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FuentesConfiables.comnoviembre 11, 2018
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Huérfana del mana que representa el moai Hoa Hakananai’a, expuesto en el Museo Británico de Londres, Rapa Nui comenzará el 15 de noviembre una misión diplomática para recuperarlo, si bien voces autorizadas proponen no moverlo y que la galería retribuya económicamente a la isla.

La delegación que viajará a Londres estará encabezada por el presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, Carlos Edmunds Paoa, y por el ministro de Bienes Nacionales de Chile, Felipe Ward, quien entiende que el sentir mayoritario del territorio insular es recuperar el moai.

El Hoa Hakananaiʻa es un moai (estatua de piedra monolítica) construido en la Isla de Pascua, en Chile que desde 1869 se encuentra expuesto en el Museo Británico de Londres.

Este moái estaba situado originariamente al interior de una vivienda ceremonial del centro ceremonial llamado Orongo, en la Isla de Pascua, pero el 7 de noviembre de 1868 fue robado y trasladado al barco inglés HMS Topaze, capitaneado por Richard Ashmore Powell, que posteriormente lo trasladó a Inglaterra, desembarcando en el puerto de Portsmouth, el 25 de agosto de 1869.

La Reina Victoria de Inglaterra lo donó al Museo Británico de Londres, donde se encuentra expuesto de forma permanente.

 


FuentesConfiables.comoctubre 30, 2018
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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció hoy que hará cambios en el sistema privado de salud, dominado por las Isapres (Instituciones de Salud Privada), a las que están afiliados cerca del 20 % de los habitantes del país.

Piñera se comprometió a “eliminar” las preexistencias y las carencias, mecanismos que utilizan las Isapres para negar coberturas médicas o poner trabas a la movilidad de los afiliados entre las empresas del sistema.

“Lo importante es que las personas van a poder tener la libertad de cambiarse de Isapre y no van a estar restringidas por las preexistencias ni las carencias”, dijo el mandatario en declaraciones a la prensa.

Las Isapres niegan la afiliación de personas con enfermedades previas con el argumento de la preexistencia de esos problemas de salud.

Tampoco permiten muchas veces que mujeres embarazadas se beneficien de la cobertura médica si no se afiliaron a la Isapre con varios meses de antigüedad.

Piñera destacó que la intención del Ejecutivo es que las personas puedan “cambiarse libremente” de una Isapre a otra y no estén “cautivas” en una sola empresa.

También se creará un “sistema de compensación” entre las Isapres para asegurar una repartición equilibrada de los afiliados entre las empresas del sistema.

Las Isapres se financian con la cotización mínima obligatoria del 7 % del sueldo de los afiliados, porcentaje que muchas veces es superior.

La tarifa se calcula en función del “riesgo” de los afiliados, lo que hace que las mujeres en edad fértil, los niños menores de dos años y los ancianos sean los que más pagan.

El sistema privado de salud está fuertemente cuestionado desde hace años por los millonarios beneficios que tienen las Isapres y la discriminación hacia algunos grupos de la población.


FuentesConfiables.comoctubre 16, 2018
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A pesar del fallo del Tribunal de La Haya en favor de Chile, existen controversias fronterizas y territoriales sin resolver, vigentes, producto de la guerra del Pacífico. Momento histórico que determina el alcance y significado de las relaciones geopolíticas presentes de Perú, Bolivia y Chile.

Además de ser el conflicto bélico la guerra del Pacífico entre los países suramericanos más importante del último siglo y medio –junto a la guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia con Paraguay- es la que proyecta sus consecuencias, aún hoy, de una manera mucho más visible que cualquier otra. De hecho, la compleja relación entre Perú, Bolivia y Chile no se entiende sin comprender cómo afecta esta guerra tanto al relato nacional de los tres países como a la interpretación geopolítica de una región, ya de por sí enfrentada por códigos geopolíticos dispares.

La guerra del Pacífico transcurre entre 1879 y 1884 y ofrece muy diferentes lecturas en función del relato nacional de cada uno de los tres actores involucrados. Inicialmente, la casus belli fue la subida de impuestos a la compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de Bolivia sobre Chile, y que vulneraba los acuerdos que estos dos países habían suscrito en 1866 y en 1874. Sin embargo, en la lectura del origen de la guerra, en Bolivia y Perú predomina la convicción de que la misma es más bien consecuencia del afán expansionista chileno, del cual ya se apreciaban proyecciones sobre el territorio de disputa, entre los paralelos 23° y 25° sur, desde el año 1842. Algo que también había afectado a las relaciones de Chile con Argentina, con motivo de la disputa por la Patagonia, con una extensión aproximada de un millón de kilómetros cuadrados.

Chile, con una lectura más ceñida al inmediatismo de los acontecimientos, arguye que la guerra era un callejón sin salida, en la medida en que los intentos diplomáticos por contener una posible escalada bélica fueron dinamitados por el entonces mandatario boliviano, Hilarión Daza –que además expulsó y embargó bienes a miles de chilenos residentes en Bolivia- y a lo que se sumaba la existencia de un tratado secreto, suscrito entre 1873, entre Bolivia y Perú, que albergaba el compromiso de asistencia militar recíproca de los aliados andinos frente al vecino del sur.

De lo que no hay duda entre los relatos historiográficos de la guerra del Pacífico, ya sea de Bolivia, Perú o Chile, es que el conflicto se resolvería, más pronto que tarde, del lado chileno. Los chilenos disponían para sí de una relación cívico-militar sin fisuras, de una gran capacidad de movilización de recursos, que llegó a aglutinar a 60.000 efectivos en apenas seis años, y a lo que había que añadir ventajas tecnológicas como una Armada más poderosa –entre la que destacaban las fragatas Cochrane y Blanco Encalada, las corbetas Esmeralda y Chacabuco o la cañonera Magallanes–además del uso del cañón de retrocarga o el fusil de repetición. Todos, elementos que le confirieron una ventaja de gran valor en el combate cuerpo a cuerpo. Además, Perú y Bolivia llegaban lastrados por multitud de fracturas y por un altísimo rezago económico e institucional que desembocarían en una guerra casi sin resistencia. Bolivia sería derrotada en apenas un año y Perú, aun cuando mantendría activas durante años las resistencias milicianas andinas, sería igualmente derrotado y afectado, sobre todo, por la ocupación de las tropas chilenas sobre la capital limeña durante más de tres años.

Como es de esperar, un punto de fricción entre los tres países se aprecia en cómo se inscribe la guerra del Pacífico en el relato nacional. En el caso de Perú, la derrota supone la pérdida inicial de los territorios de Arica y Tacna –que en Perú son conocidas como las “provincias cautivas”- si bien, a cambio, de este conflicto nacieron los nombres de los héroes de la patria peruana: Miguel Grau, Francisco Bolognesi o Andrés Avelino Cáceres. Todos ellos militares protagonistas de la defensa de la causa peruana que se convirtieron en los nombres de referencia que forjan la idea de nación y pasarán a estar presentes en todos los himnos, imágenes y símbolos patrios.

De otro lado, en Bolivia la guerra del Pacífico es la herida abierta, producto de la traición chilena que despoja a Bolivia de la región de Antofagasta y de la salida al Pacífico, y le obliga a capitular en un acuerdo hiriente para su esencia como nación, a inicios de abril de 1884. Así, cuando se dialoga con el alto mando militar boliviano –este trabajo es producto de varias entrevistas en profundidad a altos mandos de los Ejércitos de Chile, Bolivia y Perú- palabras tales como “traición”, “puñalada”, “abuso” o “injusticia” aparecen una y otra vez para recordar que la guerra del Pacífico está vigente, influye de manera directa en cómo se percibe al vecino austral y alienta el fervor nacional, presente desde las escuelas.

Por otro lado, para Chile no es más que la consecuencia estricta de un conflicto motivado por la enemistad boliviana, que es la razón primera de la guerra, y cuyas consecuencias no solo fueron aceptadas tras la suscripción del tratado de Ancón con Perú y el acuerdo con Bolivia, sino que después fueron ratificadas en 1904 y en 1929, de manera que no se entienden las reivindicaciones actuales de ambos países con respecto a Chile.

Y es que, aún hoy, y a pesar del fallo del Tribunal de La Haya en favor de Chile, existen controversias fronterizas y territoriales sin resolver, vigentes, producto de la guerra del Pacífico. Por un lado, con Perú hay una reclamación por un pequeño triángulo terrestre, de tres kilómetros de extensión, y que afecta al hito fronterizo número 1 con lo que se conoce como “Punto de Concordia” o “Punto 266”. Mientras, con Bolivia sigue presente la reivindicación de una salida al litoral Pacífico. Algo que se estima que afectaría, aproximadamente, a un 1,5% del PIBnacional anual boliviano y que Chile desmiente, ya que considera que la colaboración portuaria con un derecho de tránsito que mantiene en Arica y Antofagasta le cuesta al país cerca de 100 millones de dólares anuales.

La relación a tres presenta difíciles visos de resolverse de modo mutuamente satisfactorio, en especial, en lo que respecta a Bolivia y Chile. Más allá de los escenarios de diálogo existentes, Bolivia sigue reivindicando un marco negociador que integre intercambios cooperativos por parte de Chile. Algo que, sin embargo, a tenor del espaldarazo del fallo de La Haya, difícilmente se va a dar. Entre Perú y Bolivia, en el marco de la Comunidad Andina, y entre Perú y Chile, en la Alianza del Pacífico, las relaciones son estables, positivas y marcan una buena vecindad. Algo que contrasta con las relaciones entre Bolivia y Chile, las cuales continúan muy deterioradas y, ahora mismo sin representación diplomática.

El fallo de La Haya albergaba alguna posibilidad para Bolivia, que instaba a negociar un nuevo acuerdo satisfactorio para sus intereses, aunque también es cierto que, de haber resultado condenatorio para Chile, difícilmente hubiera cabido esperar la aceptación del mismo y una renegociación del reparto territorial sobre el Pacífico sur. Con un resultado de 12 votos a favor y 3 en contra, Chile ha obtenido una gran victoria diplomática, pues el fallo confiere plena validez a lo acordado en 1904 y cierra la vía a una futura negociación que, en el fondo, era lo que solicitaba la demanda boliviana. Una demanda que en ningún momento exigió ni la devolución de tierras ni la anulación del acuerdo previo, sino que solo instaba a una negociación de buena fe con vistas a lograr soberanía marítima y territorial sobre parte de lo perdido en la guerra del Pacífico y, por extensión, trascendiendo del mero derecho de tránsito que dispone en la actualidad. En definitiva, al no tratarse de una controversia territorial en sentido estricto y no haber cláusulas que amparen una renegociación, he ahí el fundamento jurídico en el que se ha inspirado el Tribunal para fallar en favor de Chile.

Las consecuencias de todo lo anterior gravitan en torno a una manera conflictiva de entender las relaciones entre vecinos. Si bien en Perú y Bolivia se sigue considerando la necesidad de revisar las consecuencias de la guerra del Pacífico, en el caso de Chile se entiende como seguir mirando atrás de manera innecesaria, a costa de limitar las proyecciones futuras de una buena vecindad. Respaldada la causa chilena, es difícil pensar en un arreglo tripartito futuro, lo cual invita a pensar en una relación tensa entre Chile y Bolivia, por un lado, y en una confluencia de códigos geopolíticos que seguirán sustantivados por el recelo, la desconfianza y la relativa distancia. A nivel interno, muy posiblemente, y aun cuando Bolivia seguirá utilizando esta cuestión para alimentar el sentimiento nacional y justificar la rivalidad con Chile, hay que ver cómo le puede pasar factura a Evo Morales en el marco de las elecciones presidenciales de enero de 2019. Especialmente, a tenor del fuerte compromiso que adquirió el presidente en el proceso de elevar la reclamación ante La Haya.

En conclusión, he aquí una buena muestra de cómo las guerras, los relatos, sus consecuencias y las prácticas y discursos que gravitan en torno a los hechos, marcan, no solo las lecturas e interpretaciones del pasado, sino que, igualmente, proyectan sobre los imaginarios impresiones y narrativas que determinan el alcance y significado de las relaciones geopolíticas presentes que, por cierto, resultan igualmente extensibles a otros escenarios de la región andina o Centroamérica. Quizá, haya algo en todo esto que explique por qué sigue tan fracturado, aún hoy, el escenario de la integración regional latinoamericana.

Fuente: Esglobal.


FuentesConfiables.comoctubre 8, 2018
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5min1540

El Salvador (47 %), México (43 %) y Chile (42 %) son los países con la mayor proporción de personas felices de América Latina, según un barómetro difundido hoy por Sura.
El informe señala además que el porcentaje de personas que se sienten felices frente a las que declaran lo contrario es el mismo en Colombia (37 %).
En tanto, en Perú el porcentaje de personas felices alcanza el 35 %; y en Uruguay un 30 %, mientras que fuera de América Latina, en Estados Unidos, el 32 % de los encuestados se considera feliz.

Y en España la cifra de personas felices se reduce hasta el 28 %, se precisa en el informe para el cual se consultaron a 17.000 personas en ocho mercados, un 53 % mujeres y un 47 % hombres.

En cuanto al sentimiento de infelicidad, detalla que tres de cada 10 salvadoreños contestaron que no se sienten felices, misma cantidad que los chilenos.

Asimismo, expresaron un sentimiento de infelicidad un tercio de los mexicanos y aproximadamente cuatro de cada 10 uruguayos.

En Estados Unidos un 36 % no se declara feliz mientras en España ese porcentaje aumenta a 41 %.

De otra parte, se explica que la mitad de las personas mayores de 55 años se declaran muy felices en Latinoamérica, una cantidad que baja a un 41 % en las personas de entre 36 y 54 años, y hasta el 31 % en las personas entre 18 a 35 años.

En Estados Unidos, los mayores de 55 años también son las más felices, aunque en menor porcentaje (37 %), que se reduce al 35 % en los que tienen entre 36 y 54 años, y desciende un cuarto en las personas entre 18 y 35.

En ese sentido, son las personas pertenecientes a la franja más joven (18-35) quienes se declaran menos felices en América Latina (42 %), una situación que comparten un tercio de los que tienen entre 38 y 54 años, y suma un cuarto de los mayores de 55 años.

En EE.UU. se repite la situación, ya que la infelicidad afecta a la mitad de los jóvenes, a tres de cada 10 adultos y a un 28 % de los mayores.

En España, los porcentajes de los más felices son muy similares respecto de la edad: igual en un 27 % para los menores y los de edad intermedia, mientras que un 29 % de los mayores de 55 años.

En la vereda contraria (infelicidad), también los porcentajes casi se repiten: un 40 % para los jóvenes y un 41 % para la edad intermedia y los mayores.

Otro de los apartados del estudio marcó la percepción de felicidad futura.

En Latinoamérica casi seis de cada 10 considera que va a ser “muy feliz”, siendo que el 21 % piensa lo contrario.

En esta temática, entre los encuestados de Estados Unidos el porcentaje alcanza al 56 % de los que piensa que serán muy felices, frente a un 20 % que piensa lo contrario.

En España, la percepción de la felicidad futura alcanza el 42 % frente al 31 % de los que creen serán infelices.

A la pregunta de cómo consideran su nivel de bienestar, entendiéndolo como el equilibrio entre “la salud física y mental, emocional y financiera”, en El Salvador alcanza el 39 %, México y Colombia 35 %, Chile 33 %, Perú 29 % y Uruguay un 26 %.

En Estados Unidos, el porcentaje alcanza al 29 % y en España el 27 %.

A la consulta de qué es importante para lograr una vida feliz, las mujeres latinoamericanas aluden a las relaciones de pareja y familiares, mientras que los hombres mencionan más el bienestar económico y laboral.


FuentesConfiables.comoctubre 3, 2018
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La defensa legal de los familiares de las víctimas de abusos del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), a quien hoy la Justicia peruana retiró el indulto, calificaron el hecho como “un acto de justicia”.

“Nosotros estamos satisfechos de la resolución, que es un acto de justicia. Lo que había pasado es que habían realizado un acto de impunidad que afectaba los derechos de las víctimas y creemos que con esta resolución nuevamente se restablece la justicia”, dijo a Efe la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y defensa legal de las víctimas de Fujimori.

Asimismo señaló que el indulto otorgado a Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en diciembre pasado, en medio de críticas que señalaban una motivación política, era “un agraviante contrario a los derechos de las víctimas y a la Convención Americana de Derechos Humanos” y que ponía al Perú “en una situación de impunidad de graves violaciones a los derechos humanos”.

En esa línea, el también abogado de las víctimas Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), expresó que la resolución del magistrado Hugo Núñez Julca, que anula el indulto a Fujimori, “restablece el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas de Barios Altos y La Cantuta”.

El magistrado Hugo Núñez Julca, del juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema consideró hoy fundada una petición civil para que no se aplique el indulto humanitario que Fujimori recibió en diciembre pasado.

Además establece la “ubicación y captura” del expresidente para que “sea reingresado al establecimiento penitenciario”.

Si bien la defensa de Fujimori señaló hoy que apelará la anulación del indulto, la abogada Gloria Cano dijo estar confiada en que una segunda instancia “tendrá los mismos criterios que los de Núñez Julca”.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, respectivamente, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en abril de 1992.


FuentesConfiables.comoctubre 3, 2018

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Un juzgado civil de Santiago de Chile acogió una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y como medida precautoria congeló los bienes legados por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) a su familia, por un monto equivalente a 16,24 millones de dólares, confirmaron hoy fuentes judiciales.

La solicitud fue presentada por el CDE la semana pasada con el fin de mantener inmovilizados bienes y depósitos bancarios no incluidos en un fallo del pasado 24 de agosto de la Corte Suprema, que ordenó decomisar bienes por 1,62 millones de dólares pertenecientes a Pinochet.

También el máximo tribunal chileno condenó a tres militares retirados por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado “caso Riggs”, pero no ordenó el decomiso por la totalidad del monto investigado, que llegaba a 17,86 millones de dólares.

La medida solicitada por el CDE fue acogida por la jueza Carolina Ramírez, del séptimo juzgado civil de Santiago, y afecta a 16 herederos de Pinochet, incluidos su viuda, Lucía Hiriart, sus hijos, Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio, a doce nietos y cinco bisnietos.

El CDE estimó que el decomiso debe ser por la totalidad del patrimonio “mal habido” por Pinochet, sobre la base del propio fallo de la Corte Suprema que señala que sus herederos “son adquirentes de mala fe y no podían menos que conocer el origen delictivo de tales bienes”.

El dictamen de la jueza Ramírez considera “plausible” la solicitud del CDE y señala que los efectos del decomiso podrían frustrarse “de no mediar medidas que aseguren los bienes objeto de la acción”.

Por ello, prohibió la celebración de contratos y otros actos sobre 23 propiedades situadas en las regiones Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Tarapacá (norte) y Los Ríos (sur), entre las que figuran parcelas, departamentos, bodegas y un fundo, además de tres vehículos.

También quedaron congeladas tres cuentas bancarias en el Banco de Chile (una con 2,5 millones de dólares; otra con 7.997 dólares y la tercera con 1,35 millones dólares); una cuenta del BancoEstado por 952.851 dólares y tres cuentas del Banco de Boston (actualmente Itaú), que suman 124.566.242 pesos chilenos (unos 188.736 dólares al cambio actual).

De acuerdo con el CDE, los bienes fueron obtenidos a través de empresas ficticias en las que Pinochet figuraba con nombres falsos.

En 2010 un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable.

La investigación del caso Riggs se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.

Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el caso Riggs por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.

Pinochet legó el 51,8 % de sus bienes a su esposa Lucía Hiriart, en tanto que cada uno de sus cinco hijos recibiría un 7,14 % del patrimonio, mientras doce de sus 25 nietos y cinco bisnietos se repartirían el 12,5 % restante, en distintas proporciones.


FuentesConfiables.comoctubre 2, 2018
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2min1150
El presidente chileno, Sebastián Piñera, se reunirá con el Papa en el Vaticano, con el escándalo por abusos sexuales que ha sacudido a la Iglesia Católica en la nación suramericana.

La Santa Sede ha informado este martes que Francisco recibirá a Piñera a las 10.00 horas del 13 de octubre, algo que la Presidencia chilena se ha limitado a confirmar, de acuerdo con la prensa local.

La cita se enmarca en la crisis que atraviesa la Iglesia chilena por las denuncias de abusos sexuales por parte de miembros del clero a laicos. El Papa ya ha aceptado la renuncia de siete de los 34 obispos chilenos que estarían implicados. En total, hay 167 imputados y 178 víctimas identificadas.

“El Papa ha dado muestras y señales concretas de que la Iglesia en nuestro país tiene que cambiar desde la misericordia y establecer que el ‘nunca más’ es parte de la Iglesia. Esas señales el Papa Francisco las está dando”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, interrogada por este asunto.

Piñera, que parará en el Vaticano como parte de una gira europea que arrancará el viernes, ya dijo el pasado mes de septiembre que la Iglesia “sabe mejor que nadie que se equivocó”.


FuentesConfiables.comoctubre 1, 2018
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La iglesia chilena se disculpó por la publicación en su sitio de internet por un manual dirigido a sacerdotes en el que alertaba contra “tocar los genitales” o “dormir” con niños, en momentos que la institución enfrenta un creciente número de denuncias por abusos sexuales contra menores.

El documento “Orientaciones que fomentan el Buen Trato y la Sana Convivencia Pastoral” fue publicado el jueves en el sitio web del arzobispado de Santiago pero retirado al día siguiente, en la misma jornada en que el Vaticano expulsó del sacerdocio al cura Fernando Karadima por abusos sexuales.

“Hemos pedido perdón. Ahí hay errores, quizás parte de nuestro error es que nosotros quisimos traer cosas de otras culturas”, dijo el domingo el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Roncagliolo, citado en la página del arzobispado.

Roncagliolo añadió que el documento será revisado “especialmente en algunos aspectos para decir con palabras muy nuestras lo que es delito es delito, lo que es crimen es crimen”.

El arzobispado señaló que el documento había sido elaborado según estándares internacionales y que “se corregirán ciertos contenidos que fueron traducidos en forma literal y que no son adecuados, o que se prestan para interpretaciones incorrectas”.

La iglesia chilena señaló también que se trataba de un documento de trabajo que debía ser perfeccionado antes de entrar en vigencia a partir de abril de 2019.

De acuerdo al documento, que sigue provocando intensos debates en las redes sociales y la prensa chilena, son “inapropiadas” expresiones de afecto “que el niño no acepta y rechaza”, como “abrazos demasiado apretados” o “dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales”.

El texto, replicado ampliamente en la prensa, advertía además contra “recostarse o dormir junto a niños, niñas o adolescentes. Dar masajes”, así como “besar en la boca a los niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables”.


FuentesConfiables.comseptiembre 24, 2018
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Los gobiernos de Chile y México rechazaron las insinuaciones de Venezuela de que diplomáticos de ambos países y Colombia habrían colaborado con opositores a Nicolás Maduro en un ataque con drones en un acto presidido por el mandatario, señalamientos en los que Caracas insistió.

Los tres países refutaron las palabras del domingo del ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y dijeron que seguirán apoyando una solución negociada a la crisis que vive la nación miembro de la OPEP y que ha provocado el éxodo de miles de venezolanos.

En la víspera, Rodríguez solicitó a los tres países aclarar su “posible participación en apoyo” a personas que han sido vinculadas al caso de aparatos que estallaron en agosto durante una parada militar en honor a la Guardia Nacional.

El lunes por la noche el presidente Maduro ratificó sus denuncias y dijo que “hay gobiernos como el de Chile que está embarrado, embarrado, bien embarrado en esta operación”.

“Cada vez aparecen más elementos de sectores del gobierno chileno de derecha de Sebastián Piñera involucrados y embarrados en esta, en esta operación”, agregó Maduro en declaraciones a la televisión estatal.

El mandatario apuntó que algunos de los detenidos aseguraron que recibieron apoyo de venezolanos radicados en Colombia y que a su vez éstos contaban con apoyo de militares y de la inteligencia colombiana, pero no ofreció detalles.

Tras los comentarios de Rodríguez, la cancillería chilena citó a un funcionario de la embajada venezolana para expresar “de la forma más enérgica el rechazo (…) a las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del gobierno de Nicolás Maduro”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero.

En tanto, la cancillería mexicana dijo que citó a la embajadora venezolana María Lourdes Urbaneja para entregarle una nota de rechazo a las acusaciones de Caracas, que volvió a calificar de “infundadas”. También destacó “que los diplomáticos mexicanos en todo momento han actuado conforme al derecho internacional y la Convención de Viena”.

Previamente, la cancillería venezolana había afirmado en su cuenta de Twitter que los señalamientos de Rodríguez “son el resultado de una rigurosa investigación y fueron realizados por varios de los detenidos implicados” en los sucesos de agosto.

Al anunciar la captura de otras tres personas vinculadas al estallido de los drones, el ministro presentó un video en el que uno de los detenidos, Henryberth Rivas, dice que para salir del país otro de los involucrados en el caso le sugirió buscar a personas en la embajada de Chile, Colombia y México, pero no dio detalles.

El funcionario dijo que Maduro probablemente pediría al canciller Jorge Arreaza hablar con representantes diplomáticos de los tres países en Caracas para que “aclaren”, porque “no hay inmunidad diplomática en caso de encubrimiento de terroristas”.

Desde Santiago consideraron de la más “alta gravedad” las amenazas del Gobierno de Maduro en torno a desconocer la inmunidad diplomática de la embajada chilena en Caracas, más aún cuando actualmente hay opositores en la representación.

“Chile rechaza las acusaciones calumniosas del gobierno de Venezuela, que no tiene credibilidad para intentar con éxito maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país”, dijo Ampuero a periodistas.

ACUSACIÓN EN CORTE INTERNACIONAL

La nota de protesta de Chile se conoce la misma semana en que el presidente Piñera y el de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán para tratar la situación de Venezuela.

Los líderes de ambos países esperan discutir “los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela”, dijo la Casa Blanca en un comunicado la semana pasada.

En un anticipo de ese encuentro en Washington, el canciller chileno confirmó que algunos países de la región trabajan en la presentación de una posible acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

“Efectivamente, estamos acercándonos hacia la presentación de documentos que han investigado la situación de los Derechos Humanos en Venezuela para que sean entregados a la Corte Penal Internacional”, dijo Ampuero sin dar más detalles.


FuentesConfiables.comseptiembre 22, 2018
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Al menos siete personas resultaron intoxicadas en las últimas horas en la zona industrial de Quintero-Puchuncaví, en un nuevo episodio de contaminación ambiental que mantiene hoy en alerta a las autoridades chilenas.

Pese a que el gobierno levantó la “alerta amarilla”, por lo que el próximo lunes los niños y jóvenes deben retornar a los colegios de la zona, al menos siete personas llegaron a centros asistenciales aquejadas de malestares físicos.

El secretario regional ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez, confirmó siete nuevos casos que presentaron “sintomatología compatible a intoxicación”, la misma que tuvieron hace unos días más de 600 personas en medio de la crisis ambiental en esa zona.

Radioemisoras locales precisaron que se trata de cinco personas afectadas por primera vez, y dos que ya habían presentado síntomas con anterioridad, aunque los habitantes de Quintero y Puchuncaví, en la provincia de Valparaíso, aseguran que los intoxicados son al menos 13.

Las autoridades levantaron la “alerta amarilla” porque en el lapso de una semana no se registraron altos niveles de contaminación atmosférica ni consultas médicas por intoxicación.

Los habitantes de Quintero y Puchuncaví pidieron al gobierno que se decrete una “emergencia sanitaria”, y se detenga la operación de las 16 empresas del cordón industrial cuando las condiciones de ventilación sean adversas y los contaminantes bajen al nivel del suelo.



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