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El candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada Orellana será trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, ordenó este martes la jueza federal del sur de Florida Alicia M. Otazo-Reyes.

Durante una audiencia en Miami, a la que acudieron Estrada y Juan Pablo González Mayorga, quien también enfrenta los mismos cargos de conspirar para importar cocaína y para usar fusiles, la jueza ordenó a los US Marshals (Servicio de Alguaciles) el traslado a Nueva York, “lo antes posible”.

Ambos se presentaron este martes en compañía del abogado Roberto Feitell, quien aceptó ante la jueza la “detención temporal” mientras se presentan a la primera audiencia formal en Nueva York, en la que procede usualmente la solicitud de libertad bajo fianza por parte de la defensa.

El candidato presidencial, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha), y González, quienes fueron arrestados el miércoles pasado en Miami, habían acudido el jueves pasado, sin abogados, ante el juez Jonathan Goodman, quien les otorgó tres días hábiles para gestionar su representación legal.

Esposados y vestidos con uniforme de preso color beige, Estrada y González aceptaron este martes durante una breve audiencia su traslado a Nueva York y solicitaron a través de su abogado que fuera “lo antes posible”.

De resultar culpables, Estrada, de 58 años, y González Mayorga, de 50, podrían enfrentan una condena de entre diez años hasta cadena perpetua, señaló la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan.

Según la demanda, ambos hacen parte de un grupo de personas investigado desde diciembre pasado por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) de intentar solicitar dinero al cartel mexicano de Sinaloa para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Ambos fueron interceptados por agentes de la DEA que se hicieron pasar como narcotraficantes de ese cartel y mantuvieron negociaciones en Guatemala y Florida en las que prometían facilitar el tráfico de la droga si Estrada ganaba las elecciones presidenciales del próximo 16 de junio.

La Fiscalía señala que Estrada ofreció presuntamente nombrar a miembros del cartel mexicano en posiciones de alto nivel en el Gobierno de Guatemala de resultar electo.

Incluso afirma además que Estrada y González pidieron a los informantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a rivales políticos.

Este lunes trascendió que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, admitió haberse reunido en abril pasado con Estrada, en una finca de propiedad del empresario para hablar del proceso electoral y de seguir los “buenos proyectos” impulsados por su Gobierno. 


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 La violencia se cobró en el primer trimestre de 2019 en Guatemala un total de 1.183 víctimas, según estadísticas divulgadas este miércoles.

De acuerdo con el estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entre enero y marzo pasado fueron asesinados 1.006 hombres y 177 mujeres en el país centroamericano.

La cifra de homicidios registrados en el primer trimestre de este año fue levemente superior a los 1.180 que se perpetraron en el mismo periodo del 2018.

Según las estadísticas oficiales, del total de asesinatos cometidos entre enero y marzo último un total de 838, es decir el 70,8 por ciento, fueron por heridas de arma de fuego y el resto por otras causas asociadas a la violencia.

Mientras que durante el mismo periodo del año pasado había sido 839 personas, el 71,1 por ciento, las que murieron por heridas de bala.

Las estadísticas revelan que el asesinato de mujeres se redujo en el primer trimestre de 2019 en un 3,8 por ciento.

Un total de 177 féminas fueron asesinadas entre enero y marzo último en Guatemala, contra las 184 del mismo periodo de 2018.

Según estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad divulgadas por el Ministerio de Gobernación (Interior), la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el primer trimestre de este año fue de 22,1, en tanto que en los primeros tres meses del 2018 fue de 24,5.

Las cifras también dan cuenta de que los casos de secuestros se redujeron en 50 por ciento, ya que solo se registraron cuatro entre enero y marzo pasado contra los ocho del 2018.

Los robos a las residencias también descendieron 40 por ciento, de acuerdo con las autoridades, que contabilizaron 79 hechos en el primer trimestre de 2019 y en el mismo periodo del 2018 sumaron 133.

En tanto que los casos de robo a comercios bajaron 21,6 por ciento, es decir, 26 casos menos que los 120 contabilizados el año pasado.

Guatemala está considerado como uno de los países más violentos de América Latina.

El año pasado el país centroamericano cerró con 4.914 asesinatos, de acuerdo con las estadísticas del Inacif, mientras que en 2017 se registraron 5.384 homicidios. 


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La adopción de nuevas políticas de “tolerancia cero” a la migración en Estados Unidos provocó que en los últimos meses 6.496 niños guatemaltecos fueran separados de sus padres, informó hoy en Ginebra el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pablo García Saenz.

El vicecanciller, que intervino ante el Comité de Protección de Derechos de Trabajadores Migrantes de las Naciones Unidas, explicó que merced a la actuación de los consulados de Guatemala en EEUU un 90 por ciento de estos menores se reunieron con familiares suyos en el país norteamericano.

Un cinco por ciento regresaron a Guatemala, también con el propósito de regresar con sus familias, y queda por resolver el caso del 5 por ciento restante (unos 325 menores), a la espera de determinar si se quedarán con parientes en EEUU o volverán a su país.

García Saenz subrayó que entre los casos estudiados también hay niños que llegaron a Estados Unidos sin ningún familiar, que las autoridades norteamericanas trataron según los mismos protocolos que aquellos que entraron en el país con parientes.

El comité de Naciones Unidas, que actualmente revisa el cumplimiento por parte de Guatemala de la Convención para la Protección de Trabajadores Migrantes, emitirá los resultados de esta revisión el próximo 12 de abril.

En la comparecencia de autoridades guatemaltecas, celebrada ayer martes y hoy miércoles, el presidente de la Comisión Presidencial para la Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Jorge Luis Borrayo, documentó que en 2018 18.118 trabajadores guatemaltecos, en su mayoría hombres, fueron reclutados para trabajar en Canadá y EEUU.

También explicó las campañas que Guatemala lleva a cabo para frenar la migración ilegal, que incluyen esfuerzos para reducir la delincuencia y violencia, uno de los motivos que han llevado a ciudadanos de éste y otros países de Centroamérica a integrar las llamadas Caravanas de Migrantes con destino a EEUU.

Uno de los relatores del comité para Guatemala, Álvaro Botero, urgió al Gobierno del país centroamericano a continuar sus esfuerzos por intentar atajar las causas de la migración, proveer con asistencia a aquellos que cruzan el país con este motivo, y asistir a los más vulnerables del colectivo, como mujeres y niños. 


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Los casos de desnutrición aguda en niños guatemaltecos menores de cinco años se incrementaron un 3,7 % en las primeras diez semanas del 2019, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según las estadísticas del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan) divulgadas este lunes, entre el 1 de enero y el 9 de marzo pasado se registraron en el país 2.141 casos.

En el mismo periodo del 2018 la institución registró 2.065 casos de desnutrición aguda, es decir, 76 menos.

Para explicar esta situación, el organismo oficial precisó que en 11 de los 22 departamentos ocurrieron alzas de esta enfermedad, entre ellos Petén (norte), que de 54 casos en 2018 pasó a 117 en 2019, con un incremento de 116,6 %.

Los otros departamentos con incremento de desnutrición aguda son Quiché (noroeste), que pasó de 58 a 97 casos, lo que representó un aumento de 67,2 %; El Progreso (este), de 58 a 97 (58,3 %), y Sacatepéquez (oeste) de 82 a 119 (45,1 %).

La institución da cuenta de que también en Escuintla (sur) se incrementaron los casos de 208 a 286, es decir, un 36,8 %; en Huehuetenango (noroeste) pasaron de 145 en 2018 a 191 en 2019, un 31,7 % más.

Mientras que en el departamento de Chiquimula se incrementaron en 23,3 % al pasar de 73 casos entre el 1 de enero y 9 de marzo de 2018 a 90 en el mismo periodo de este año.

Baja Verapaz (norte) pasó de 53 a 63 casos (18,9 %), Zacapa (este) de 39 a 42 (7,7 %), Guatemala de 246 a 261 (6,1 %) y Suchitepéquez (sur) de 69 a 71 (2,9 % de aumento).

Los otros once departamentos tuvieron descensos que van del 8,9 hasta el 51,7 %.

Pese al aumento de los casos, las muertes se redujeron en 62,5 %, según la Siinsan, que señala que en las primeras diez semanas del año pasado se registraron 8 muertos, mientras que en el mismo periodo del 2019 solo fueron tres.

Las ocho muertes se registraron en Quetzaltenango (2) Alta Verapaz (2) y en Zacapa, Huehuetenango, Sacatepéquez y San Marcos (1), respectivamente; mientras que las tres muertes de este año fueron en Huehuetenango (2) y Alta Verapaz (1).

Si bien la desnutrición en Guatemala ha disminuido del 55 % en 1995 al 46,5 % en 2014-2015, sigue siendo la más alta de América Latina y El Caribe y una de las más elevadas del mundo, superando a la de países con un ingreso per cápita mucho más bajo, como Bangladesh o Etiopía.

Los índices de desnutrición son particularmente elevados entre las poblaciones indígenas guatemaltecas, con un 61 %.

En Guatemala, la prevalencia de la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años ronda el 50 %, una cifra que puede aumentar en el interior del país y en las zonas indígenas, mientras que la obesidad y sobrepeso han ido creciendo.


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El Congreso de Guatemala, que con sus “pactos subyacentes” y las “redes de poder” han distorsionado la “democracia” en el país, forma parte de la “Paradoja del Estado Cooptado” y ejerce su poder con el único fin de buscar impunidad.

Así lo advirtió el informe “Redes ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco”, presentado este miércoles y elaborado por la Fundación Myrna Mack, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el medio de comunicación local “Nómada”.

El documento, que analiza cómo se perpetuó “el poder de los caciques parlamentarios” a pesar de la crisis política de 2015 -que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti-, recuerda que en los comicios de ese año el 52,5 % de los legisladores se mantuvieron en el poder (83 de 158), lo que supone un “repunte histórico en la reelección legislativa”.

“El 65 % corresponde a diputaciones distritales, que interpretamos como un fenómeno denominado redes político-económicas ilícitas”, advierte, y recuerda que las formaciones políticas en Guatemala no han representado “continuidad y estabilidad” y que hay una “fluctuación partidaria” que es “inusualmente alta”, pues ningún partido ha repetido en el ejercicio gubernamental desde 1986.

Para dar a entender la actuación actual del Parlamento, este documento hace especial hincapié en el transfuguismo -cambiarse de partido o bancada impulsados por los intereses personales de ascenso político y reelección-, un hecho que ha formado parte de la “normalidad legislativa”, adquiriendo “las formas de un intercambio electoral-mercantil de doble vía en un sistema político unipolar y clientelar”.

Después de los cambios en las bancadas, el documento señala que las motivaciones subyacentes -“la perpetuidad política y la impunidad”- se expresaron en la oposición a las reformas del sector justicia, al código penal, a la penalización del financiamiento político ilícito o en la reelección de la Junta Directiva del Congreso para los períodos 2018 y 2019.

Estas votaciones muestran, continúa, un “núcleo duro” y un “círculo secundario” de legisladores alrededor de un consenso de facto (pacto) para sostener el statu quo.

El primero, que vota junto en puntos clave, está integrado por 56 legisladores de 9 bancadas distintas -la oficialista FCN-Nación y las aliadas TODOS, Acción Ciudadana, Unión del Cambio Nacional, Partido de Avanzada Nacional y Partido Unionista- y “están mayoritariamente comprometidos con la agenda subyacente a favor del status quo en el espacio legislativo”.

El poder o la motivación de este núcleo radica en FCN-Nación, “un proyecto político-militar”; el Partido Unionista, la familia Arzú que concentra riqueza y poder desde hace tres siglos y que forma parte del “llamado bloque económico hegemónico”-; TODOS, operadores políticos de impunidad; y la “criminalización, corrupción y lobby” de Acción Ciudadana, Unión del Cambio Nacional y Partido de Avanzada Nacional.

“El círculo dinámico del núcleo duro de legisladores es un entramado complejo de actores de poder político, (ex) militar, económico y criminal”, que tiene “nexos sistemáticos hacia los otros poderes del Estado” y que se aprovecha de “una agenda subyacente para sostener el statu quo de impunidad”.

Este núcleo “conducirá la designación legislativa de magistradas y magistrados de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, un proceso crucial que se desarrollará este año de forma paralela a las elecciones generales.

El otro grupo, el círculo secundario, vota junto al núcleo duro del consenso de facto en algunos temas pero “su preocupación primordial es el financiamiento político ilícito” y está integrado por las bancadas de CREO, Encuentro por Guatemala, Fuerza, Movimiento Reformador, Unidad Nacional de la Esperanza, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Visión con Valores, Winaq y legisladores independientes.

“Los pactos subyacentes y las redes de poder en el organismo legislativo han distorsionado la democracia guatemalteca, extendiendo sus alcances e influencias hacia la institucionalidad en casi todo el país”, aseguró el análisis, que pone en duda la legitimidad del Parlamento.

Esto porque en lugar de legislar a favor del bien común puede llegar a “favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho”, lo que se puede llamar “Paradoja del Estado Cooptado”.

En este contexto se desarrollarán el 16 de junio las elecciones generales, en la que buscarán “la perpetuidad de estos entramados de poder”, y el nombramiento de integrantes de las cortes.

“La impunidad es, hoy por hoy, uno de los elementos más disputados en Guatemala. Y sin duda, las redes y estructuras de poder en el espacio legislativo (…) están preparando condiciones para (re)negociar pactos con las personas que serían nombradas” para la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones en octubre con el único fin “de procurarse impunidad”, concluye.


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El Gobierno de Guatemala espera que la repatriación de los restos de 23 migrantes muertos en un accidente de camión en México inicie esta semana, dijo este martes el vicecanciller guatemalteco, Pablo García.

“Esperamos que esta semana se finalicen los trámites para la repatriación de los cuerpos”, dijo García en una conferencia de prensa al terminar la reunión semanal del Gabinete de Gobierno.

El diplomático aclaró que la repatriación de los restos depende de la investigación que tiene en curso México.

“El traslado será determinado conforme se cumplan con los requisitos porque hay un proceso de investigación”, manifestó el vicecanciller, quien agregó que la repatriación de las víctimas se hará conforme las autoridades mexicanas los vayan “liberando”.

García aseguró que los consulados de Guatemala que están cerca del área donde se registró el accidente el pasado jueves están en constante comunicación con las autoridades mexicanas y los familiares de las víctimas.

También indicó que los 32 migrantes guatemaltecos que resultaron heridos en el accidente están siendo monitoreados por los consulados para verificar su estado de salud.

Según el funcionario, se está verificando cuánto tiempo permanecerán en los hospitales para posteriormente también trasladarlos a Guatemala.

El pasado domingo, el Gobierno ofreció su apoyo para la repatriación de los cuerpos a través del consulado en Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano de Chiapas.

El cónsul Osiel Salcedo explicó ese día que la Cancillería guatemalteca cuenta con un programa de apoyo económico para este tipo de casos, el cual se brinda siempre y cuando los familiares de las víctimas lo solicitan.

Según la fiscalía del estado de Chiapas (México), el percance se registró en la carretera Ixtapa-Soyaló, una zona montañosa llena de curvas y caminos mal asfaltados.

Concretamente, los hechos se registraron alrededor de las 18.00 hora local (24.00 GMT) del jueves a la altura del río Bombaná, a cinco kilómetros de la colonia Francisco Sarabia del municipio de Soyaló.

Un camión de carga con al menos a 60 migrantes se volcó en una carretera secundaria, lo que causó la muerte de 25 personas y lesiones a 29, según las primeras cifras oficiales mexicanas corregidas después a 23 fallecidos y 33 lesionados.


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Diferentes organizaciones de turismo de Guatemala pidieron este martes a las autoridades investigar y dar con los responsables de la muerte de la turista británica Catherine Shaw, de 23 años.

“Hacemos un llamado a las autoridades, especialmente a la Fiscalía de delitos Contra Turistas del Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de la Policía Nacional Civil a fin de realizar a la brevedad las investigaciones necesarias para establecer la causa de su muerte”, aseguraron.

El comunicado está firmado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (estatal), la Cámara de Turismo de Guatemala, sus gremiales y filiales; la Asociación de Exportadores de Guatemala, el Buró de Convenciones y la Fundación para la Promoción de la Ciudad de Guatemala, quienes enviaron además el pésame y sus condolencias a la familia.

Shaw, quien había estado viajando durante tres meses y previo a llegar a Guatemala había estado en la ciudad de México, desapareció el pasado lunes en el poblado de San Juan La Laguna y, según la Policía, fue hasta el jueves 7 de marzo cuando su compañera de viaje activó la alerta Isabel Claudina (para mujeres desaparecidas) “luego de no localizarla en el hotel donde se hospedaba”.

El cadáver fue encontrado en un área montañosa del mirador llamado “Nariz del Indio” de San Juan La Laguna, con vista hacia el lago de Atitlán, en el departamento occidental de Sololá.

Las autoridades trabajan para esclarecer la causa de la muerte y las organizaciones del sector turístico, que solicitan mayor vigilancia en las áreas de “afluencia turística”, han pedido que, de comprobarse que fue un asesinato, “aprehendan, juzguen y condenen a los responsables en el menor tiempo posible”.

Según informes de ONUMujeres, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Observatorio de Acoso Callejero y del Ministerio Público, en 2018 fueron asesinadas 794 mujeres en Guatemala, es decir: 2,17 al día. Además, cada 60 minutos se denuncia una violación (casi 24 en un día) y solo el año pasado se registraron 8.694 denuncias.

En la capital del país, casi la totalidad de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual durante su vida y el 87 por ciento asegura que los comentarios de connotación sexual sobre sus cuerpos “no son un halago”.


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Por medio de su red social la aspirante presidencial por el Movimiento Semilla, Thelma Aldana dijo estar lista para escribir una nueva historia en Guatemala.

Pero no lo hará sola, su compañero de fórmula será el economista Jonathan Menkos, juntos forman un equipo para combatir la corrupción.
Este domingo se espera que el Movimiento Semilla realice su asamblea general y ser el punto de partida de una nueva historia en Guatemala, con su mensaje “Estamos Listos”.

Fuente: http://guatemalapolitica.com/?p=3909


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Guatemala registró durante 2018 un total de 8.694 denuncias por violación, 23,82 al día, una cada 60 minutos. Unos datos que reafirman que se trata de uno de los países más peligrosos para las mujeres.

Las estadísticas facilitadas por el Ministerio Público a Efe señalan que en ese mismo año se realizaron 678 acusaciones y hubo 307 sentencias, lo que representa una reducción con respecto a 2017, cuando se contabilizaron 723 acusaciones y 369 sentencias.

Aunque se mantiene en la misma tónica. Igual que las denuncias, que también experimentaron un leve descenso frente a las 8.737 de 2017 o a las 8.795 de 2016, cuando empezó a descender el pico de los últimos diez años, que se registró en 2014 con 10.600.

Y es que en este rango, desde 2009 hasta 2018, el Ministerio Público ha contabilizado 76.537 denuncias, un promedio de 20,96 denuncias cada día.

Solo en 2018, el departamento que más denuncias registró fue el de la capital, Guatemala, con 2.009; seguido Alta Verapaz (679), Huehuetenango (606), Petén (578), Escuintla (540), San Marcos (495), Quiché (458) o Quetzaltenago (450).

Pero la discriminación que sufre la mujer va más allá. Según los últimos datos disponibles la tasa global de empleo es del 41 % frente al 48 en hombres, el trabajo doméstico está feminizado (un 94 % y de ellas un 62 son indígenas), más del 70 no han terminado los estudios de primaria y más del 99 % cobra menos del salario mínimo.

Si la tasa de desempleo en 2017 era del 3,2 %, la cifra en mujeres se eleva al 4,2 frente al 2,6 en hombres, y las que forman parte de la economía informal son el 73 % (un 69 en los varones).

Los últimos datos, dados a conocer por ONU Mujeres, también señalan que la brecha salarial es del 20 por ciento entre hombres y mujeres de 15 años y más, una cifra que se eleva al 42,5 % si se analiza la diferencia entre féminas indígenas y hombres no indígenas.

Sólo cuatro de cada diez créditos otorgados en el sistema bancario son destinados a mujeres y en el ámbito educativo por cada 100 hombres 86 saben leer y escribir y mientras que en las mujeres solo son 76.

Otro de los aspectos que analiza es la participación política. Si en 2015 representaban un 53,9 % del padrón electoral, las mujeres electas fueron de un 13,9 % en el Congreso, un 3 en alcaldías municipales y un 19,4 como concejalas titulares. 


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