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Al menos 15 personas murieron y otras 30 resultaron heridas al colapsar el muro de un hotel en el poblado de Abancay, e el sureste del Perú, mientras se efectuaba un matrimonio, dijo el titular del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez.

El incidente se registró en el Hotel Alhambra del distrito de Tamburco, provincia de Abancay, em la región de Apurimac.

Los hechos sobrevinieron hacia las 00:30 horas de hoy domingo, al parecer asociados con el reblandecimiento de un muro como consecuencia de las lluvias de los últimos días en la zona.

Quince de los 30 heridos fueron dados de alta después de recibir cuidados médicos en el Hospital Regional de Abancay Guillermo Díaz de la Vega. Otros cinco lesionados registran condiciones de salud delicadas con pronóstico reservado, dijo Chávez.

Añadió que el hotel está construido muy cerca de una pendiente, y para contener los efectos de la eventual caída de rocas o material se construyó un muro, que resultó frágil porque al caer destruyó la pared perimetral del hotel y la caída del techo. “Las causas del accidente se investigan”, anotó.

En tanto, autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional continúan las labores para recuperar los cadáveres y proceder a la identificación de los mismos.

De manera preliminar se informó que suman 15 las personas fallecidas.

La Policía y Bomberos retiraron los cuerpos a una zona segura y según el avance de las diligencias, 8 víctimas mortales ya fueron identificadas.


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Al menos 15 personas murieron en una boda en Perú el domingo luego de que un muro en el hotel donde se llevaba la ceremonia se derrumbó en medio de intensas lluvias, dijo el jefe del Instituto de Defensa Civil, Jorge Chávez.

Otras 34 personas resultaron heridas, incluidas cinco que se encuentran en estado crítico, afirmó Chávez por teléfono.

El funcionario manifestó que la pared se vino abajo poco después de la medianoche, lo que provocó el colapso de una pesada estructura de una carpa sobre los invitados a la boda que se celebraba en el jardín del hotel.

Trece personas murieron en el mismo recinto, precisó Chávez.

El Hotel Alhambra, de la ciudad andina de Abancay, no pudo ser contactado de inmediato para realizar comentarios.


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El expresidente peruano Alberto Fujimori, cuyo indulto humanitario fue anulado el año pasado, dijo el miércoles que el final de su vida “está cerca” antes de su anunciado traslado a una prisión tras permanecer más de 100 días internado en una clínica privada por una afección cardiaca.

La Corte Suprema de Perú dijo la semana pasada que una junta de médicos evaluó a Fujimori y determinó que la salud del exmandatario es estable; y ordenó su traslado a una prisión para que cumpla su sentencia de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos durante su Gobierno, entre 1990 y el 2000.

Frente a una clínica privada donde aún estaba internado, decenas de simpatizantes daban vivas a Fujimori -de 80 años- por altavoces; y reclamaban la libertad del exmandatario. Varios vehículos de la policía aguardaban el traslado.

En una carta pública difundida por Twitter, Fujimori, que gobernó con mano dura en su década de poder, dijo que el juicio de la historia será más justo que sus “enemigos políticos”.

“Tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente?”, dijo Fujimori que publicó además una fotografía de su rostro, que lucía cansado.

Fujimori, destituido al inicio de un tercer mandato en el 2000 tras acusaciones de corrupción, se dirigió a sus hijos y afirmó que cuando “las injusticias hayan terminado miren a Perú que hoy tenemos y me recuerden con la convicción de que todo lo malo que me tocó vivir al final de mi vida valió la pena”.

El exmandatario será llevado a la prisión policial Barbadillo, ubicado en un barrio pobre en la periferia de Lima, donde las autoridades han acondicionado mobiliario médico ante cualquier eventualidad en torno a la salud de Fujimori.

De acuerdo a sus doctores, el exgobernante sufre de depresión e hipertensión arterial y en los últimos años ha sido operado seis veces en la lengua por lesiones cancerígenas.

EL OCASO DE LOS FUJIMORI

Fujimori ha pasado los últimos cuatro meses en la clínica Centenario Peruano Japonesa para evitar ser enviado de nuevo a prisión, según sus opositores, después de que un juez anuló en octubre el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en vísperas de la Navidad del 2017.

El indulto fue evaluado por un juez local a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas de abusos a los derechos humanos.

Los abogados de Fujimori apelaron la anulación del indulto y una sala de la Corte Suprema que analiza el tema ha dicho que en cualquier momento podría definir la situación del expresidente.

La familia Fujimori transita por su peor momento.

Su hija mayor, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, también está recluida en una prisión desde inicios de noviembre, luego de que un juez ordenó su prisión preventiva por tres años mientras se la investiga por presuntamente recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Alberto Fujimori cumplirá una condena por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas por parte de un grupo militar y policial, que actuaba bajo la sombra para luchar contra el grupo rebelde de Sendero Luminoso.

Padre e hija niegan las acusaciones en su contra.

Su hijo menor Kenji, un legislador que alguna vez habló de postularse a la presidencia, se retiró de la política después de que el partido de su hermana lo suspendió el año pasado del Congreso tras la publicación de varios videos en que presionaba a legisladores para mantener a Kuczynski en el poder.

Los partidarios de Fujimori le dan crédito por haber sofocado a la insurgencia de la izquierda radical y sacar a Perú de una crisis económica en los 90′, y niegan o minimizan el autoritarismo y los asesinatos extrajudiciales en su gobierno.


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Perú ha reiterado que no reconoce la legitimidad del segundo mandato que Nicolás Maduro ha iniciado este jueves como presidente de Venezuela y ha anunciado una serie de medidas contra él y su Gobierno que incluyen vetar su entrada a territorio peruano.

El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que “reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela”.

En cambio, el Ejecutivo de Martín Vizcarra ha dado “pleno respaldo a la Asamblea Nacional”, controlada por la oposición venezolana, “resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país”.

Como primeras medidas, el Gobierno peruano ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la Embajada en Caracas, Rosa Álvarez, y ha prohibido la entrada en territorio peruano a Maduro y cien miembros de su “régimen” y “personas relacionadas con este”.

También ha adoptado “medidas económico-financieras” contra Maduro y las personas físicas y jurídicas relacionadas con su Gobierno. Así, por ejemplo, ha confirmado que “las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas”.

PUNTO DE INFLEXIÓN

El líder ‘chavista’ ha tomado posesión este jueves para un segundo mandato, conforme al resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo, en las que se impuso con un 67 por ciento de los votos, de acuerdo con datos oficiales.

La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional no reconocieron los resultados electorales por considerar que fueron fruto de un proceso fraudulento y, en consecuencia, tampoco reconocerán el segundo mandato de Maduro. Además, algunos países han anunciado ya una batería de sanciones diplomáticas y económicas contra Venezuela.

Como muestra del rechazo interno, la investidura se ha celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por magistrados ‘chavistas’, porque la Asamblea Nacional, donde suelen tener lugar las tomas de posesión de los presidentes venezolanos, se ha negado a acogerla.

En cuanto a la comunidad internacional, los únicos presidentes latinoamericanos que han acudido a Caracas para atestiguar el arranque del segundo mandato de Maduro han sido los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, miembros del llamado eje bolivariano.

El Grupo de Lima –formado por catorce países de América Latina y el Caribe– ha boicoteado el acto, a excepción de México, que ha estado representado por su encargado de negocios en Caracas. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus estados miembros no han enviado a nadie.


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Tras cinco meses como fiscal general de Perú y semanas de cuestionamientos por entidades de los sectores público y político por sus presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con el lavado de dinero, Pedro Chávarry presentará hoy su renuncia al cargo.

Chávarry presentará este mismo martes su dimisión, de acuerdo a lo que anunció en su cuenta de Twitter “presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación”, puesto que pondrá a disposición de la Junta de Fiscales Supremos.

Explicó que tomó su decisión para “evitar que otros entes autónomos se vean igualmente vulnerados constitucionalmente”.

Este martes en declaraciones a la radiodifusora colombiana Blu Radio precisó que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público es lo que le llevó a tomar su decisión, y de ninguna manera algún vínculo con el caso Odebrecht.

Sobre este caso dijo que en Perú la situación por ese caso es ya insostenible. “Básicamente, el caso Odebrecht ha permitido polarizar el país, lo cual ha generado una serie de problemas, de distorsiones y también atentados contra el funcionamiento del buen sistema de justicia”, agregó.

Chávarry seguirá formando parte de la Junta de Fiscales Supremos integrada por cinco miembros, además del fiscal dimitente, por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

El anuncio de Pedro Chávarry llegó horas después de la renuncia de su principal asesor, Juan Manuel Duarte, cuyas oficinas fueron allanadas días antes por el equipo especial del Caso Lava Jato.

Precisamente la víspera, cinco grupos parlamentarios (Bancada Liberal, Célula Parlamentaria Aprista, Peruanos por el Kambio, Acción Popular y Cambio 21) representados por sus voceros le enviaron un oficio exigiendo su renuncia “inmediata”.

Por su parte, Pablo Sánchez, integrante de la Junta adelantó su negativa para relevar en el cargo a Pedro Chávarry, por lo que la sucesora tendría que ser Zoraida Ávalos.


FuentesConfiables.comdiciembre 1, 2018
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CIUDAD DE MÉXICO

Durante su primer mensaje como presidente de México en San Lázaro, Andrés Manuel López Obrador propuso al pueblo de México poner un punto final para que no haya persecución a los funcionarios del pasado.

López Obrador reiteró que no es su fuerte la venganza y “que si bien no olvida, sí es partidario del perdón y al indulgencia”.

Dijo que quieren regenerar de verdad la vida pública de México, porque si abren los expedientes se delimitarían a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre.

Tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes y lo más serio meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación”, destacó.

Señaló que lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.

Fuente: Excelsior


FuentesConfiables.comnoviembre 18, 2018
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Al ser consultado por el periódico El País sobre si “Uruguay va a aceptar la solicitud de asilo” del expresidente de Perú Alan García, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, respondió: “Sí”.
En diálogo con el diario local El Comercio, Nin Novoa indicó que “no hay plazo para darle una respuesta” al expresidente y expresó que se está a la espera de que Perú remita información para poder dar una respuesta oficial.
Por otra parte, el ministerio emitió un comunicado en el que informó que cancillería de Perú deberá “brindar la información necesaria” para que Uruguay pueda evaluar la situación y adoptar una decisión, siguiendo el procedimiento “establecido por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954”.

García, que se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Perú, se comunicó este domingo con el presidente Tabaré Vázquez y le transmitió su solicitud de asilo durante una llamada, informó Presidencia.

La cancillería peruana indicó este domingoque García se presentó en la noche de ayer sábado a la residencia del embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, quien anunció el hecho al ministerio.

García solicitó asilo conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay. El hecho fue anunciado por el ministerio a las autoridades uruguayas quienes deberán evaluar la situación.
Este sábado el Poder Judicial de Perú dictó un impedimento de salida por 18 meses contra el expresidente a partir de un pedido de la Fiscalía realizado el jueves, tras ampliar una investigación por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

Luego de conocer el pedido, García se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “A todo el país le digo que tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí. Creo en la historia y en la gloria del aprismo que es mi única riqueza”, expresó.


FuentesConfiables.comnoviembre 18, 2018
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Un juez peruano resolvió el sábado prohibir la salida del país durante 18 meses al expresidente Alan García, mientras es investigado por el presunto delito de corrupción en un caso que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

El exmandatario que gobernó Perú dos veces (1985-1990 y 2006-2011) no acudió a la audiencia judicial en la que el fiscal José Pérez sustentó su solicitud para impedir que García salga de la nación sudamericana.

Lea también: Alan García, ante investigación por caso Odebrecht: “Demuéstrenlo, imbéciles”

García, quien vive mayormente en España, arribó el jueves a Lima para declarar ante el fiscal Pérez en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de un tren eléctrico en Lima por parte de Odebrecht, pero la audiencia fue postergada por el magistrado.

El fiscal afirmó en la audiencia del sábado que Odebrecht habría pagado a García 100.000 dólares por una conferencia y que el dinero habría salido de un fondo de la empresa destinado a pagar sobornos en varios países de América Latina.

García ha confirmado que ha realizado varias conferencias a nivel global como expresidente, pero ha rechazado las acusaciones de que una presentación que realizó para un grupo de empresarios en Brasil fuera pagada por Odebrecht.

El caso de sobornos que involucra a Odebrecht ha salpicado a los cuatro últimos presidentes de Perú. Los exmandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están enfrentando investigaciones en el país, mientras que sobre Alejandro Toledo pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos.


FuentesConfiables.comnoviembre 15, 2018
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El expresidente peruano Alan García llamó hoy “imbéciles” a los que le imputan haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht en el caso de los sobornos que la compañía pagó para obtener la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

“Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo”, exhortó García en declaraciones a tres canales de televisión desde la puerta de su domicilio, tras haber asistido a una citación de la Fiscalía para ser interrogado, que se suspendió al revelarse en medios los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht al exmandatario.

Pocos minutos antes del interrogatorio, IDL-Reporteros desveló indicios de que Odebrecht pagó 100.000 dólares a García, presuntamente desde su cuenta oculta con la que pagaba sobornos en al menos una docena de países de Latinoamérica, a cambio de una conferencia que el exgobernante ofreció en Sao Paulo.

Asimismo, reveló que en los contratos y documentos de la conferencia presuntamente se falseó la fecha de la firma, para poner una anterior a la real con un método para ocultar los supuestos pagos ilícitos.

En ese sentido, Alan García reiteró que la conferencia que dio en Brasil no era para Odebrecht sino para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), y que además dio otras 34 conferencias en otros países distintos a Brasil.

“Por esa conferencia en Brasil, pagué más de 30.000 dólares en impuestos a la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)”, indicó García.

“Yo defendía que Brasil bajara sus aranceles. Para eso creo que los industriales querían escuchar mi voz. ¿Cómo es posible que paguen 50.000 u 80.000 dólares por hablar? ¿Qué culpa tengo de haber aportadas algunas cosas para el análisis económico mundial?”, agregó.

García negó haber sido receptor de dinero procedente de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la cuenta de la constructora brasileña desde donde salían los sobornos para lograr adjudicaciones en millonarios contratos de obras públicas, porque dijo que la conferencia fue anterior a todo eso.

Las sospechas sobre García se ciernen desde que el ejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre afirmó que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima, de los que 14 fueron para altos funcionarios del Gobierno.

Hasta ahora, el funcionario de mayor rango del Ejecutivo de Alan García implicado en este caso es el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien permanece en prisión preventiva por haber recibido al menos ocho millones de dólares de Odebrecht en cuentas bancarias a nombre suyo o de sus familiares en Andorra.

Tras las últimas revelaciones, el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, amplió la investigación contra García por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de dinero.

El caso Odebrecht abarca en Perú los sobornos que la empresa admitió haber pagado entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares para financiar las campañas de los principales líderes políticos.

Además de García, otros expresidentes involucrados en el caso son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (20016-2018), así como la líder opositora Keiko Fujimori, perdedora de las dos últimas elecciones presidenciales, quien actualmente está en prisión preventiva. 


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