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Perú ha reiterado que no reconoce la legitimidad del segundo mandato que Nicolás Maduro ha iniciado este jueves como presidente de Venezuela y ha anunciado una serie de medidas contra él y su Gobierno que incluyen vetar su entrada a territorio peruano.

El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que “reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela”.

En cambio, el Ejecutivo de Martín Vizcarra ha dado “pleno respaldo a la Asamblea Nacional”, controlada por la oposición venezolana, “resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país”.

Como primeras medidas, el Gobierno peruano ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la Embajada en Caracas, Rosa Álvarez, y ha prohibido la entrada en territorio peruano a Maduro y cien miembros de su “régimen” y “personas relacionadas con este”.

También ha adoptado “medidas económico-financieras” contra Maduro y las personas físicas y jurídicas relacionadas con su Gobierno. Así, por ejemplo, ha confirmado que “las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas”.

PUNTO DE INFLEXIÓN

El líder ‘chavista’ ha tomado posesión este jueves para un segundo mandato, conforme al resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo, en las que se impuso con un 67 por ciento de los votos, de acuerdo con datos oficiales.

La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional no reconocieron los resultados electorales por considerar que fueron fruto de un proceso fraudulento y, en consecuencia, tampoco reconocerán el segundo mandato de Maduro. Además, algunos países han anunciado ya una batería de sanciones diplomáticas y económicas contra Venezuela.

Como muestra del rechazo interno, la investidura se ha celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por magistrados ‘chavistas’, porque la Asamblea Nacional, donde suelen tener lugar las tomas de posesión de los presidentes venezolanos, se ha negado a acogerla.

En cuanto a la comunidad internacional, los únicos presidentes latinoamericanos que han acudido a Caracas para atestiguar el arranque del segundo mandato de Maduro han sido los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, miembros del llamado eje bolivariano.

El Grupo de Lima –formado por catorce países de América Latina y el Caribe– ha boicoteado el acto, a excepción de México, que ha estado representado por su encargado de negocios en Caracas. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus estados miembros no han enviado a nadie.


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Tras cinco meses como fiscal general de Perú y semanas de cuestionamientos por entidades de los sectores público y político por sus presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con el lavado de dinero, Pedro Chávarry presentará hoy su renuncia al cargo.

Chávarry presentará este mismo martes su dimisión, de acuerdo a lo que anunció en su cuenta de Twitter “presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación”, puesto que pondrá a disposición de la Junta de Fiscales Supremos.

Explicó que tomó su decisión para “evitar que otros entes autónomos se vean igualmente vulnerados constitucionalmente”.

Este martes en declaraciones a la radiodifusora colombiana Blu Radio precisó que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público es lo que le llevó a tomar su decisión, y de ninguna manera algún vínculo con el caso Odebrecht.

Sobre este caso dijo que en Perú la situación por ese caso es ya insostenible. “Básicamente, el caso Odebrecht ha permitido polarizar el país, lo cual ha generado una serie de problemas, de distorsiones y también atentados contra el funcionamiento del buen sistema de justicia”, agregó.

Chávarry seguirá formando parte de la Junta de Fiscales Supremos integrada por cinco miembros, además del fiscal dimitente, por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

El anuncio de Pedro Chávarry llegó horas después de la renuncia de su principal asesor, Juan Manuel Duarte, cuyas oficinas fueron allanadas días antes por el equipo especial del Caso Lava Jato.

Precisamente la víspera, cinco grupos parlamentarios (Bancada Liberal, Célula Parlamentaria Aprista, Peruanos por el Kambio, Acción Popular y Cambio 21) representados por sus voceros le enviaron un oficio exigiendo su renuncia “inmediata”.

Por su parte, Pablo Sánchez, integrante de la Junta adelantó su negativa para relevar en el cargo a Pedro Chávarry, por lo que la sucesora tendría que ser Zoraida Ávalos.


FuentesConfiables.comdiciembre 1, 2018
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CIUDAD DE MÉXICO

Durante su primer mensaje como presidente de México en San Lázaro, Andrés Manuel López Obrador propuso al pueblo de México poner un punto final para que no haya persecución a los funcionarios del pasado.

López Obrador reiteró que no es su fuerte la venganza y “que si bien no olvida, sí es partidario del perdón y al indulgencia”.

Dijo que quieren regenerar de verdad la vida pública de México, porque si abren los expedientes se delimitarían a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre.

Tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes y lo más serio meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación”, destacó.

Señaló que lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.

Fuente: Excelsior


FuentesConfiables.comnoviembre 18, 2018
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Al ser consultado por el periódico El País sobre si “Uruguay va a aceptar la solicitud de asilo” del expresidente de Perú Alan García, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, respondió: “Sí”.
En diálogo con el diario local El Comercio, Nin Novoa indicó que “no hay plazo para darle una respuesta” al expresidente y expresó que se está a la espera de que Perú remita información para poder dar una respuesta oficial.
Por otra parte, el ministerio emitió un comunicado en el que informó que cancillería de Perú deberá “brindar la información necesaria” para que Uruguay pueda evaluar la situación y adoptar una decisión, siguiendo el procedimiento “establecido por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954”.

García, que se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Perú, se comunicó este domingo con el presidente Tabaré Vázquez y le transmitió su solicitud de asilo durante una llamada, informó Presidencia.

La cancillería peruana indicó este domingoque García se presentó en la noche de ayer sábado a la residencia del embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, quien anunció el hecho al ministerio.

García solicitó asilo conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay. El hecho fue anunciado por el ministerio a las autoridades uruguayas quienes deberán evaluar la situación.
Este sábado el Poder Judicial de Perú dictó un impedimento de salida por 18 meses contra el expresidente a partir de un pedido de la Fiscalía realizado el jueves, tras ampliar una investigación por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

Luego de conocer el pedido, García se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “A todo el país le digo que tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí. Creo en la historia y en la gloria del aprismo que es mi única riqueza”, expresó.


FuentesConfiables.comnoviembre 18, 2018
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Un juez peruano resolvió el sábado prohibir la salida del país durante 18 meses al expresidente Alan García, mientras es investigado por el presunto delito de corrupción en un caso que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

El exmandatario que gobernó Perú dos veces (1985-1990 y 2006-2011) no acudió a la audiencia judicial en la que el fiscal José Pérez sustentó su solicitud para impedir que García salga de la nación sudamericana.

Lea también: Alan García, ante investigación por caso Odebrecht: “Demuéstrenlo, imbéciles”

García, quien vive mayormente en España, arribó el jueves a Lima para declarar ante el fiscal Pérez en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de un tren eléctrico en Lima por parte de Odebrecht, pero la audiencia fue postergada por el magistrado.

El fiscal afirmó en la audiencia del sábado que Odebrecht habría pagado a García 100.000 dólares por una conferencia y que el dinero habría salido de un fondo de la empresa destinado a pagar sobornos en varios países de América Latina.

García ha confirmado que ha realizado varias conferencias a nivel global como expresidente, pero ha rechazado las acusaciones de que una presentación que realizó para un grupo de empresarios en Brasil fuera pagada por Odebrecht.

El caso de sobornos que involucra a Odebrecht ha salpicado a los cuatro últimos presidentes de Perú. Los exmandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están enfrentando investigaciones en el país, mientras que sobre Alejandro Toledo pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos.


FuentesConfiables.comnoviembre 15, 2018
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El expresidente peruano Alan García llamó hoy “imbéciles” a los que le imputan haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht en el caso de los sobornos que la compañía pagó para obtener la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

“Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo”, exhortó García en declaraciones a tres canales de televisión desde la puerta de su domicilio, tras haber asistido a una citación de la Fiscalía para ser interrogado, que se suspendió al revelarse en medios los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht al exmandatario.

Pocos minutos antes del interrogatorio, IDL-Reporteros desveló indicios de que Odebrecht pagó 100.000 dólares a García, presuntamente desde su cuenta oculta con la que pagaba sobornos en al menos una docena de países de Latinoamérica, a cambio de una conferencia que el exgobernante ofreció en Sao Paulo.

Asimismo, reveló que en los contratos y documentos de la conferencia presuntamente se falseó la fecha de la firma, para poner una anterior a la real con un método para ocultar los supuestos pagos ilícitos.

En ese sentido, Alan García reiteró que la conferencia que dio en Brasil no era para Odebrecht sino para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), y que además dio otras 34 conferencias en otros países distintos a Brasil.

“Por esa conferencia en Brasil, pagué más de 30.000 dólares en impuestos a la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)”, indicó García.

“Yo defendía que Brasil bajara sus aranceles. Para eso creo que los industriales querían escuchar mi voz. ¿Cómo es posible que paguen 50.000 u 80.000 dólares por hablar? ¿Qué culpa tengo de haber aportadas algunas cosas para el análisis económico mundial?”, agregó.

García negó haber sido receptor de dinero procedente de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la cuenta de la constructora brasileña desde donde salían los sobornos para lograr adjudicaciones en millonarios contratos de obras públicas, porque dijo que la conferencia fue anterior a todo eso.

Las sospechas sobre García se ciernen desde que el ejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre afirmó que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima, de los que 14 fueron para altos funcionarios del Gobierno.

Hasta ahora, el funcionario de mayor rango del Ejecutivo de Alan García implicado en este caso es el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien permanece en prisión preventiva por haber recibido al menos ocho millones de dólares de Odebrecht en cuentas bancarias a nombre suyo o de sus familiares en Andorra.

Tras las últimas revelaciones, el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, amplió la investigación contra García por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de dinero.

El caso Odebrecht abarca en Perú los sobornos que la empresa admitió haber pagado entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares para financiar las campañas de los principales líderes políticos.

Además de García, otros expresidentes involucrados en el caso son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (20016-2018), así como la líder opositora Keiko Fujimori, perdedora de las dos últimas elecciones presidenciales, quien actualmente está en prisión preventiva. 


FuentesConfiables.comnoviembre 2, 2018
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El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), quien permanece internado en una clínica desde que la Justicia de Perú anuló su indulto, lamentó hoy “haber metido en el mundo de la política” a su recientemente encarcelada hija Keiko Fujimori.

“Hija mía, siento mucho haberte metido en el mundo de la política que te ha hecho tanto daño. Te pido perdón por eso. Sólo espero tener las fuerzas y la vida para verte -como en ese día- libre al lado de mis nietecitas”, expresó Fujimori en un mensaje en su cuenta de Twitter, que difundió junto a una fotografía en el que aparece acompañado de Keiko y su familia.

Sobre la excandidata presidencial Keiko Fujimori recae una orden de prisión preventiva por 36 meses, que empezó a cumplir desde el último miércoles, fecha en la que un juez consideró que existe “graves sospechas” de que lideró una organización criminal enquistada en su partido Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) para captar dinero ilícito en la campaña electoral de 2011, que luego retribuiría con actos de corrupción en un probable gobierno.

Si bien la defensa de la líder opositora apeló la decisión adoptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, la abogada Giuliana Loza también estimó que esta puede estar resuelta en un plazo de dos o tres semanas.

Además está pendiente una resolución de recusación presentada por la Fiscalía contra una de las salas de apelaciones de la Sala Penal Nacional que, días atrás, anuló la detención preliminar por diez días contra Keiko Fujimori y otros investigados.

Consideró que esta circunstancia dilatará los plazos de la apelación con la que espera lograr nuevamente la libertad de su defendida; y que, en caso no lo consiga, presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema por considerar que no se respetaron los derechos de su defendida durante el proceso.

Entre las grandes sumas de dinero que Fuerza 2011 habría lavado se incluye al menos 1 millón de dólares proveniente de la constructora brasilera Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de Latinoamérica.

El lavado se realizó aparentemente con una contabilidad ficticia en la que se simularon múltiples donaciones de personas particulares a las que les pidieron que prestaran sus nombres para financiar la campaña electoral de 2011.


FuentesConfiables.comoctubre 25, 2018
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La audiencia judicial para dirimir si Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y principal líder opositora, pasa a prisión preventiva por un presunto delito de activos fue suspendida tras más de trece horas de alegatos entre la Fiscalía y la defensa.

La vista será reanudada este jueves a las 10:30 hora local (15:30 GMT) para continuar discutiendo la idoneidad del ingreso en prisión de la presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular mientras continúan las investigaciones sobre la financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.

En la sesión de hoy, celebrada en la Sala Penal Nacional a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, la discusión la ocupó íntegramente los cargos contra Fujimori, sin entrar a tratar sobre las otras diez personas del círculo cercano de Keiko para las que el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez también pide 36 meses de prisión preventiva.

El fiscal Pérez, quien dirige la investigación, se centró en intentar demostrar la financiación irregular que Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) llevó en la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011.

En su alocución, el fiscal enumeró los indicios que apuntan a que Fuerza Popular presuntamente ocultó grandes cantidades de dinero con una contabilidad ficticia en la que tomaron nombres de personas particulares para simular múltiples donaciones.

Como parte de ese dinero ocultado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber pagado a la campaña de Fujimori en sendas partidas de 500.000 dólares que tuvieron como receptores a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, incluidos en el pedido de prisión preventiva.

Durante más de seis horas de exposición, el fiscal se centró también en demostrar que los once requeridos para entrar a prisión preventiva formaban parte de una organización criminal al supuestamente actuar en contubernio y liderados por Keiko Fujimori.

Incidió en demostrar que el empresario Vicente Silva Checa asesora “en la sombra” a Keiko Fujimori a pesar de haber sido condenado anteriormente por ser uno de los operados de Vladimiro Montesinos, cabecilla de la gigantesca red de corrupción que capturó el aparato estatal durante el régimen de Alberto Fujimori.

Destacó los informes hallados a Silva Checa en los que este aconseja a Fuerza Popular trabar las investigaciones e intentar que algún tribunal las anule.

El fiscal también desveló que el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, pagó 210.000 dólares en efectivo a un medio de comunicación para comprar publicidad electoral, sin especificar el origen de ese dinero.

Aunque Chlimper negó la imputación, Keiko Fujimori anunció horas después en redes sociales la dimisión del número 2 de Fuerza Popular.

Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, respondió que la exposición del fiscal no tuvo ningún elemento de convicción que acredite que su patrocinada sea privada de libertad por tres años.

También advirtió que el fiscal Pérez supuestamente vulneró el secreto de cliente al mostrar en la audiencia documentos de los abogados.


FuentesConfiables.comoctubre 24, 2018
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La líder de oposición en Perú, Keiko Fujimori, podría ir a prisión preventiva por tres años si un juez acepta el miércoles el pedido de un fiscal que la investiga por presunto lavado de activos y recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht.

Decenas de simpatizantes de la política, que se congregaron cerca de la sede judicial en el centro de Lima para apoyar a la hija del expresidente Alberto Fujimori, se enfrentaron con detractores mientras comenzaba la audiencia y la policía tuvo que usar bombas lacrimógenas para despejar a los manifestantes.

La audiencia para resolver el pedido se inició bajo la dirección del juez Richard Concepción, cuyo fallo anterior de detención preliminar fue anulado la semana pasada por una sala superior alegando que la medida no había incluido fundamentos razonables para ordenar la prisión.

“Hemos identificado a parte de la estructura de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori”, dijo el fiscal José Pérez, quien lidera la investigación, en la audiencia transmitida por algunos canales de televisión.

Keiko Fujimori, que perdió en ajustados balotajes las elecciones presidenciales del 2011 y del 2016, es acusada de haber liderado una organización criminal con fines políticos y de recibir un aporte de 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral de inicios de la década.

El fiscal Pérez, que pide la prisión preventiva por riesgo de fuga de Fujimori y otros 11 colaboradores, tendría ahora más evidencias, como la de un testigo protegido que afirma que hubo aportantes falsos para ocultar el favor de Odebrecht, según documentos de la fiscalía publicados por la prensa local.

El proceso judicial ocurre en la misma semana en que el partido opositor Fuerza Popular -fundado por Keiko Fujimori- anunció una reorganización y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una licencia para apartarse “temporalmente” de la organización.

A inicios de octubre, el clan familiar sufrió otro golpe luego de que un juez anuló un indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordenó que cumpla una condena de 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.

En las calles cerca a la sede judicial, los simpatizantes de Fujimori con banderas color naranja de su partido permanecían apostados; mientras que los opositores a la líder política con vinchas en la frente gritaban “Fujimorismo nunca más” con fotos de apoyo de los rostros del fiscal y juez de la causa.

En tanto, la policía, con escudos y cascos de plástico, formaban un cordón para evitar nuevos enfrentamientos.


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