores clave de la líder opositora peruana Keiko Fujimori fueron detenidos el lunes por la policía en medio de una investigación de presuntos aportes ilegales de la firma brasileña Odebrecht, lo que profundiza la crisis en el corazón del partido conservador más poderoso del país andino.

El arresto se produjo cuando los asesores Ana Herz y Pier Figari participaban en una marcha de apoyo a Fujimori, quien fue detenida la semana pasada en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos, dijo la legisladora Ursula Letona a la radio local RPP.

Cientos de personas con banderas color naranja del partido Fuerza Popular marcharon por el centro de Lima demandando la liberación de la política, hija del expresidente Alberto Fujimori cuyo indulto concedido a fines del 2017 fue anulado por un juez a inicios de mes.

“Somos víctimas de detenciones arbitrarias a dirigentes de nuestro partido”, dijo Letona. “Es persecución política”, acotó.

Junto con los arrestos la policía revisó la casa de uno de los asesores en Lima, según imágenes de la televisión local. La orden de detención preliminar por 10 días a los asesores y a otros dos colaboradores incluye el allanamiento de sus viviendas.

Keiko Fujimori es investigada por presuntamente encabezar una organización criminal dentro de su partido político cuando postuló para las elecciones presidenciales del 2011, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción de la constructora Odebrecht, según un documento judicial.

La investigación tiene como base la declaración a fiscales peruanos del expresidente de la firma constructora en Perú, Jorge Barata, quien refirió sobre un aporte de 1,2 millones de dólares de la empresa para la campaña política de Keiko.

El escándalo de corrupción de Odebrecht, que ha reconocido sobornos en varios países de Latinoamérica, ha salpicado a los gobiernos de los últimos cuatro presidentes de Perú.


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